El bache de Bachelet

Por: Ylich Carvajal Centeno

El informe que sobre los derechos humanos en Venezuela ha presentado la alta comisionada Michell Bachelet al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 41 periodo de sesiones es una estafa, una burla para el país y el mundo que sigue con interés la situación en nuestra República y les voy a demostrar por qué.
Iniciemos por acordar que todo informe y disculpen la perogrullada sirve para informar, es decir, para dar cuenta del estado de una situación o cosa, en consecuencia debería abundar en datos precisos que en su conjunto ayuden primero a conocer y luego a decidir. De lo contrario es inútil, oficioso.
La segunda cosa en que debemos acordar es que todo informe se soporta en fuentes que deben ser diversas, verificables y que puedan contrastarse con otras fuentes disponibles tomando en cuenta el contexto y los antecedentes de lo que se quiere conocer.
¡De acuerdo! El informe Bachelet dice que sus fuentes son “558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad” y que, además, “… celebró 159 reuniones con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales”.
Todo eso entre el 11 y el 22 de marzo de 2019 cuando burócratas de la Comisión de Derechos Humanos visitaron Venezuela, lapso que incluye los tres días en que contó con la presencia de su presidenta Michelle Bachelet.
También afirma que delegados de la Alta Comisionada realizaron nueve viajes para entrevistar a venezolanos y venezolanas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú, sin precisar las fechas en que se hicieron esos viajes.
Dice además que analizó “numerosos documentos que reunió y examinó, incluyendo documentos oficiales del Gobierno, informes de fuentes abiertas, legislación y documentación jurídica, informes médicos y forenses, contenidos de medios de comunicación (incluyendo de las redes sociales), videos, y fotografías” pero seguidamente acota que el informe “remite a la información y a los datos oficiales siempre que es posible, pero nota que el acceso a dicho material es limitado, ya que las publicaciones oficiales, incluso estadísticas, han sido escasas e inexistentes en algunos ámbitos, por lo menos desde 2015”.
Con todas esas fuentes, a las que hay que sumar sus reuniones con los altos funcionarios del Gobierno nacional, el informe Bachelet debería estar lleno de datos, casos, situaciones, documentadas, cronológicamente analizadas que permitan demostrar que hay un patrón de violación de los derechos humanos en Venezuela que se supone era la misión de la Alta Comisionada en el país.
La importancia adicional de describir y pormenorizar los hechos que revelarían un patrón de violación de los derechos humanos está en la posibilidad de reparar a las víctimas y hacer justicia.
Sin embargo, lo que hay son generalidades, ambigüedades, contradicciones y hasta “juicios de valor” que no soportan el mínimo análisis. Por ejemplo, el informe asegura que se viola el derecho a la alimentación pero lo hace con base a las 558 entrevistas que dice haber realizado. Ninguna estadística puede explicar la realidad de más de 30 millones de venezolanos con base a entrevistar a 558. No se incluyen datos ni del sector público ni del sector privado sobre las ventas de alimentos en el país, ni sobre la producción de los mismos. Al referirse al Clap el informe no informa sobre su cobertura, sobre su alcance en la población, sino que afirma, sin ninguna base y sin ser autoridad en la materia, que los alimentos del Clap no cubren las necesidades nutricionales de la población. Por supuesto no se molesta en señalar cuales son esos alimentos que no alimentan.
El informe inicia hablando sobre la crisis económica, afirma que la misma se ha agudizado, pero no la describe, no la explica ni dice en que consiste. No incluye ni un solo dato, básicos además, sobre los ingresos del país, el PIB, el crecimiento de la inflación, la tasa cambiaria, en fin, ni los datos macroeconómicos básicos que debería incluir un informe que pretenda informar sobre una crisis económica. Si no le gustaron los del Gobierno pudo por lo menos incluir lo de sectores privados, que los tienen o en el mejor de los casos contrastar ambas fuentes.
Faltando al derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, el informe dice, por ejemplo, que según fuentes locales las mujeres venezolanas se ven en la necesidad de intercambiar sexo por comida, sin indicar número de casos, dónde ocurrieron, quienes son los responsables, si los responsables de tan deleznable acto fueron bodegueros, comerciantes o funcionarios públicos. 
Mencionado así, como lo hizo Bachelet en su informe, sin los datos mínimos necesarios que puedan demostrar que hay un patrón de abuso contra las mujeres, a mí me resultó un insulto gratuito para las venezolanas que han soportado heroicamente esta crisis que en buena parte pesa sobre sus hombros.
