Jessica Dos Santos Jardim / Truthdig
El «mayor acuerdo petrolero de la historia» fue anunciado casi simultáneamente por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 28 de agosto. Sin embargo, muchos venezolanos no se enteraron hasta el día siguiente, debido a que los apagones masivos —que alcanzaban hasta 16 horas diarias y eran causados, en parte, por el aumento en la producción de petróleo— les impidieron acceder a las noticias.
Un mes después, en las Naciones Unidas, Trump se jactó de haberse quedado con el «botín» de Venezuela, mientras que Rodríguez afirmó que el acuerdo con Estados Unidos contribuiría a resolver las necesidades energéticas de «el hemisferio y la economía internacional». Ante esto, los venezolanos se preguntaron: ¿qué hay de nuestras propias necesidades energéticas y de nuestra economía?
El acuerdo petrolero, cuyos detalles legales y operativos aún se desconocen, abarca la explotación de 17 yacimientos y 65.000 millones de barriles, lo que equivale al 20 % de las reservas totales de Venezuela —las mayores del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles—. Las empresas estadounidenses invertirán 100.000 millones de dólares en la explotación de estos yacimientos; una cifra que, según las proyecciones del gobierno venezolano, se traduciría en más de 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales para Venezuela a lo largo de la vigencia del contrato.
El anuncio suscitó interrogantes y críticas desde diversos sectores del país, centradas en la falta de información y el posible impacto sobre la soberanía. En respuesta, Rodríguez intentó explicar los beneficios del acuerdo durante una alocución televisada a nivel nacional, señalando: «¿Cuánto recibe Venezuela? Basándonos en un precio de 65 dólares por barril… los ingresos para el Estado alcanzarían los 209.300 millones de dólares. En términos concretos, esto significa que, por cada barril producido y vendido, aproximadamente 19 dólares van a parar a [Venezuela]».
El petróleo es el motor de la economía venezolana. Actualmente, representa el 71 % del total de las exportaciones del país, pero gran parte de esos ingresos se destina a Estados Unidos. En el primer trimestre de este año, de un total de 7760 millones de dólares en exportaciones, 5500 millones provinieron de la actividad petrolera. A medida que avanzaba el discurso del presidente interino, a muchos de nosotros nos surgieron aún más dudas.
Pocas horas después, el economista venezolano Francisco Rodríguez resumió algunas de las preocupaciones del país: «¿Los ingresos fiscales proyectados… corresponden a montos nominales, a montos ajustados por inflación o a valores presentes netos? Un monto nominal de 19 dólares por barril en 2051 —el último año del proyecto— equivaldría a un valor real de unos 9 dólares a día de hoy».
«Los 209 000 millones de dólares equivalen, a lo largo de 25 años, a unos 8400 millones de dólares anuales; una cifra relativamente baja en comparación con los ingresos fiscales que Venezuela ha obtenido en el pasado con niveles de producción similares. La cifra sería aún menor si se trata de un total nominal». Según datos del Banco Central de Venezuela, solo en 2008, el país obtuvo la cifra récord de 82 800 millones de dólares por la venta de petróleo.
Contradicciones
Más tarde, Trump contradijo el plazo de 25 años mencionado por Delcy Rodríguez, al afirmar que el acuerdo implicaría un siglo de concesiones. El economista Francisco Rodríguez señaló que extraer 65.000 millones de barriles en 25 años sería imposible debido a la falta de infraestructura.
«¿Qué derechos adquiere Estados Unidos sobre estos recursos después de 25 años? ¿Puede un futuro gobierno venezolano decidir retirarse de este acuerdo si no le parece bien?», cuestionó.
¿Y por qué no habría de parecerles bien? Trump afirmó en Truth Social que Venezuela comenzará a abastecer la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos de inmediato, a modo de «regalo». Nadie sabe exactamente qué significa esto; sin embargo, desde la intervención militar del 3 de enero, los ingresos generados por la venta de petróleo venezolano —cuyo monto también se desconoce— ya se encuentran «bajo custodia» del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
«No parece que Venezuela vaya a obtener beneficios significativos a largo plazo. Es como estar en el piso menos 18 y subir al menos 10», comentó a Truthdig, desde La Haya (Países Bajos), el investigador venezolano Blas Regnault, especialista en política energética y gobernanza petrolera.
