Horacio Duque
El imperio y su parafernalia bélica está plenamente instalado con todo su musculo armamentístico en la cuenca del Caribe y, específicamente, frente a las Costas de Venezuela. Ese imperio, que está en declive y dando coletazos, se ha planteado asaltar a la República Bolivariana de Venezuela y a su gobierno con el pretexto de la tal guerra contra las drogas, dotándose para los efectos de una falaz infraestructura jurídica, bastante similar a la que el señor Trump vienen utilizando con sus «Órdenes ejecutivas» que no son otra cosa que el maquillaje de la dictadura neofascista.
Después de hacer los arreglos en el mar, con sus fragatas y submarinos nucleares; de anunciar ofensivas terrestres con las fuerzas especiales, ahora se ha hecho una movida aérea al frente de Venezuela.
En efecto, El gobierno de Nicolás Maduro denunció el jueves 2 de octubre que aviones militares de Estados Unidos incursionaron a unos 75 kilómetros de sus costas en el mar Caribe; aparatos, que fueron detectados dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía. El Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai) confirmó la presencia, que también observó una aerolínea colombiana.
Al tiempo, señalo que Venezuela exige al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional.
Tanto el presidente Maduro como el Ministro Padrino describen esta incursión aérea como una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.
Este grave hecho se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas por el gobierno bolivariano, lo que configura un patrón de hostigamiento que no puede ser aceptado. Padrino López mencionó que se detectó en meses previos un cambio en el patrón de operaciones militares de Estados Unidos, incluyendo vuelos diurnos, nocturnos y de madrugada vinculados a tareas de inteligencia y exploración sobre Venezuela, y señaló que en agosto se triplicó la frecuencia de dichas actividades.
Lo cierto es que, el Comando Sur de EE.UU. ejecutó maniobras con fuego real en las aguas del Caribe, en medio de la escalada de asedio denunciada por Venezuela debido a la «provocación» con el sobrevuelo de aviones F-35 cerca de sus costas.
En un mensaje compartido en redes sociales, el Comando Sur dijo que se trataba de maniobras conjuntas entre las Fuerzas de la Marina de Guerra y el Cuerpo de Marines de EE.UU., que implicaron «un ejercicio de fuego real con sistemas de armas navales en el Mar Caribe».
Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, destacó el mensaje, tras precisar que las operaciones están dirigidas por el Departamento de Guerra de EE.UU. y alineadas con las prioridades del presidente Donald Trump, la Cuarta Flota y el cuerpo de marinos asignado a la zona.
En el video que acompaña la publicación del Comando sur se observan imágenes del despliegue operativo en tierra y mar, al tiempo que se replican las palabras recientemente pronunciadas por el jefe del Departamento de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth: «Que no te quepa duda, lo que están haciendo ahora no es entrenamiento, es un ejercicio del mundo real».
Las acciones se divulgan en medio de una evidente escalada de hostilidades por parte de EE.UU. contra Venezuela, que se han incrementado con la inédita presencia militar en las aguas del Caribe con el supuesto pretexto de la lucha antidrogas.
El presidente Maduro ha señalado enérgicamente que no aceptará intimidaciones ni agresiones de ninguna potencia extranjera y que ejercerá plenamente su derecho a la defensa de la soberanía nacional, conforme al derecho internacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantendrá en alerta permanente con su Sistema Integrado de Defensa Aeroespacial, han reportado las autoridades públicas del gobierno revolucionario
El caso se llevará a la ONU, al Consejo de Seguridad, a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a la Celac para exigir que se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas.
Digamos que ha sido el propio Ministro de defensa, Vladimir Padrino López, el que denunció el «acoso militar» de aviones de combate cerca del espacio aéreo venezolano. Según detalló, se localizaron «más de cinco vectores» con características de vuelo de 400 nudos y una altitud de 35.000 pies. El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas, ha dicho Vladimir Padrino, señalando que, aunque consideran la situación una provocación, no se sienten intimidados: «Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores».
Como bien lo ha registrado Venezuela y la región, este episodio se suma al despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe, con al menos ocho buques de guerra, un submarino nuclear de ataque rápido, más de 4.500 soldados y cazas F-35B estacionados en Puerto Rico. La comunidad y el gobierno interpretan esta movilización como una amenaza directa y como parte de un plan para propiciar un golpe de Estado contra el actual gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro. en el país.