Al referirse a la salud el informe Bachelet diagnostica la situación del país con base sus 558 entrevistas pero no incluye ningún otro dato de fuentes públicas ni de fuentes privadas sobre número de hospitales y clínicas, personal médico en general, importación de medicinas ¡nada! Ni un dato.
Sin embargo, sin decir cuál es su fuente y ni a que lapso se refiere, asegura que el 20% de las venezolanas embarazadas mueren por practicarse abortos inseguros y que esto se debe a que en el país no hay anticonceptivos de ningún tipo y que tenemos una legislación restrictiva en materia de abortos ¡a ver! ¿La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU cree que la solución a la supuesta falta de anticonceptivos es abortar de manera legal y segura?
El informe raya en la misoginia cuando además afirma que en Venezuela, desde 2015, se ha incrementado el embarazo en adolescentes porque no hay anticonceptivos dada la crisis y que eso viola el derecho de las niñas a estudiar ¿el problema es de anticonceptivos o de educación sexual? Será que Bachelet piensa que la solución al asunto del embarazo precoz es repartir anticonceptivos entre las adolescentes.
Como si de un brollo se tratara, el informe dice que entrevistó a personas, no especifica cuantas ni dónde, que aseguraron que excluían de la distribución del Clap a personas que necesitaban los alimentos por que no eran partidarias del gobierno y ese comentario lo valora en la misma proporción al dato aportado por el gobierno de que 6 millones de venezolanos reciben el Clap. El informe pone en duda esta información oficial y la matiza negativamente agregándole la especie ya mencionada.
Lo mismo hace al referirse a los bonos que entrega el Gobierno a través del Carnet de la Patria, sobre el que no da cifras de beneficiados, ni montos ni frecuencia del beneficio pero le empacha el comentario que según le contaron a Bachelet es el partido de gobierno quien administra las listas de beneficiados y no el Estado.
Bachelet afirma en su informe, con base a las mismas entrevistas en cuestión, que el Carnet de la Patria discrimina a las mujeres, se enfoca especialmente en las mujeres, y sin dar nombres, casos, sin ningún dato real, asegura que muchas mujeres son amenazadas por “los colectivos armados” para que no protesten.
El informe además es cobarde. Al referirse al tema, no es capaz de mencionar a los gobiernos de los EEUU y de la Unión Europea que han impuesto sanciones económicas y bloqueado comercial y financieramente al país. Reconoce que las sanciones han agudizado la crisis económica pero recurre a cifras del Banco Central de Venezuela para decir que la crisis es anterior a las sanciones, sin hacer referencia a la guerra de los dólares, el ataque al bolívar desde Colombia y el boicot a los bonos soberanos de la república en los mercados internacionales que ha obligado a la República a pagar más de 17 mil millones de dólares en deudas que no ha podido refinanciar ni negociar como el común de los países.
Aunque el informe es sobre los derechos humanos, al referirse a la economía el informe dice que hay que hacer reformas estructurales sin decir cuáles.
Cuando aborda el tema de la libertad de expresión restringe éste a los medios y a los periodistas, una frecuente confusión intencionada entre libertad de prensa y libertad de expresión como derecho humano. Se refiere a cierre de periódicos, radios y TV sin dar un solo dato o caso concreto y su cierre lo atribuye a censuras del gobierno y no a la crisis económica que dice padece el país.
El informe asegura que los Consejos Comunales, los Clap y otras organizaciones sociales, que en su mayoría están conformados por mujeres, hacen trabajo de inteligencia, es decir, espían para el Gobierno. No dice en que datos soporta tal afirmación, más cuando párrafos anteriores dicen que las mujeres tienen un rol principal y mayoritario en la organización social, en las protestas y son las principales víctimas de la represión gubernamental ¡a ver! ¿O espían para el gobierno o son las líderes del movimiento social en el país?
El informe de la Alta Comisionada acusa a todos los cuerpos de seguridad del estado de violar de manera recurrente los derechos humanos de los venezolanos, pero no da ni un solo caso, no menciona cifras, ni frecuencia, ni lugar ni tiempo de esas violaciones. Dice que eso ocurre desde 2014 pero no menciona las guarimbas de ese mismo año ni la violencia insurgente que recorrió al país animada por dirigentes de oposición y con dineros llegados de otros países.
De la misma manera el informe arremete contra el Ministerio Público, los tribunales del país y el Gobierno en general a quienes acusa de no defender los derechos de los venezolanos pero igualmente no menciona casos, situaciones, hechos, que puedan constatar un patrón de violación de los derechos humanos, es, simplemente, la opinión de quien redactó el informe que se parece bastante a la de Leopoldo López, por ejemplo.