«Podría producirse una reactivación indirecta de la economía gracias a los empleos indirectos que tal vez surjan en algunas regiones. Pero hay que tener en cuenta que el país ha estado sometido a un bloqueo total —ha sido asfixiado—, por lo que cualquier puerta que se abra traerá ciertos beneficios; no obstante, no es el tipo de beneficio que cabría esperar para un país soberano», señaló.
«Ese es otro problema: no existe soberanía alguna sobre el recurso en sí, sobre lo que se está vendiendo. Además, hay mucha opacidad; es como analizar la situación a ciegas».
«No parece que Venezuela vaya a obtener un beneficio generalizado a largo plazo».
Esta «opacidad» es, además, ilegal. Los artículos 150 y 187 (numeral 9) de la Constitución de Venezuela establecen que los contratos de interés público nacional con Estados o entidades extranjeras requieren la aprobación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, aunque la Asamblea respaldó el anuncio del acuerdo el 1 de septiembre, su presidente, Jorge Rodríguez, señaló que este aún no había sido «presentado» ante el poder legislativo. Un mes más tarde, afirmó que, «según algunos expertos jurídicos, no es necesario que sea sometido a revisión».
Resulta evidente que Venezuela vuelve a ser —tal como ocurrió durante gran parte del siglo XX— una especie de «provincia petrolera de Estados Unidos», señala Regnault. «Recuperar la soberanía no será tarea fácil, dado que Venezuela resulta estratégica para los intereses estadounidenses».
«Por otra parte, cabe destacar que China se ha convertido en un actor clave a nivel mundial. Hoy en día, China desempeña el papel que antaño ejercía Arabia Saudita: recortar la producción para impulsar el alza de los precios. Durante la crisis en el estrecho de Ormuz —tras el bloqueo naval a Irán—, se reveló que China contaba con mayores reservas de lo que se creía; esto evitó que la crisis se agravara y que el precio del petróleo alcanzara los 150 dólares».
Precisamente por este motivo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el hecho de que varios de los yacimientos petrolíferos incluidos en el acuerdo estuvieran anteriormente «bajo el dominio de China, Rusia e Irán». Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha decidido mantener las sanciones contra Venezuela, impidiendo así la entrada de nuevos actores económicos. De hecho, a finales de septiembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. —a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros— actualizó su política de licencias petroleras para Venezuela mediante las órdenes 46E, 48D y 49B; estas favorecen a las empresas estadounidenses, pero mantienen una prohibición absoluta para Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte y China.
«El gobierno [venezolano] ya ha modificado la Ley de Hidrocarburos para intentar crear condiciones más favorables para los inversores en el sector del petróleo y el gas; pero… el problema [de Estados Unidos] no es el abastecimiento interno. Necesitan monopolizar las reservas energéticas, los mercados y los precios a nivel mundial para poder imponerse en el resto de sus actividades económicas», explica a Truthdig, desde Caracas, el experto petrolero David Paravisini, refiriéndose a una reforma legal aprobada el 29 de enero que abrió la puerta a la gestión técnica y operativa, así como a la comercialización directa, por parte de empresas privadas. En su opinión, para Venezuela, este acuerdo constituye una «búsqueda» diplomática para sobrevivir.
Personas bloquean una calle durante una protesta contra los cortes de electricidad en Valencia, Venezuela, el 2 de octubre de 2026. (Foto AP/Jacinto Oliveros)
Trump también mantiene parte de su apoyo interno al presentar a Venezuela como la gran victoria económica y geopolítica de su administración, especialmente después de que la guerra contra Irán —que, en teoría, iba a durar «solo un par de semanas»— alcanzara los seis meses de duración, con un coste superior a los 37.500 millones de dólares hasta finales de julio. De hecho, Trump ha afirmado reiteradamente que este acuerdo petrolero reducirá los costes del combustible dentro de Estados Unidos y que no supondrá «ningún coste para el contribuyente estadounidense».
¿Significa esto que la inversión de 100.000 millones de dólares provendrá de empresas privadas? El acuerdo también contempla la explotación de ocho bloques en áreas aún no desarrolladas, donde se ha detectado la presencia de crudo. Pero, ¿qué ocurrirá si dicha inversión no llega a materializarse? Desde el 9 de enero, Trump ha intentado, sin éxito, convencer a las compañías petroleras estadounidenses de que inviertan en Venezuela.
La corrupción es aceptable si Estados Unidos obtiene beneficios
Hasta ahora, la única empresa de la que se tiene noticia es North American Blue Energy Partners (NABEP), seleccionada el 31 de agosto por la administración Trump para encabezar proyectos de extracción de petróleo en 17 yacimientos venezolanos.