Con todos estos movimientos militares en la cuenca del Caribe la conclusión es que Venezuela es objeto de un bloqueo naval real, aun cuando lo quieran disfrazar como una lucha antinarcóticos.
El presidente Nicolás Maduro ha calificado todas estas maniobras de guerra como un «asedio» y «amenaza». El gobierno de Donald Trump, señala, utiliza el narcotráfico como pretexto para derrocarlo y tomar el control de las mayores reservas de petróleo del mundo. En respuesta a la escalada, el gobierno bolivariano ha ordenado la movilización de la Milicia Bolivariana, integrada por civiles, realizando ejercicios militares en la isla de La Orchila el 20 de septiembre. Las fuerzas armadas venezolanas desplegaron durante estos ejercicios buques de guerra, helicópteros, aviones caza y transporte, además de vehículos anfibios, con un contingente de 2.500 efectivos. También organizaron simulacros y entrenamientos para los miembros de la Milicia Bolivariana en tareas de emergencia y defensa.
El supuesto respaldo jurídico de la Orden ejecutiva de asesinar pescadores caribeños.
Recojo acá el intercambio entre Trump y el senado de los Estados Unidos sobre la ilegalidad de los asesinatos ordenados por el jefe de la Casa Blanca y que registra el periódico The New York Times (Ver https://www.nytimes.com/es/2025/10/02/espanol/estados-unidos/trump-guerra-carteles-droga-congreso.html ).
Hay que destacar que toda esta movida militar del Comando sur tiene un supuesto soporte jurídico a partir de una fantasiosa hipótesis que sugiere que el Estado norteamericano está inmerso en un «conflicto armado» formal contra los carteles del narcotráfico, considerando a los miembros de dichos grupos «combatientes ilegales». Declaracion que fue invocada para justificar operaciones militares –como los ataques a embarcaciones en el mar Caribe el mes pasado que dejaron 17 muertos– sin que sean considerados asesinatos. Al menos dos de esas operaciones se dirigieron contra embarcaciones provenientes supuestamente de Venezuela.
El gobierno estadounidense acusa a Maduro de encabezar el llamado Cartel de los Soles, al que vincula con el narcotráfico y considera una organización terrorista, acusación que, obviamente, las autoridades en Caracas rechazan categóricamente.
La notificación fue enviada a varios comités del Congreso. El comunicado añade nuevos detalles a la justificación jurídica poco articulada del gobierno de la razón por la que deben considerarse lícitos y no asesinatos los tres ataques militares estadounidenses que Trump ordenó el mes pasado contra embarcaciones en el mar Caribe, en los que murieron las 17 personas que iban a bordo.
La decisión de Trump de considerar formalmente su campaña contra los cárteles de la droga como un conflicto armado activo significa que está consolidando su reclamo de poderes extraordinarios en tiempos de guerra, según dijeron juristas. En un conflicto armado, tal como lo define el derecho internacional, un país puede matar legalmente a combatientes enemigos, aunque no supongan una amenaza, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares.
Geoffrey Corn, general retirado y abogado que fue el principal asesor del ejército en cuestiones de derecho de guerra, dijo que los cárteles de la droga no participaban en «hostilidades» —la norma para determinar cuándo existe un conflicto armado para efectos legales— contra Estados Unidos porque vender un producto peligroso es distinto de un ataque armado.
Al señalar que es ilegal que el ejército ataque deliberadamente a civiles que no participan de manera directa en las hostilidades —incluso presuntos delincuentes—, Corn calificó la medida del presidente de «abuso» que traspasa una importante frontera jurídica.
«Esto no es ampliar los límites», dijo. «Esto es destrozarlos. Esto es despedazarlos» (Ver https://www.nytimes.com/es/2025/10/02/espanol/estados-unidos/trump-guerra-carteles-droga-congreso.html ).
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico que «el presidente actuó de conformidad con el derecho de los conflictos armados para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno mortal a nuestras costas, y está cumpliendo su promesa de enfrentarse a los cárteles y eliminar estas amenazas a la seguridad nacional para que no asesinen a más estadounidenses».
El gobierno de Trump ha calificado los ataques como «autodefensa» y ha afirmado que las leyes de la guerra le permitían matar, en lugar de detener, a las personas que se encontraban en los barcos, ya que, según el gobierno, los objetivos estaban traficando con drogas para cárteles que ha designado como terroristas. El gobierno también ha destacado que decenas de miles de estadounidenses mueren cada año por sobredosis.