Ahora bien, si en Venezuela hay violación de los derechos humanos lo mínimo que debió hacer el equipo de Bachelet cuando vino fue documentar, sistematizar y registrar los casos, los hechos para que en consecuencia puede haber justicia y puedan repararse a las víctimas, pero ni si quiera dice ¿Quiénes son las víctimas?
En el mismo estilo el informe se refiere a leyes y reformas legales que serían contrarias a la Constitución y atentan contra los derechos de los venezolanos, pero no dice cuáles son esas leyes o reformas. Igualmente habla de detenciones arbitrarias en el sector sindical sin revelar casos ni frecuencia y al hacer una difusa referencia a las protestas de las enfermeras asegura que fueron acosadas, amedrentadas u humilladas sexualmente.
Llama la atención que el informe haga recurrentes alusiones en diversos temas a asuntos de tipo sexual.
El informe de la Alta Comisionada innova en materia de legislación al legalizar el magnicidio y el golpe de Estado como formas de lucha políticamente válidas, pues se queja amargamente de que se le haya levantado la inmunidad parlamentaria a los diputados implicados en ambos hechos, cosa que no niega, incluso, afirma que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, llamó el 30 de abril pasado a los militares a desafiar al Gobierno y a desertar, es decir, a dar un golpe de Estado, lo cual es ahora un derecho humano.
El “informe” está plagado de generalidades, suposiciones y aseveraciones sin una argumentación o datos claros y confiables cuando se refiere a detenciones arbitrarias, supuestas ejecuciones extrajudiciales y torturas. Sus fuentes para este caso son las ONG de la oposición conocida como Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Violencia que han participado y apoyado abiertamente todos los planes de la oposición violenta para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En ocasiones da la impresión de que el informe fue escrito por varias manos o editado por un tercero pues después de aseverar que el gobierno recurre sistemáticamente a las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias y a las ejecuciones extrajudiciales sin aportar una prueba o caso en particular agrega que según información del Gobierno, en el caso de las FAES “cinco miembros de las FAES han sido condenados por homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, por hechos ocurridos en 2018. Además, 388 miembros de las FAES están siendo investigados por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos entre 2017 y 2019”.
¿Cómo se explica que si hay un patrón de violación de los derechos humanos los funcionarios implicados son consecuentemente investigados y castigados por el Estado? 
El informe, además, asevera que el Gobierno les dio libre acceso a las cárceles y centros de reclusión del país, les solicitó apoyo para atender casos específicos y está dispuesto a que se instale de manera permanente una oficina de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU de manera permanente en Venezuela? Esa cooperación para que se le investigue no es coherente con un Estado que se supone viola los derechos humanos de la población.
El informe mezcla intencionalmente sus comentarios sobre los planes de seguridad del gobierno para luchar contra la delincuencia con sus comentarios sobre las protestas de tipo político, pero en ambos casos, como es el tono general del documento, no aporta datos, ni casos, ni situaciones concretas.  
La guinda del informe Bachelet es la afirmación de que el programa de televisión del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, viola los derechos humanos.
Por estas y por algunas otras razones que serían más extensas de explicar el informe es una estafa y una burla para quienes esperaban que la visita de la Alta Comisionada y su posterior informe ayudara realmente a lograr salidas a la crisis política que se expresa en lo económico y a los problemas de violencia que tenemos en el país.
El informe obvia flagrantemente y cuando no justifica las situaciones de conflicto que se han creado en el país desde la llamada La Salida de Leopoldo López en 2014 hasta la actual autoproclamación de Guidó por mediación y apoyo del gobierno de los EEUU que además ha apretado el torniquete sobre la economía del país, sobre sus finanzas, financió el ataque al bolívar y la dolarización con dolor del país.
El informe es también una estafa porque si en Venezuela hay violación recurrente de los derechos humanos la Alta Comisionada de la ONU se ha hecho cómplice de ellos al reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al no denunciar los casos con las especificaciones legales de rigor que puedan ayudar a hacerle justicia y a reparar a las víctimas. Es un documento oficioso, inútil.
El gobierno y la oposición tenían diferentes y encontradas expectativas con la visita de Bachelet, creo que ambos deben estar decepcionados por la gestión de la Alta Comisionada que si hubiera hecho la tarea, si se hubiera centrado realmente en el asunto de los derechos humanos que no pueden asumirse desde una parcialidad política el país contaría hoy con un documento con base al cual construir acuerdos, diálogos, rectificaciones necesarias y no con otro motivo más para la diatriba que nos consume.