Frustración y resentimiento: motores de la locura de la Casa Blanca contra la soberanía petrolera de Venezuela

Manuel Gragirena

Hace días vi un TikTok donde Stephen Miller, Subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca y Asesor de Seguridad Nacional del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, dijo que la nacionalización del petróleo ejecutada en 1976 fue el «mayor robo de la historia estadounidense». De inmediato recordé una mañana de agosto de 1975; yo tenía 12 años y eran vacaciones escolares. Papá conducía un Jeep CJ-5 con «mocha» (doble tracción), subiendo una muy empinada cuesta por una carretera de tierra mientras conversaba con González, uno de los operadores de la estación de televisión. En esa época, las estaciones de radio y televisión todavía requerían operadores de guardia. El tema de conversación era la noticia del día: la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de ley para la nacionalización de las industrias petroleras extranjeras que operaban en Venezuela.

Mi papá, con un tono muy jocoso, comentaba la intervención de Luis Beltrán Prieto Figueroa, senador de la República, quien dijo que la nacionalización del petróleo era «chucuta y mal embarazada». Lo de «chucuta» más o menos lo entendí, pues algo chucuto es algo incompleto; pero lo de «mal embarazada» requirió de una explicación que implicó términos como concepción y parto, para luego comparar las expresiones «mal concebido» y «malparido».

El maestro Prieto alegó que la nacionalización era un engaño. Chucuta, porque mantenía convenios para el control de las transnacionales; y mal concebida porque, además de obligar a Venezuela a pagar una indemnización por equipos ya amortizados y obsoletos, mantenía el capital accionario transnacional. Esto último, años después, se elevó en algunas asociaciones mixtas (pues jamás quisieron llamarlas «empresas») al 51% de las acciones, otorgándoles el control administrativo y operativo.

Esa frase quedó allí para la historia y, por su jocosidad, permeó en el país hasta que el presidente Chávez, con la nueva Ley de Hidrocarburos del año 2001, «enmendó lo chucuto» y estableció que el Estado venezolano debe tener siempre el 51% o más de cualquier empresa o asociación, además de fijar una regalía no menor al 30% (en lugar del máximo de 16% establecido en la ley de 1976); a todas luces, una concepción correcta.

En los años 90 cundía el «virus privatizador» y el país estaba agobiado por la deuda externa —»deuda eterna», la llamaban—. Tal era la desesperación por mantener el gasto público con divisas petroleras («vivir de la renta» o «rentismo»), que el gobierno de Venezuela optó por aplicar un relajamiento de la ley de 1976 y, juntando tres mentiras, aplicó la política de «Apertura Petrolera», en la que se formaron asociaciones estratégicas entre PDVSA y empresas privadas en las que la República tenía una participación accionaria menor al 50%, otorgando el control administrativo a los socios mayoritarios y reduciendo la regalía según la dificultad de extracción del crudo.

La primera mentira era que muchos pozos estaban agotados y requerían inversiones imposibles. Hubo casos donde, con tan solo volver a taladrar o «cañonear», el pozo manaba solo. La segunda era que el factor de recobro era pésimo; es decir, aunque había petróleo, era casi imposible extraerlo. Esta narrativa alejaba a inversionistas honestos, mientras que los actores con información privilegiada alegaban mínimas ganancias para que la base imponible del Impuesto Sobre la Renta se redujera a casi cero.

La tercera y más vergonzosa mentira fue la que nos hizo aceptar por más de 30 años que lo que había al norte del río Orinoco no era petróleo, sino bitumen. Vi muchos libros de texto escolar donde la zona se denominaba «Faja Bituminosa del Orinoco» y hasta había una cuña de TV en donde se mostraba como un extraordinario logro científico-técnico la transformación del bitumen en un producto denominado «Orimulsión» (una especie de «mayonesa negra», petróleo pesado emulsionado con agua para sustituir al carbón) para venderlo al precio de carbón (la cuarta parte del precio del petróleo, o menos). Con el cuento del bitumen, los que tenían información privilegiada evitaban competidores y lograban que la regalía bajara a menos del 1%.

El mismo presidente Chávez, en su primer viaje a China en 1999, fue a vender Orimulsión y allá, en China, le informaron que esa emulsión era petróleo, y muy buen petróleo, pues de él se podían obtener más derivados que del liviano. Recuerdo a Chávez en el año 2000 ordenando el cierre de Bitor y trayendo a los chinos a certificar las reservas. El resultado de semejante revelación fue la Ley de 2001 y la designación directa de la directiva de PDVSA… lo demás ya lo sabemos.

El petróleo no es una mercancía cualquiera; es energía densa y escasa. Mientras Estados Unidos agota sus reservas de esquisto (shale oil) a un ritmo acelerado, la tesis de que Venezuela debe vender su crudo hoy mismo porque pronto será desplazado por energías limpias resulta absolutamente infantil. Los derivados del petróleo no son reemplazables con prontitud ni facilidad; actualmente, no existe un combustible que supere la economía, el poder energético y la portabilidad de la gasolina, el gasoil y el querosene.