Sin embargo, el objetivo de los ataques del gobierno han sido embarcaciones procedentes de Venezuela. El aumento de las muertes por sobredosis en los últimos años ha sido impulsado por el fentanilo que, según los expertos en narcotráfico, procede de México, no de Sudamérica. Más allá de las cuestiones de hecho, el argumento de base ha sido ampliamente criticado por especialistas en derecho de los conflictos armados.
La notificación al Congreso, que se consideró información controlada pero no clasificada, menciona una norma que exige informar a los legisladores sobre las hostilidades en las que participan las fuerzas armadas estadounidenses. Repite los argumentos anteriores del gobierno, pero también va más allá con nuevas afirmaciones, como que los ataques del ejército estadounidense a los barcos forman parte de un conflicto sostenido y activo, y no de actos aislados de posible autodefensa.
En concreto, afirma que Trump ha «determinado» que los cárteles dedicados al contrabando de drogas son «grupos armados no estatales» cuyas acciones «constituyen un ataque armado contra Estados Unidos». Y cita un término del derecho internacional —un «conflicto armado no internacional»— que se refiere a una guerra con un actor no estatal.
«Basándose en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos y los intereses de Estados Unidos y de naciones extranjeras amigables, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas», señalaba la notificación.
Existen distintos tipos de guerras, y el concepto de «conflicto armado no internacional» se desarrolló en el derecho del siglo XX para referirse a una guerra civil en un país, en contraposición a una guerra entre dos o más Estado nación.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos entró en guerra contra Al Qaeda —un actor no estatal que operaba en diversos países—, algunos juristas objetaron que el país estaba estirando las normas para justificar el uso de poderes bélicos contra un grupo que comparaban más con una banda criminal de piratas.
Pero la Corte Suprema consideró que el conflicto con Al Qaeda era una guerra real. Aprobó como legal el uso por parte del gobierno de Bush del poder de guerra para mantener detenidos indefinidamente sin juicio a los miembros de Al Qaeda capturados, a la vez que afirmaba que el gobierno estaba obligado por las Convenciones de Ginebra a tratar humanamente a esos prisioneros y a no torturarlos.
Sin embargo, el razonamiento del tribunal giraba en torno al hecho de que Al Qaeda había atacado a Estados Unidos utilizando aviones secuestrados como armas para matar intencionadamente a personas, y que el Congreso había autorizado el uso de la fuerza armada contra el grupo. De hecho, en una sentencia de 2006, el tribunal también rechazó el primer intento del gobierno de Bush de utilizar comisiones militares, afirmando que los legisladores debían autorizar explícitamente su uso.
En este caso, el gobierno de Trump está equiparando el tráfico de un producto de consumo ilícito y los delitos asociados al mismo con un ataque armado al afirmar en la notificación que los cárteles «causan ilegal y directamente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año». Sin embargo, no ha explicado cómo la venta de una sustancia peligrosa constituye un uso de la fuerza, y el Congreso no ha autorizado el uso de ningún tipo de fuerza militar contra los cárteles.
El gobierno estadounidense ha dicho sistemáticamente que está librando una «guerra contra las drogas» metafórica, lo que ha significado una aplicación agresiva de la ley. La afirmación de Trump de que puede poner y ha puesto al país en un estado literal de guerra contra los cárteles de la droga es importante por razones jurídicas. La policía detiene a presuntos traficantes de drogas; sería un delito, en cambio, abatirlos sumariamente. Pero en un conflicto armado, es legal matar a los combatientes de la fuerza contraria en el acto.
La notificación al Congreso también justificaba el ataque más reciente hecho público contra una embarcación —en el que las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses mataron a tres personas el 15 de septiembre— al calificar a la tripulación de «combatientes ilegales», como si fueran soldados en un campo de batalla.
«La comunidad de inteligencia estadounidense consideró que la embarcación estaba afiliada a una organización terrorista designada y, en ese momento, se dedicaba al tráfico de drogas ilícitas, que en última instancia podrían utilizarse para matar estadounidenses», decía el comunicado. «Este ataque tuvo como resultado la destrucción de la embarcación, los narcóticos ilícitos y la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales».
