Propuestas para que la nueva ley de universidades sea verdaderamente nueva. Tercero de varios

Manuel Gragirena

 

En las universidades hay un cogobierno, herencia de las luchas estudiantiles de principios del siglo XX para democratizar la institución, pues para entonces —a inicios de esa centuria— las universidades seguían inmersas en estructuras medievales con dominación de la Iglesia católica.

Tal vez fue la aceptación de incluir un «cogobierno» en la Ley de Universidades de 1970 lo que aplacó la rebeldía universitaria contra los gobiernos de aquella imberbe democracia puntofijista, pues por ley se crearon sendos consejos universitarios, presididos por el rector, pero con participación de representantes gremiales y estudiantiles, todos electos en votaciones tipo macroelección.

Como todo certamen electoral supone candidatos y como todo candidato surge de algún sector de ideología determinada, los cogobiernos universitarios también fueron permeados por la política nacional. Y es así como las mesas de consejeros se convirtieron en parlamentos en donde todo se sabe: si un profesor requería de alguna aprobación para un proyecto, debía —y el asunto sigue vivo— hacer lobby en los gremios de empleados, en los representantes de los profesores y en los representantes estudiantiles. Y el lobby es el germen del clientelismo.

Estuve investigando y me di cuenta de que en las universidades más exitosas del mundo no hay cogobierno. Es decir, los regentes son científicos de peso, líderes industriales, expertos financieros y miembros de la sociedad civil que evalúan resultados; allí los asuntos a discutir son oportunidades de investigación, vinculación con el entorno y resultados o productos que la universidad ha logrado.

Llevar al Consejo Universitario el informe de trabajo de ascenso de un profesor para que sea aprobado —luego de que ese trabajo ha sido revisado por sus pares, conformados como un tribunal— es sencillamente un punto de agenda que consume tiempo. Lo mismo pasa con muchísimos aspectos administrativos que son netamente ejecutivos, es decir, que se deben resolver al nivel de toma de decisiones de a quien le corresponde la responsabilidad. Pregunto: ¿por qué tiene que discutirse en un consejo universitario si una persona requiere de un permiso por motivos de salud, por ejemplo?

Puedo estar de acuerdo en que los estudiantes exijan o propongan aspectos para mejoras; es más, también estoy de acuerdo en que los estudiantes denuncien. Pero vamos a estar claros: los estudiantes no tienen la certidumbre para decidir sobre presupuestos, contrataciones de profesores ni rumbos administrativos.

También debemos reconocer que una universidad no es ni puede comportarse como una «república independiente» ni como un parlamento político, pues la universidad es una institución de alta precisión orientada a la ciencia, la tecnología y la vinculación productiva.

Para el caso de los institutos universitarios politécnicos y tecnológicos —o, si lo prefieren, las universidades experimentales—, un consejo universitario sin vinculación con el entorno (pues este tipo de universidad se crea para complementar lo faltante en una región) requiere de un consejo universitario con un nexo directo, vinculante y activo con el sector productivo de la región.

En Venezuela existen organismos como Corpozulia, la CVG, institutos de tierras, institutos de salud, corporación de minería y los denominados entes adscritos a ministerios, como el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología: actores que deben su existencia a la necesidad de investigación y solución de problemas. Es necesario que un consejo universitario sea elevado a una categoría superior que incluya al ente o a los entes que conforman el entorno, la razón de ser de este tipo de universidad.

Voy a dar un ejemplo muy simple para que se observe la magnitud del divorcio: para que un estudiante de ingeniería metalúrgica o de ingeniería eléctrica consiga una pasantía en las empresas mineras de Guayana, las de la CVG, o logre una pasantía en Corpoelec, a nivel de las centrales hidroeléctricas, necesita de una palanca… Es más, se da el caso de que se le exige ser hijo de uno de los trabajadores. No doy nombres, no quiero peleas, pero no estoy exagerando ni mintiendo… hasta allí. Con el ejemplo, que espero sea tomado de la mejor manera, trato de ilustrar el grado de aislamiento entre la universidad nacional y la industria nacional. Para todo lo demás, esperemos que se tome en cuenta en el debate de la nueva ley la participación de tales instituciones gubernamentales, descentralizadas o no.

El cogobierno de las universidades, en especial el de las instituciones que tienen por misión alimentar de profesionales al entorno donde están instaladas, no solo requiere de la participación de estudiantes y gremios: necesita del aporte, orientación, colaboración y —por qué no— de la exigencia de las empresas objetivo.

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