Imagen de archivo del presidente de Ruanda, Paul Kagame, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Foto: AFP.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaron este lunes en Viena que han iniciado negociaciones concretas con Ruanda para crear el primer centro de deportaciones de la Unión Europea fuera de su territorio, según la FAZ. El proyecto piloto podría entrar en funcionamiento en la primavera o el verano de 2027 e internaría inicialmente a unas 100 personas (alrededor de 20 por país participante) cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas de forma definitiva y que no pueden ser devueltas directamente a sus países de origen, según Euronews. No consta que el centro esté operativo ni que se hayan producido traslados por el momento. El anuncio formal se produjo este lunes en la Conferencia de Viena sobre Migración, y el inicio de la actividad se proyecta para 2027, según las mismas fuentes.
Los cinco países llevan meses urdiendo en el plan. El pasado septiembre visitaron Kigali para negociar los detalles y en una cumbre en Copenhague fijaron el objetivo de cerrar antes de final de año un acuerdo con un tercer país. Eligieron Ruanda porque se impuso frente a otras candidaturas como Uganda y Uzbekistán, según la radio pública bávara BR.
El modelo se apoya en la reforma de la normativa europea de retorno aprobada en junio, que permite por primera vez establecer centros de retorno en países terceros, y no prevé tramitar las solicitudes de asilo en Ruanda: los procedimientos seguirían realizándose en Europa. Las personas deportadas recibirían “un permiso de residencia, podrían moverse libremente y trabajar”; en Ruanda, mientras se organiza su salida hacia los países de origen. El ministro de Asuntos Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe, confirmó el 4 de noviembre las conversaciones con Dinamarca, y Kigali insiste en el término “centro de acogida” frente al de “centro de expulsión”.
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, impulsa la iniciativa, pero el socio de coalición, el SPD, la cuestiona por razones meramente técnicas y de presupuesto, no por desacuerdos de fondo. El diputado Sebastian Fiedler señaló que el presupuesto federal de 2027 reserva 20 millones de euros para el proyecto piloto, lo que considera “desproporcionadamente caro” para 40 plazas alemanas, según Handelsblatt.
Por su parte, los diputados Rasha Nasr y Hakan Demir advirtieron de que en Ruanda se producen detenciones arbitrarias y torturas, con el precedente británico sobrevolando el debate: el plan del que fuera primer ministro Rishi Sunak, que pretendía externalizar todo el procedimiento de asilo, fue bloqueado por el Tribunal Supremo del Reino Unido en 2023 por las deficiencias del sistema ruandés, y el Gobierno laborista de Keir Starmer lo abandonó en 2024.
El modelo europeo se presenta como más limitado, pero las organizaciones de derechos humanos cuestionan igualmente las garantías de protección y no devolución. El jurista Daniel Thym, citado por Deutschlandfunk, reconoce que quedan “cuestiones jurídicas abiertas”. Euronews advierte de que no consta un límite temporal para la estancia, por lo que algunas personas podrían permanecer años en Ruanda, bajo condiciones cuestionables y sin ser devueltas a sus países.
Sánchez rechaza los centros de deportación fuera de la UE mientras financia cárceles de migrantes en Mauritania
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió este lunes ante el acuerdo sobre el “centro de retorno” de Ruanda, asegurando que no le ve “futuro ni humanidad” y defendió lo que él denomina como “políticas de cooperación” con países de origen y tránsito, “la lucha contra las mafias” y la “migración circular” con Marruecos, según EFE. Cuando Sánchez habla de “políticas de cooperación” se refiere, por ejemplo, a los dos centros de detención de migrantes en Mauritania (en Nuakchot, con 107 plazas, y Nuadibú, con 76) que construyó y financió su Gobierno, que incluyen cunas para bebés lactantes y permiten privar de libertad a menores, una práctica prohibida por la legislación española, según la investigación de El Salto. La Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) del Ministerio de Asuntos Exteriores adjudicó los contratos por 1.080.625 euros a la constructora CADG sin concurso público, con fondos del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE, y una fuente española implicada reconoció que “se trata obviamente de centros de detención”. Los centros llegaron después de la primera Reunión de Alto Nivel España-Mauritania, en julio de 2025, en la que ambos gobiernos firmaron una declaración para “profundizar la colaboración en favor de una migración segura y ordenada y luchar contra la de carácter irregular” y la UE anunció más de 500 millones de euros.