El mensaje al Congreso no nombraba específicamente a ninguno de los cárteles de la droga con los que Trump afirma que Estados Unidos mantiene un conflicto armado. Tampoco detallaba alguna norma que el gobierno esté utilizando para determinar si sospechosos específicos tienen suficientes vínculos con esos grupos para que los militares los maten.
El senador por Rhode Island Jack Reed, máximo representante demócrata en la Comisión de Fuerzas Armadas, acusó a Trump de decidir que podía librar «guerras secretas contra cualquiera a quien él considere un enemigo». El presidente «no ofreció ninguna justificación jurídica creíble, pruebas o información de inteligencia» para los ataques, dijo Reed.
«Los cárteles de la droga son despreciables y deben ser combatidos por las fuerzas del orden», dijo. «Pero ahora, según las propias palabras del presidente, el ejército estadounidense está involucrado en un conflicto armado con enemigos indefinidos a los que ha calificado unilateralmente de ‘combatientes ilegales’, y ha desplegado miles de soldados, buques y aviones contra ellos. Sin embargo, se ha negado a informar al Congreso o al público».
Sin embargo, Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, señaló que el Departamento de Defensa estaba «llevando a cabo con éxito esta misión clave de conformidad con la legislación nacional e internacional, y de acuerdo con el derecho de los conflictos armados. El departamento ha proporcionado las notificaciones requeridas al Congreso».
Brian Finucane, ex abogado del Departamento de Estado, quien es especialista en las leyes de los conflictos armados y ha criticado los ataques a los barcos, expresó su escepticismo. Entre otras cosas, según el derecho internacional, para que una entidad no estatal forme parte de un conflicto armado, debe cumplir la norma de ser un grupo armado organizado, señaló.
«No me sorprende que el gobierno se haya decantado por esta teoría para respaldar legalmente sus operaciones», dijo Finucane. «Yo había especulado con que podrían hacerlo. Sin embargo, un problema importante es que no está nada claro que quienquiera que sea su objetivo sea un grupo armado organizado como para que Estados Unidos pueda estar en un NIAC con él», añadió, refiriéndose a las siglas en inglés de «conflicto armado no internacional».
Finucane cuestionó que la banda que el gobierno de Trump más ha mencionado como objetivo, el Tren de Aragua, sea lo suficientemente consistente como para alcanzar ese umbral. Una evaluación de los servicios de inteligencia realizada en abril, que se desclasificó y se hizo pública al mes siguiente, decía que el grupo venezolano estaba formado por «células poco organizadas de redes delictivas individuales localizadas» y estaba tan «descentralizado» que le resultaría difícil coordinar sus acciones» (Ver https://www.nytimes.com/es/2025/10/02/espanol/estados-unidos/trump-guerra-carteles-droga-congreso.html ).
La respuesta del gobierno popular bolivariano.
Al tiempo que se dan estos peligrosos hechos de la piratería imperialista en la cuenca del Caribe, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que el 4 de octubre se desplegará en todo el país un «ejercicio especial de carácter organizativo» del que participarán los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las Milicias Bolivarianas, como parte de la preparación del país ante la amenaza militar estadounidense.
El mandatario venezolano afirmó que los venezolanos están encaminados a construir «algo nuevo y sorprendente» para el mundo anunciando la formación de «un poderoso movimiento popular militar bolivariano».
Maduro, informó hace un día que, en trabajo articulado entre la población civil y los uniformados de la Fuerza Armada, en ese país suramericano se está formando y va «en fase avanzada» la creación de «un poderoso movimiento popular militar bolivariano» que pudiera incluso extenderse a todo el continente.
Anuncio que ese movimiento patriota, que será la «máxima garantía» para defender la independencia y la soberanía venezolana, «pudiera ser de la patria grande» si Venezuela resulta agredida «algún día» por algún país extranjero.
Maduro recordó que este movimiento se remonta a décadas atrás, cuando dio sus primeros pasos la Revolución Bolivariana, una vez que el pueblo, todavía «sin fuerza armada», se alzó contra el poder político que ostentaba la oligarquía. Luego fueron los militares, junto con Hugo Chávez, y ahora son ambos componentes, bajo el legado del expresidente venezolano.
«Ha valido la pena sembrar tantos valores», expresó Maduro, y agregó que los venezolanos están encaminados a construir «algo nuevo y sorprendente», como lo hicieron hace 200 años cuando fueron creados «el Estado Gran Colombiano» y «el Ejército Unido Popular Libertador» que liberó de los colonos españoles a toda Suramérica.
