“Hemos fortalecido la imagen del Perú como un país que defiende y respeta la paz, la libertad y la democracia”, dijo la presidenta Dina Boluarte hace un par de semanas, en Nueva York, durante la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas. Más allá de un optimismo que rebota en las encuestas, donde su popularidad coquetea con el margen de error, su mensaje difiere nítidamente con la realidad. Si la denominada Generación Z marchó por tercer fin de semana consecutivo, esta semana empezó con un paro generalizado de transportistas en Lima y Callao, como medida de presión por la ineptitud del Gobierno para acabar con la extorsión y el sicariato.
Caravanas de buses desfilaron por diversas calles de Lima en señal de protesta. Otras unidades bloquearon las principales arterias de la capital peruana. Agentes policiales reprimieron la movilización con actitudes desafiantes, desatando enfrentamientos y actos de abuso de autoridad. En el distrito de San Juan de Lurigancho, un mayor rompió el espejo retrovisor de una cúster y ante los reclamos del chofer acabó cogoteándolo. Los choferes se encuentran en medio de una fuerza del orden que no los resguarda y mafias que los tienen atemorizados. (El paro está ahora mismo en pausa. Los gremios de transporte se reunieron con el gobierno y los convencieron de llegar a acuerdos pronto).
El Observatorio del crimen y la violencia, una iniciativa del Banco de Crédito y la consultora Capital Humano y Social, ha calculado que durante el 2025, alrededor de 180 conductores del transporte urbano peruano han sido asesinados por no pagar cupos. La Policía había dado cifras más conservadoras pero igual de preocupantes: 65 choferes fallecidos solo entre enero y julio. La última víctima es Daniel Cedeño Alfonso, un ciudadano venezolano, de 33 años, que la semana pasada recibió cinco balazos en su abdomen mientras iba al volante de una unidad de la empresa Lipetsa. Un sicario esperó una luz roja para descargarle el revólver desde una motocicleta.
En un intento por apaciguar los ánimos, miembros del Congreso anunciaron que impulsarán un proyecto de ley para crear un grupo de élite. Si bien algunos gremios de transportes saludaron la medida por considerar que era un primer paso, el ministro del Interior Carlos Malaver echó por la borda cualquier acuerdo posible al poner en duda que la muerte de Cedeño Alfonso había sido a causa de la delincuencia. Es más, remarcó su nacionalidad, dando a entender que la criminalidad sí tiene bandera y cuestionó que deba desencadenar una nueva crisis para el Ejecutivo. “Su esposa es venezolana, se encuentran separados y en proceso de divorcio. Por eso no podemos aventurarnos […] No pueden, así tan alegremente, decir que simplemente ante el fallecimiento de alguien pueda darse un paro de motores”, dijo.
Pero las movilizaciones de transportistas no empezaron en este mes, sino en agosto del 2024. Y no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno delictivo que se le ha ido de las manos al Gobierno. “Un paro de 24 o 48 horas, hermano transportista, no va a resolver el problema. No podemos detener el país. Todos tenemos que sumar”, ha dicho Dina Boluarte, en un “llamado a la reflexión” que ha enervado más a las masas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el primer trimestre del 2025, el 59% de peruanos consideraron que la inseguridad y la delincuencia son los problemas más graves del país.
El Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) refleja esta percepción: hasta el 30 de septiembre se han registrado 18.432 denuncias por extorsión en el Perú. Es decir, cada día se reciben 67,5 reportes de que alguien debe pagar para continuar trabajando. Negarse podría costarle la vida. El quiebre ocurrió entre el 2021 y 2022: las denuncias aumentaron de 4.746 a 16.363. En los años posteriores la tendencia se ha mantenido: 22.706 (2023) y 22.400 (2024). Todavía faltan tres meses para concluir el 2025, y los números podrían dispararse.
En este contexto desolador, los transportistas le han planteado al Ministerio del Interior la posibilidad de portar armas. “Estamos pidiendo a gritos que no nos maten. Los choferes están llanos a que se les dé la licencia, y se les capacite para comprar sus propias armas. Tenemos que autoprotegernos”, ha señalado Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet). Los gremios también han pedido que se les brinde la posibilidad de contratar agentes privados de seguridad que viajarían encubierto en las unidades de transporte. Por ahora no hay nada concreto, pero varios especialistas han opinado que la medida podría resultar peligrosa y contraproducente. Los civiles serían los más perjudicados.
Una investigación del programa televisivo Punto final indica que el 40% de los disparos en el transporte urbano se concentra en el parabrisas delantero y el 35% en los laterales, cerca a la cabina del conductor. Mientras los choferes luchan por trabajar en paz y exigen soluciones eficaces, la presidenta Dina Boluarte dio un consejo a la población: no contestar llamadas de desconocidos. “Ese es el punto de extorsión. No abran ni los mensajes. La Policía hará la indagación”. El dirigente Julio Rau Rau le respondió con severidad: “Parece que viviera en otro mundo. Apagar el teléfono no evitará que nos maten”.
