
Cécil Gerardo Pérez
Recientemente en el estado Yaracuy y en territorios aledaños se generó una enorme conmoción social por el brutal secuestro, desaparición y asesinato de una joven a manos de un funcionario del CICPC, así como cómplices de tan terrible suceso. Eso y muchas informaciones que colocan el hecho como un “crimen pasional” nos mueve a tratar este delicado tema. https://yaracuyaldia.com/sucesos/extraoficial-conas-detuvo-a-otro-funcionario-del-cicpc-por-el-asesinato-de-genesis-medina/.
A pesar de muchos avances en materia educativa, laboral, jurídica respecto al tratamiento del género y a la protección de la mujer, las estadísticas sobre femicidios en nuestra país siguen siendo altas y por ello hay que insistir en procesos de formación, tanto del hombre, como de la mujer y por supuesto, de la sociedad en general para atacar de raíz este problema social que azota a la sociedad y en particular a la mujer venezolana.
Es una situación que hay que visibilizar y no tratarlo, como hacen muchos medios de comunicación, como “crímenes pasionales”, sino como violencia de género. En un concientizador video, el colectivo “El Palomar” difundió la “Canción Sin miedo” de la cantautora Vivir Quintana, podemos oír:
“Cantamos sin miedo, pedimos justiciaGritamos por cada desaparecidaQue retumbe fuerte: ¡Nos queremos vivas!¡Que caiga con fuerza el feminicida!¡Que caiga con fuerza el feminicida!”. https://www.youtube.com/watch?v=VLLyzqkH6cs.
Dicha canción también fue entonada con la pasión y la fuerza latinoamericana que demuestra en escena Mon Laferte
Observemos que en el caso de Venezuela, en el año 2020, según esta información: “En lo que va de año se han registrado 217 femicidios a nivel nacional, lo que implica que cada 33 horas muere una mujer o niña por razones de género, según cifras recogidas por UTOPIX”. https://venezuela.unfpa.org/es/news/unfpa-re%C3%BAne-expertas-en-femicidio-para-sensibilizar-sobre-el-tema-como-inicio-de-los-16-d%C3%ADas. Y más adelante refiere lo siguiente: “Al menos 185 femicidios hubo en Venezuela durante el año pasado, lo que significa, en promedio, uno cada 47 horas, informó este martes la organización no gubernamental Utopix, que considera sus datos como un «subregistro», al advertir que las cifras pueden «ser aún mayores».
Asimismo, se registró un promedio de «un femicidio en grado de frustración cada 41 horas», según la ONG, que subrayó la «urgencia de implementar una propuesta concreta para enfrentar esta problemática».
En ese sentido, planteó el desarrollo de «un plan de emergencia feminista» enfocado en «la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes».
Según el «subregistro» de esta organización no gubernamental, hubo, al menos, 201 femicidios en 2023, 240 en 2022, 239 en 2021 y 256 en 2020”. https://www.swissinfo.ch/spa/al-menos-185-feminicidios-hubo-en-venezuela-en-2024%2c-seg%c3%ban-el-%22subregistro%22-de-una-ong/88862142.
Incluso la organización Utopix incorporó a sus registros la categoría de “Femicidios políticos a manos de bandas delincuenciales” que sobre todo en sectores populares se han realizado contra mujeres dirigentes comunitarias ya que “los grupos criminales organizados usan el terror y el miedo como elementos para intimidar y por ende, controlar espacios territoriales, atacando a las lideresas de consejos comunales o coordinadoras de los CLAPS y en muchos casos criminalizándolas, usando sus cuerpos para dar mensajes contra las mismas comunidades, e incluso, contra los Estados”. https://utopix.cc/pix/femicidios-politicos-a-manos-de-bandas-delincuenciales-entre-2019-2024/.
Un instrumento jurídico clave para atender dicha situación es la LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA que atiende una multivariedad de aspectos relativos a la violencia contra la mujer, entre otros, la violencia física, la violencia sexual, el abuso sexual sin penetración, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el acto sexual con víctima especialmente vulnerable, el acoso sexual, la violencia obstétrica, la violencia patrimonial y económica, la violencia política (NOTA: Podría aplicarse en el caso de Martha Lía Grajales. Ver artículo 65 que establece: “Quien mediante la coacción, amenaza o cualquier otra forma de violencia, limite, menoscabe o imposibilite el libre ejercicio de la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad en cargos de elección popular, en el ejercicio de la función pública y en organizaciones con fines políticos, sindicales, educativos, culturales, deportivos, profesionales, asociaciones comunitarias, movimientos sociales y del poder popular será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años”), la esterilización forzada, la violencia informática, la violencia institucional, el tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes, y en el caso del FEMICIDIO pauta en sus artículos 73 y 74 la penalización de dicho delito. Particularmente el 74 reza textualmente: “Femicidios agravados. Serán sancionados con pena de veintiocho a treinta años de prisión, los casos agravados de femicidio que se enumeran a continuación:
1. Cuando medie o haya mediado entre la persona agresora y la víctima una relación conyugal, unión estable de hecho o una relación de afectividad, con o sin convivencia o un vínculo de consanguinidad o afinidad.
2. Cuando medie o haya mediado entre la persona agresora y la víctima una relación laboral, académica, profesional, que implique confianza, subordinación o superioridad.
3. Cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima o para la satisfacción de instintos sexuales.
4. Cuando el acto se haya cometido durante la ejecución del delito de trata de mujeres, niñas y adolescentes o por redes de delincuencia organizada”. https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-organica-de-reforma-a-la-ley-organica-sobre-el-derecho-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia.


9 de las víctimas eran madres; 20 niños, niñas y adolescentes quedaron en orfandad; en 10 casos las mujeres eran parte de la estructura de organización social o partidos políticos; 17 de las víctimas fueron acusadas de ser informantes por parte de las bandas; 2 de las víctimas eran indígenas; 2 mujeres eran funcionarias del Estado; 4 de las víctimas eran funcionarias de cuerpos de seguridad del Estado; 4 de las víctimas eran familiares de miembros de cuerpo de seguridad..

















