TeleSUR
El Ministerio Público de Venezuela informó este lunes que avanza “de manera contundente” en el proceso judicial contra los 16 implicados en el atentado terrorista que planeaba ejecutar la ultraderecha en la Plaza de la Victoria contra el Fascismo, en Caracas, donde se pretendía “bañar de sangre” al país y golpear la estabilidad nacional.
De acuerdo con las autoridades, el ataque, vinculado directamente a conspiraciones de Estados Unidos y la extrema derecha fascista venezolana, formó parte de un plan más amplio para socavar la soberanía, la estabilidad y la paz del pueblo venezolano. El organismo indicó que ofrecerá más detalles judiciales en las próximas horas.
Las investigaciones sitúan este atentado en el mismo entramado que la incautación de más de 54.000 cargas huecas realizada el 9 de agosto en Maturín, estado Monagas, considerada una de las mayores confiscaciones de explosivos en la historia reciente del país.
Dicho material, idéntico al usado por el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) en Siria entre 2014 y 2017, incluía cordones detonantes y equipos para activación remota, y estaba almacenado en un galpón que funcionaba como base logística de operaciones clandestinas.
Según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, este arsenal estaba destinado a ataques contra infraestructura estratégica de energía, transporte y comunicaciones y se vinculaba con dos operaciones desarticuladas: el frustrado atentado del 23 de junio en Plaza Venezuela, que buscaba detonar tres kilogramos de TNT mediante un teléfono móvil analógico, y la red logística detectada en el oriente del país.
En el caso de la Plaza Venezuela, la operación fue orquestada por una célula extremista con lazos transnacionales, que ofreció 20.000 dólares al detenido José Daniel García Ortega para colocar el explosivo.
Gracias a la labor de inteligencia, las fuerzas de seguridad lograron retirar el artefacto antes de su detonación y detener al sospechoso en Táchira cuando intentaba huir a Colombia.
Hasta ahora, 16 personas han sido detenidas y otras 12 permanecen prófugas. Entre los capturados figuran un miembro del Cartel de La Guajira y presuntos enlaces con la mafia albanesa-ecuatoriana.
El Gobierno acusa directamente a la opositora María Corina Machado de encabezar estas conspiraciones en coordinación con actores extremistas extranjeros, en lo que califica como una “alianza criminal” contra Venezuela.