Miren, para reemplazar el combustible de aviación comercial actual por uno de origen vegetal, habría que destinar una superficie equivalente a Europa para monocultivos. Un litro de gasolina produce casi 10 kWh de energía. De manera pues que con un litro es posible alimentar 10 aires acondicionados de 12,000 BTU durante una hora mediante una planta eléctrica a gasolina. Para alimentar esa misma carga utilizando baterías de litio, se necesitaría un arreglo de 20 baterías, inversores de alta gama y unos 40 metros cuadrados de paneles solares bajo un sol guayanés.

El poder de la gasolina es increíble. A modo de anécdota, con el volumen de gasolina que cabe en el depósito de un carburador de un camión Ford 750 (similar a un vasito de café expreso), es posible hacer subir al camión cargado con arena húmeda por una cuesta de 100 metros. Yo lo he visto.

Históricamente, Simón Bolívar en 1829 decretó que las minas pertenecían a la Nación, revirtiendo la Ordenanza de España de 1783. Tal decreto define claramente nuestra idiosincrasia nacionalista y de allí parte la concepción colectiva de la República. Observemos cómo Bolívar nacionalizó los recursos mineros en lugar de decretar que pertenecían al dueño del suelo, como sucede todavía en los EE. UU. Según las leyes de Texas y otros estados, el propietario de una parcela es dueño de todo cuanto existe, desde los cielos hasta el centro de la tierra; una concepción individualista que raya en lo inviable y hasta en lo abominable, pues el planeta no debería ser propiedad absoluta de un simple mortal. Imaginemos por un instante que en Venezuela una persona fuese dueña del petróleo debajo de su finca: lo más seguro es que ya no tendría propiedad alguna. El capital internacional mafioso se la habría arrebatado mediante la extorsión, que es algo muy distinto a la expropiación estatal.

Otro hito importante es el dejado por el presidente Isaías Medina Angarita en 1943, cuando logró poner fecha de finalización a las concesiones cedidas por Juan Vicente Gómez. A través de la Ley de Reforma Petrolera se estableció no otorgar más concesiones y revertir las otorgadas para el año 1983. Ponerle fecha de caducidad a estas concesiones le costó un golpe de Estado en 1945, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial.

A Carlos Andrés Pérez, entre 1974 y 1978, le tocó vivir la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods y el nacimiento del petrodólar, circunstancias que trajeron una efímera bonanza de «nuevo rico». Esa cultura condujo a nacionalizar en 1976 pagando indemnizaciones en lugar de esperar hasta 1983 para la extinción natural de las concesiones. Con tanto dinero ingresando, pareció absurdo esperar siete años para tomar el control formal.

Finalmente, la llegada al poder de Hugo Chávez, además de «enmendar lo chucuto», volvió a «embarazar» la situación. Resolvió un dilema internacional que hacía ver a Venezuela como el malo de la película, pues la responsabilidad de las alzas del precio del petróleo —y por ende de la gasolina— se les adjudicaba a los países productores. La verdad verdadera, e invito a revisar, es que el precio de venta del crudo extraído por PDVSA era menor al de producción; es decir, se producía a pérdidas.

Al Gobierno de Chávez, además del hito de certificar a la Faja Petrolífera del Orinoco como la reserva más grande del mundo, también hay que reconocerle otras tres acciones contundentes: la creación del Acuerdo Energético de Caracas para vender directamente a los países del Caribe sin intermediarios; la convocatoria a la reunión de jefes de Estado de la OPEP en Caracas para que el precio lo fijara el productor y no el comprador; y la recuperación de la unidad interna de la organización y la vinculación con los llamados productores «No-OPEP».

Ha sido por boca de Stephen Miller que el mundo se ha enterado de la frustración, la desesperación y el resentimiento estadounidense. Todo indica que ya no pueden utilizar mentiras o narrativas para amedrentar, y tampoco están dispuestos a emitir dólares para pagar el petróleo a precios internacionales. Han pasado 80 años desde que la oposición a Medina se prestó para sacarlo del juego político venerando a los gringos vencedores de alemanes y japoneses. Han pasado 50 años desde que una ley chucuta y mal embarazada todavía causa frustración a los gringos, y van 25 años de una Ley de Hidrocarburos que ha puesto a cinco presidentes de los EE. UU. a reinventar estrategias derrocadoras. Se han quedado cortos con Venezuela; no han podido. Están frustrados, saben que se les agota el petróleo, saben que no pueden seguir dominando al mundo mediante el petrodólar y también saben que ya no son los más fuertes ni en lo militar ni en lo económico. Se han quitado la careta y se les va la lengua revelando sus verdaderas intenciones, lo cual los hace muy peligrosos, pues la frustración y la desesperación son motores de la locura.