El presidente venezolano sostuvo que Venezuela seguirá «sorprendiendo al mundo», ya que en sus manos el poder popular y militar es un «poder nacional para la paz» y «para construir la máxima felicidad» de la población ante «cualquier agresión imperialista» que pretenda una guerra en Venezuela, en el Caribe y en Suramérica.
Las recientes palabras de Maduro se suman a comentarios que ha realizado recientemente, donde ha dicho que desde distintos países latinoamericanos y caribeños ha recibido expresiones de apoyo por parte de uniformados de la región, quienes le han manifestado que si EE.UU. o algún país foráneo agrede a Venezuela, ellos se sumarán a defender la soberanía de toda la región.
Anexo.
Recojo acá un artículo de reciente publicación en el New York Times que hace una reflexión adecuada sobre el disparate bélico de Trump en la cuenca del caribe para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
La política de Trump hacia Venezuela es una fantasía de venganza (Ver https://www.nytimes.com/es/2025/10/01/espanol/opinion/venezuela-trump-maduro.html )
1 de octubre de 2025
Por Christopher Sabatini
Sabatini es investigador principal para América Latina en Chatham House.
«El mundo ha observado cómo Estados Unidos exhibe su poderío militar en el mar Caribe en el último mes.
Ha atacado tres barcos, matando al menos a 17 personas, lo que funcionarios de la ONU han calificado de ejecuciones extrajudiciales. Ha desplegado en la región buques anfibios, barcos equipados con sistemas de misiles guiados y un submarino de propulsión nuclear. Ha enviado 10 aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico. Y lo ha hecho, según afirma la Casa Blanca, para contrarrestar una enorme ofensiva del narcotráfico, encabezada nada menos que por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Para que quede claro: Venezuela no es uno de los principales proveedores de drogas ilícitas de Estados Unidos. La cocaína de Venezuela representa muy poca de la que entra en Estados Unidos, y el país casi no desempeña ningún papel en el comercio de fentanilo, según la Administración de Control de Drogas. Eso no ha impedido que el gobierno de Donald Trump haya puesto una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro o que la fiscala general de Estados Unidos, Pam Bondi, lo haya calificado de «uno de los más grandes narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional».
El régimen de Caracas ciertamente no está libre de pecado. Maduro es un dictador que ha facilitado el comercio ilícito de oro, el lavado de dinero, armas y drogas. Ha reprimido brutalmente a sus opositores, aplastado los derechos civiles y las instituciones democráticas y presidido una de las peores catástrofes económicas del mundo. Alrededor de ocho millones de personas han huido del país desde que llegó al poder en 2013. Pero la amenaza que supuestamente representan las redes de narcotráfico de Venezuela no justifica una movilización militar estadounidense de esta envergadura, al menos no de forma convincente. La verdadera razón de la legión armada, según creen los analistas y muchos venezolanos, es enviar un mensaje a Maduro y a sus partidarios: sus días están contados.
Lo que algunos poderosos miembros del gobierno de Trump quieren es un cambio de régimen, y quieren que resulte lo más barato posible. Es poco probable que los miles de soldados estadounidenses que flotan frente a las costas venezolanas invadan el país, aunque ahora se informa de que hay planes para desplegar drones para atacar objetivos relacionados con la droga en territorio venezolano. Es posible que la Casa Blanca espere que esta demostración de fuerza convenza a los altos mandos venezolanos de que ellos son los siguientes y que más les vale desertar y derrocar a Maduro.
Un rápido cambio de régimen en Venezuela siempre ha sido el plan del presidente Trump. Simplemente no funcionó la última vez.
En su primer mandato, Trump montó una campaña de presión que casi llegó a la intervención militar para intentar derrocar al dictador venezolano. En 2019, después de que Maduro se proclamara vencedor en unas elecciones controvertidas, la Casa Blanca impuso amplias sanciones económicas a Venezuela. Trump respaldó públicamente a Juan Guaido, presidente de la asamblea legislativa de Venezuela, como líder legítimo del país. Con la bendición de Trump, Guaido llamó a sus partidarios a levantarse contra el régimen y pidió a los militares que desertaran.
Maduro, por supuesto, no cedió. Unos años más tarde, la oposición disolvió su gobierno en la sombra y Guaido se trasladó a Florida, donde permaneció en relativo anonimato.