Según la Casa Blanca, el Departamento de Defensa tendrá una participación accionaria del 35 % en NABEP; además, la compañía —registrada en Barbados— otorgará a Washington el derecho a adquirir el 20 % del petróleo que produzca, al costo de producción.
NABEP, que solo ha operado en Venezuela durante dos años, obtuvo el contrato sin un proceso de licitación previo. La empresa pertenece al empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien estuvo bajo investigación por parte de fiscales federales en Florida —hasta enero de 2026— por presunto lavado de más de 1000 millones de dólares provenientes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). El caso fue cerrado de forma repentina por orden del entonces fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche (actual fiscal general), tras una década de investigaciones. Betancourt sigue siendo objeto de pesquisas abiertas en Suiza y España.
Betancourt proviene de una familia de clase media, pero cursó sus estudios en el Instituto Cumbres de Caracas, un colegio privado de orientación religiosa. Allí entabló amistad con Javier Alvarado Pardi, hijo de Javier Alvarado Ochoa, quien más tarde llegaría a ser presidente de Electricidad de Caracas, viceministro de Energía y ejecutivo de PDVSA.
«A pesar de esto, Estados Unidos sigue sin combatir la corrupción venezolana».
En 2009, Alvarado Ochoa presentó a Betancourt y a su firma de ingeniería, Derwick Associates, como la mejor solución para la crisis de generación eléctrica en Venezuela. Betancourt llegó a obtener 12 contratos gubernamentales —adjudicados sin licitación pública y por un valor total de 5000 millones de dólares— que, según Transparency Venezuela y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (financiado, entre otros, por el gobierno estadounidense), o bien nunca se completaron o se ejecutaron de manera deficiente.
¿Por qué Betancourt, entonces? Rubio señaló que Betancourt ya no está bajo investigación en Estados Unidos, que ha apoyado a la oposición venezolana y que ha demostrado su capacidad para producir petróleo. En este sentido, NABEP afirma producir 200 000 barriles de crudo al día, situándose justo detrás de Chevron.
Sin embargo, Víctor Hugo Majano, periodista de investigación venezolano y director del conocido medio *La Tabla*, declaró a *Truthdig* que Betancourt facturó al Estado venezolano miles de millones de dólares en exceso por centrales eléctricas que nunca funcionaron. Majano citó información proporcionada por Thor Halvorssen, activista antichavista y primo del líder opositor venezolano Leopoldo López. Con ese dinero, Betancourt adquirió un jet privado Dassault Falcon y el histórico castillo de Alamín, en España.
Halvorssen sostiene además que Betancourt —vinculado a 50 empresas repartidas en 15 países— realizó pagos a Adam S. Kaufmann, exfiscal de Nueva York, para detener procesos judiciales; a exreporteros del *Wall Street Journal* para desacreditar a denunciantes; y al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, con el fin de atraer al Departamento de Justicia de Estados Unidos a su favor.
«A pesar de esto, Estados Unidos sigue sin combatir la corrupción venezolana. Quieren proteger el dólar y el sistema financiero estadounidense. Solo les preocupa asegurar el flujo de capital, dinero que no esté bajo el control del Estado, es decir, del gobierno [venezolano]», afirmó Majano.
Más petróleo para EE. UU., menos electricidad para Venezuela
Mientras tanto, los venezolanos están pagando el precio tanto de la presunta corrupción de Betancourt como del acuerdo petrolero. En lo que va de año, la producción de petróleo ha aumentado un 29,9%, pasando de 924.000 barriles diarios (bpd) en enero a un promedio de 1,2 millones de bpd. Este incremento ha sido impulsado por la necesidad de suministrar petróleo a empresas estadounidenses y ha agravado directamente la crisis eléctrica del país.
Las autoridades lo reconocen; el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló en mayo que el país enfrenta una mayor demanda eléctrica debido al crecimiento de la producción petrolera, lo cual constituye «un problema muy grave». El Ministerio de Energía Eléctrica también indicó que la demanda ha alcanzado los 15.625 megavatios (MW), «la cifra de consumo energético más alta de los últimos ocho años, lo que representa un incremento del 3,6% en comparación con el pico registrado en 2025».
