Emilio Hernández / Correo del Orinoco
Con la relativa estabilidad monetaria que hemos tenido durante varios meses, se verifica lo que he comentado en esta columna varias veces: la tan solicitada “indexación salarial” es innecesaria si hay estabilidad monetaria. La estabilidad monetaria, per se, es la “indexación” del salario y de toda la economía.
Lo que sí es cierto es que los salarios siguen deprimidos y por eso sigo afirmando que los salarios no hay que indexarlos sino que deben incrementarse, ya que indexarlos sería equivalente a dejarlos congelados.
Aunque pienso, a contracorriente, que las mal llamadas sanciones yanquis nos traerán beneficios a largo plazo, también es cierto que nos han hecho mucho daño en el corto plazo.
Precisamente eso era lo que buscaban los yanquis y la oposición fascista, una debacle económica y aprovechar el momento para tomar el poder, sea electoralmente o por la vía de la fuerza. No lo han logrado y parece difícil que lo logren por la vía de la violencia, pero seguirán en su empeño.
En la vía al rescate del ingreso de los venezolanos, hay que decir que el incremento de los salarios del sector público es difícil, por lo complejo de la estructura de nómina del Estado. Se sabe que un incremento del salario mínimo en una cantidad X tiene un impacto en el presupuesto de nómina de más de 10X, esto es, 10 multiplicado por X.
Los empleados públicos debemos estar abiertos a un cambio radical en la estructura de tablas salariales, prestaciones, jubilaciones y otros beneficios, que se han hecho sal y agua a raíz de el efecto de las sanciones yanquis.
En el camino al socialismo ¿por qué no se sustituyen las prestaciones sociales por un seguro médico universal con 100% de cobertura?
¿Por qué no se acepta que los pasivos laborales en el sector público, si no se pueden pagar en dinero, se conviertan en saldos a favor de los beneficiarios para honrar impuestos, tasas y otras obligaciones con el mismo Estado?
¿Por qué no se propone que la diferencia entre el salario mínimo y el salario promedio debe reducirse, para que sea más factible presupuestariamente un incremento salarial?
¿Por qué no se legaliza lo que está sucediendo en la realidad, que la mayoría de los empleados públicos sólo asisten dos o tres veces a la semana a su trabajo por razones de costo del transporte y porque los empleados públicos deben redondearse unos ingresos con otras actividades económicas?
¿No es razonable que los manuales de cargos sean más flexibles para que los empleados públicos puedan participar en labores no convencionales de producción organizadas en su lugar de trabajo?
Mantengamos la mente abierta para una reforma profunda de las relaciones laborales y ¡venceremos!
