La Compañía de Jesús ha expulsado de la orden y del estado clerical al sacerdote Francesc Peris, de 84 años, por abusar de menores en Cataluña y Bolivia desde 1974 hasta 2005. “La Compañía lamenta profundamente el mal causado y asume su responsabilidad moral e institucional por sus errores en el pasado”, ha afirmado la orden en un comunicado difundido este lunes. El caso fue destapado por EL PAÍS en 2021, cuando entregó al Papa Francisco un informe con el nombre de 251 clérigos acusados de pederastia y que provocó una investigación sin precedentes en la Iglesia española. En ese dossier se incluían nombres de varios jesuitas, entre ellos Peris. Pero la orden no hizo nada hasta mayo de 2023, después de que este periódico publicara nuevas acusaciones contra este sacerdote en Bolivia, donde fue trasladado temporalmente en 1982. La orden negó que tuviera conocimiento de estos hechos, pero terminó reconociendo el cambio de destino de Peris, que luego regresó a Barcelona y que siguió abusando de menores hasta 2005, año en el que fue apartado por “conductas inapropiadas”. La base de datos de este diario contabiliza que Peris abusó de al menos 22 niños y niñas a lo largo de 30 años.
Los jesuitas han entonado con esta nota un mea culpa poco habitual entre organizaciones religiosas, que normalmente se niegan a informar de las resoluciones de los procesos canónicos que ejecutan: “La Compañía de Jesús reconoce y condena los errores graves que cometió en el pasado”. Del mismo modo, muestran su “reconocimiento a las víctimas por haber tenido la valentía y el coraje de denunciar los abusos sufridos, lo que ha contribuido al esclarecimiento de la verdad”.
La primera acusación contra Peris que salió a la luz fue de un alumno del colegio Casp de Barcelona que escribió a este periódico hace ocho años. Los hechos ocurrieron a comienzos de los setenta. “Los abusos fueron encubiertos por la dirección del centro y la asociación de padres”, señaló este denunciante, que no se identificó como víctima. La primera afecta en contarlo fue Juana (nombre ficticio), mujer boliviana que se animó a contar su historia después de que estallara el escándalo de pederastia en la Compañía de Jesús en su país. Todo sucedió cuando estaba como internas en el colegio Juan XXIII de Cochabamba. Tenía 14 años y cuenta que una noche del curso de 1983 se despertó tras sentir unas manos entre las piernas: “Cuando miré debajo de las colchas vi unos ojos claros, brillantes. Eran los ojos del jesuita catalán Francesc Peris. Me moví, no quería que me tocara. Me hizo callar con su dedo: ‘Shhhh’. Esa fue la primera vez”.
Poco después de contarlo a varios compañeros, Peris (apodado en Bolivia como Chesco) abandonó el centro y volvió al colegio de Casp de los jesuitas en Barcelona, donde pronto comenzó a ser conocido como Sex Penis, por la actitud de “sobón” que tenía con las alumnas. El relato de Juana movilizó a más de sus víctimas, que contaron sus casos y pidieron responsabilidades a la orden. Una de ellas fue Marta. Relató a este periódico que las agresiones que sufrió ocurrieron en 2004 cuando tenía 14 años durante una excursión en Semana Santa a Zuriza, en el valle de Ansó (Huesca). “Un día, estaba con mis amigas del equipo de gimnasia haciendo acrobacias en la hierba, me caí y se me salió el codo de sitio. Como estaban por allí los padres de un alumno, el padre me puso el codo en su sitio, y Peris decidió que no tenía que ir al hospital. Él mismo me haría las curas en su cuarto”, relató Marta, que añadió: “Allí, me hizo desnudarme de cintura para arriba y me empezó a poner cremas en el brazo, rozándome los pechos todo el tiempo. Yo iba sin sujetador”.
Marta se lo contó a sus padres y estos pidieron una reunión con la directora del colegio jesuita de entonces. “Me escuchó con cara de póquer, sin mostrar ningún tipo de emoción, y cuando terminé, me dijo: ‘¿Tú te das cuenta de lo cruel que eres?’. Lo justificó, lo defendió, y lo describió como un hombre genial que todo lo había hecho por ayudar. (…) “Me preguntaron qué quería y yo dije que quería que lo echaran ya. Y lo sacaron, a mitad de 2005. Lo mandaron a proyectos con adultos”, explicó.
Esta víctima junto con otra decena denunciaron los hechos, prescritos ante la justicia penal, ante los jesuitas y estos abrieron una investigación canónica. Tres años después han concluido con una sentencia que incluye la expulsión del estado clerical, “la pena más grave y de carácter permanente prevista por el Derecho Canónico para este tipo de delitos”. Esta decisión supone que Peris ha perdido “todos los derechos, responsabilidades y funciones propias del estado clerical y queda excluido del ejercicio del ministerio sacerdotal”, ha informado la Compañía en el comunicado.
La decisión de expulsar a este jesuitas fue del superior general de los jesuitas en Roma, el venezolano Arturo Sosa. “La conclusión de estos procesos no repara por sí misma el daño causado ni pone fin a la responsabilidad moral e institucional de la Compañía de Jesús hacia las personas que sufrieron abusos sexuales por parte de uno de sus miembros”, ha indicado la orden, que pide perdón a los afectados y se ha comprometido a escucharles y repararles.
Pese a esto, queda en el aire que ocurrirá con las víctimas en Bolivia. En Cochabamba, donde estuvo Peris, los jesuitas españoles no tienen competencia para investigar ni para reparar a las víctimas, sino que es la Compañía de Jesús Boliviana la que debe hacerlo. Pero en tres años desde que estalló el escándalo ningún afectado ha sido reparado. Al menos una docena de jesuitas españoles (la mayoría fallecidos) están acusados de abusar de al menos medio millar de niños bolivianos. El comunicado de los jesuitas españoles choca frontalmente con la política de los latinoamericanos, que se niegan a informar de los casos que conocen y cuántos procedimientos canónicos han abierto.
Por otro lado, los jesuitas españoles han informado en su comunicado que han llegado a un acuerdo con Peris para que se quede viviendo en una residencia de la orden donde esté vigilado constantemente y bajo una serie de normas: “No tener ningún tipo de contacto con menores o adultos en situación de vulnerabilidad, no salir o ausentarse de la casa sin permiso expreso, no ponerse en contacto con ninguna víctima, no recibir visitas sin permiso expreso…“. El caso de Peris también fue denunciado ante los tribunales españoles, pero en 2025 confirmaron que los hechos estaban prescritos.