La estrategia actual parece surgir del deseo de reivindicación —y venganza— de Trump. El presidente, al parecer, se tomó el fracaso de Guaidó como una humillación personal. Ahora Trump y los partidarios de la línea dura de su gobierno, encabezados por el secretario de Estado, Marco Rubio, redoblan la apuesta. Han prescindido en su mayor parte de la retórica de promoción de la democracia que caracterizó la primera ronda. Esta vez, afirman estar desmantelando un narcoestado. Es de suponer que los alimentan los rumores de que el ejército venezolano está a punto de volverse contra Maduro, una historia perenne entre la oposición del país. Una importante defensora de esta versión ha sido María Corina Machado, la actual líder de la oposición venezolana. Al parecer, su equipo, junto con otras figuras de la oposición, ha estado en contacto con funcionarios estadounidenses.
Machado mantiene vínculos estrechos con Rubio, quien parece considerarla una luchadora por la libertad al estilo de los disidentes anticomunistas de Europa del Este, como Václav Havel. Líder de la sociedad civil de larga trayectoria, se le impidió presentarse como candidata de la oposición en las elecciones de Venezuela de 2024, pero aun así trabajó para movilizar a los votantes y llenó calles y plazas de entusiastas partidarios de su representante, Edmundo González. Cuando Maduro afirmó haber ganado la votación, los observadores internacionales y la oposición demostraron que el régimen había cometido fraude. Desde entonces Machado se ha ocultado, pero ha seguido pidiendo una intervención militar contra la dictadura.
Incluso si la demostración de fuerza de Trump desencadena la deserción que finalmente derribe el régimen de Maduro, Venezuela no se convertirá mágicamente en una democracia. Es improbable que los hipotéticos golpistas de Maduro cedan el poder a Machado o a otra figura de la oposición. Incluso si lo hicieran, el nuevo líder aún se enfrentaría a la resistencia de un aparato de seguridad profundamente corrupto, insubordinado y poco profesional. El silencio de Machado ante los ataques estadounidenses contra las lanchas, que podrían haber causado la muerte a civiles venezolanos, también ha dañado la credibilidad de la oposición, tanto a nivel nacional como internacional.
¿Y si la diplomacia de cañoneras de Trump no consigue desencadenar el motín que supuestamente lleva años gestándose? La legión de buques de guerra podría simplemente permanecer frente a Venezuela y abatir pequeñas embarcaciones o atacar sospechosos de narcotráfico en tierra, y finalmente declararlo una victoria contra el narcoterrorismo. Pero el despliegue representa una asignación significativa y arriesgada de activos estadounidenses que son muy necesarios en otros lugares. El costo de la movilización también sale de los bolsillos de los estadounidenses, y más de la mitad de ellos, según una encuesta de YouGov, se oponen a utilizar la intervención militar para invadir Venezuela. Si el ejército estadounidense continúa eliminando objetivos sin el debido proceso, corre el riesgo de matar a transeúntes inocentes, lo que podría incitar a otros países de la región a pronunciarse con más contundencia.
El gobierno de Trump parece creer que, después de intentarlo todo, Maduro solo puede ser sustituido mediante la amenaza de la fuerza. Esa es la lección equivocada que hay que extraer de los fracasos de políticas del primer mandato de Trump. Los gobiernos democráticos vecinos han dudado en salir en defensa de Maduro, un denostado autócrata que ha avivado el colapso económico y social de Venezuela. Pero sin duda condenarían una violación categórica de la soberanía territorial y política por parte de la potencia hegemónica del norte. Es casi seguro que los líderes de México, Brasil, Colombia y otros países harían todo lo posible por impedir que el ejército estadounidense iniciara una guerra en suelo venezolano, incluyendo presionar enérgicamente a favor de una solución política negociada.
El gobierno de Trump debería aprovechar la ansiedad diplomática que ha creado. Si el presidente busca de verdad una Venezuela estable y pacífica, debería aprovechar la amenaza que ha enviado al mar Caribe para alentar a sus aliados regionales y a los gobiernos europeos a apoyar una transición democrática que se aleje de Maduro. La Venezuela de 2025 no es la Europa del Este de 1989, y los misiles guiados tienden a sembrar el caos, no la democracia.» (Ver https://www.nytimes.com/es/2025/10/01/espanol/opinion/venezuela-trump-maduro.html ).