Sin embargo, esta declaración omite que Venezuela cuenta, en realidad, con una capacidad instalada nominal de aproximadamente 35.000 MW —el doble de la demanda máxima del país—, pero la generación real estable apenas llega a los 11.000 MW. Este déficit es consecuencia tanto de las sanciones estadounidenses como de la corrupción interna; factores que, en conjunto, han derivado en desinversión, falta de mantenimiento, escasez de combustible (las plantas diseñadas para funcionar con gas natural se han visto obligadas a utilizar diésel de baja calidad) y problemas en la transmisión.
¿Qué papel desempeña la producción petrolera? Víctor Poleo, ingeniero eléctrico y exviceministro de Energía y Minas entre 1999 y 2001, explicó a Truthdig que «la industria petrolera nacional consume cerca de 1.500 MW; de esta cifra, unos 250 MW son autogenerados, mientras que los 1.250 MW restantes se extraen del sistema interconectado nacional. Este consumo es constante —las 24 horas del día, los 7 días de la semana— y resulta indispensable para llevar a cabo la extracción de crudo, su transporte, el funcionamiento de bombas y compresores, y las labores de refinación».
High-voltage transmission lines cross the Waraira Repano mountain range overlooking Caracas, Venezuela. (Jessica Dos Santos Jardim)
Poleo, who bases his analysis on studies by fellow electrical engineer Nelson Hernández, says light, medium and heavy crudes are estimated to require between 9 kilowatt-hours and 15 kilowatt-hours per barrel to produce. For extra-heavy Orinoco crudes, the estimate is 24 kilowatt-hours per barrel. “As a result, citizens lose their quality of life so that oil can be produced.”
This deterioration is particularly notable in Zulia state, Venezuela’s so-called oil cradle, where production has risen to between 350,000 and 370,000 barrels per day of light and medium crude — far below the historic peak of 1.5 million bpd in 2004, but a figure that, for its residents, has translated into daily blackouts exceeding 12 hours.
From the Isla Dorada residential complex in northern Maracaibo, capital of Zulia, José Javier León tells Truthdig that power failures “have worsened dramatically.” In his area, outages used to last four hours but now exceed seven.
“In many places there are double rounds, meaning the power goes out in the morning and at night, or at night and then before dawn. All the problems have gotten worse, and we don’t know the real reasons. In the suburb of Cuatricentenario, one of the most working-class areas and where the government had the most electoral support, the cuts are the worst,” he says.
León complains that residents are not alerted when the outages will happen. There is nothing like the electricity rationing schedules of the past, which would at least let them plan better. “In my area, there is no domestic gas, so we have electric stoves. Also, these are apartment buildings, where we have to turn on pumps to get water.” To make matters worse, the temperature in Zulia often reaches 39 degrees Celsius (102 Fahrenheit) because of the humidity.
“Citizens lose their quality of life so that oil can be produced.”
In the Andes, outages add up to as many as 12 hours a day, and 16 hours in rural or border areas. From La Hechicera, an urban neighborhood in the city of Mérida, Silvana Solano tells Truthdig that the power used to go out for seven to eight hours, once a day, “but for the past two months, it goes out twice a day, the first time for seven hours and the other for around five hours, and we can’t predict the schedule. This also affects phone signals, which keeps us from communicating, making payments, etc.”
Some government institutions, including the Mérida mayor’s office, are open only from 8 a.m. to noon. Solano says she is worried that public schools, which operate until 3 p.m., will also adopt this schedule, in turn affecting parents’ working hours. Throughout September, residents of the towns of Caja Seca (Zulia state) and Nueva Bolivia (Mérida state) blocked the Pan-American Highway to protest the power outages.
To Venezuela’s north, on the famous Margarita Island, Alejandro Pérez tells Truthdig there are areas that have gone seven to eight months without water service. “Here we pay for water trucks, $50 for 10,000 liters of water, sometimes with $60 we get 13,000 liters, but you have to pay in foreign cash or at the parallel rate because the Central Bank of Venezuela exchange rate isn’t accepted here.” The black market or informal exchange rate is worth more, for those with foreign currency, than the official exchange rate.
Unlike other Caribbean islands, Margarita doesn’t have significant natural sources of fresh water. Some 90% of the area’s water comes from the mainland, crossing the sea through underwater pipelines that require gigantic pumping stations.
The contradictory rhetoric and the endless problems we face daily mean that, according to the latest AtlasIntel poll conducted for Bloomberg News, only 10% of Venezuelans believe the country will benefit from the oil pact with the U.S. — data that also aligns with the most recent study by the firm Meganálisis, the same one that after Jan. 3 said 92.2% of Venezuelans loved Trump. Emotions change, social problems persist, and without electricity, no economic improvement will be possible.