Manuel Gragirena
La Ley de Universidades existe desde septiembre de 1970. Fue consecuencia de los convulsos años sesenta, con guerrillas urbanas y con la UCV como uno de los centros más contestatarios a la todavía joven democracia «puntofijista». Con esa ley se envolvió dentro del discurso de la autonomía universitaria a la propia autonomía, pues si la revisamos hoy, después de 56 años de vigencia, sobreviven las instancias creadas en la ley del 70 para contener la inestabilidad política de la época: el Consejo Nacional de Universidades y la oficina administrativa OPSU.
Por definición, una universidad es una comunidad. La comunidad de maestros y estudiantes (universitas magistrorum et scholarium) degeneró en la palabra universidad a secas, y por la elemental condición humana de necesitar siempre a quien obedecer y de quien recibir el sustento, la universidad pasó de ser una comunidad a ser una dependencia gubernamental o una propiedad privada, es decir, universidades oficiales y universidades privadas.
También por definición, la universidad no nace para graduar personas y entregar títulos —títulos que la modernidad y las revoluciones desplazaron de los títulos nobiliarios, pues ahora al nombre de una persona se le suma el «licenciado» o el «ingeniero», como antes eran marqueses, condes, duques, caballeros y demás—. Las universitas de maestros y estudiantes surgieron para el estudio del entorno, de los fenómenos físicos, de las transformaciones materiales y hasta las transformaciones sociales, y producto de los logros de maestros o estudiantes surgía el grado o promoción, un reconocimiento colectivo al saber y al aporte; de allí que todo estudiante universitario culmine su escolaridad formal con un informe relativo a una investigación.
Volviendo al tema de la autonomía, elemento que de seguro es y será el vector que apunta hacia una nueva legislación, se reduce a tres simples cosas: la libertad para planificar, organizar y ejecutar programas de investigación, docencia y extensión; la facultad para elegir a sus propias autoridades y designar al personal docente, de investigación y administrativo; y la seguridad de poseer patrimonio propio, independiente del Fisco Nacional.
Bueno, déjenme decirles que ninguna es posible: hay que investigar y proponer soluciones a los problemas de nuestro país, hay que colocar en la administración de los recursos del Estado a personas idóneas, eficientes y obedientes, y el patrimonio universitario son bienes nacionales para el caso de las oficiales y son propiedad privada en el caso de las particulares.
Con esto quiero decir que, si se va a discutir y legislar sobre una nueva ley de universidades, es conveniente que observemos el asunto de manera pragmática, aterrizada, pues hay aspectos que verdaderamente pueden mejorar a las universidades y que pueden venir con una nueva ley.
Por ejemplo, las universidades están administradas por cuatro profesores, todos doctores, todos extraídos de la academia y sepultados en la administración de recursos. Y es así como un doctor con investigaciones y publicaciones científicas termina secuestrado en interminables reuniones para decidir si se va a comprar o no papeleras con tapa con accionamiento de pedal o si es preferible que no tenga tapa; total, en las aulas la basura es cada día menor pues ya ni se usa el sacapuntas… y se los juro, no exagero. El ejemplo puede ser otro, simplemente escogí este.
El presupuesto, el pago de nóminas, el mantenimiento de la universidad, los proveedores de alimentación, los proveedores de transporte, la vigilancia y hasta el pago de los servicios públicos es un asunto que puede y debe funcionar bien con el personal administrativo regular; para eso tienen una carrera administrativa. Así que un consejo de profesores y un consejo universitario simplemente deben reclamar y evaluar como un cliente.
El rector debe regir los destinos de la universidad. Volviendo a los orígenes de la comunidad, el rector era el sacerdote encargado de guiar espiritualmente a su grey, y por eso en las universidades medievales se utilizó el término rector para referirse a quien debía presidir, administrar y mantener el orden en la comunidad universitaria. El magnífico rector… al convertirse en cuentadante, termina aislado de la academia, al punto que sabemos de casos en donde un rector pasa años sin caminar por las aulas donde dictó clases quince años o más; y si esto ocurre en lo físico, en lo académico es peor, pues ya no es consultado sobre temas en donde es un sabio, un doctor, sino consultado por la orden de compra para reponer los herrajes de las pocetas. Y ojo, las pocetas son súper importantes.
Cualquiera puede suponer que estoy proponiendo suprimir la atribución administrativa, y con toda franqueza digo que no, no se trata de eso; se trata de proponer en las universidades una especie de director ejecutivo, una persona con un cargo administrativo que se dedique y responda a estos importantísimos asuntos, con el conocimiento específico sobre leyes y procedimientos administrativos.
Otro asunto interesante para una nueva y novedosa ley de universidades es reconceptualizar las universidades nacionales experimentales, los institutos universitarios politécnicos, las universidades territoriales politécnicas y los institutos universitarios de tecnología… instituciones educativas con nombres kilométricos debido a la necedad de incluir en el nombre mismo las características limitativas, pues a la final, siempre que se agrega un adjetivo calificativo se está delimitando. Ejemplo: en un saco puede haber guayabas, pero si solo se piden guayabas maduras se restringe la entrada al saco de las verdes, aunque les falte días para cumplir la condición.
Lo de «experimental» no sé quién lo inventó, pero es algo extraño para otros países. Miren, en el mundo académico universitario solo hay universidades para la investigación y universidades docentes.
Las de investigación son las que centran sus esfuerzos en la investigación y la generación de teorías, conocimientos y descubrimientos. Son la universidad científica por excelencia.
Luego, las universidades docentes son las enfocadas en preparar el recurso humano. Su misión es formar ingenieros, técnicos y licenciados, razón por la cual su administración y su orientación responden directamente y de manera flexible a las necesidades del Estado-nación, pues deben proveer al país de los profesionales requeridos en áreas de conocimiento y en zonas del territorio nacional. De allí que sus programas, planes de estudio y ofertas académicas son revisables y modificables a nivel de gobiernos.
En este lote están las universidades politécnicas y tecnológicas, centradas casi exclusivamente en ingenierías, ciencias exactas, tecnología y arquitectura. Ejemplos son la École Polytechnique francesa, el INT de telecomunicaciones de Francia, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Politécnico Nacional de México, la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, la Universidad Técnica de Múnich, etc. Observen que en sus nombres usan indistintamente la palabra universidad o la acepción de instituto, pues son «universidades experimentales» para que los gobiernos experimenten nuevos currículos, nuevos lapsos, nuevos procesos y, por sobre todas las cosas, se vinculen o sean parte de sus parques tecnológicos.
También entran dentro de estas universidades docentes las escuelas de arte, las universidades pedagógicas y las universidades para formar especialistas, incluyendo médicos.
Quienes venimos de un IUT conocimos la mirada con entrecejo fruncido, pues en muchas ocasiones dudaron de que un TSU fuese un profesional universitario de verdad. Quienes estudiamos en un IUP también padecimos de ese complejo de inferioridad institucional o la manía reguladora de etiquetas vacías, pues hubo quien supuso que un egresado de politécnico era un profesional limitado al mantenimiento y la producción, dudando de la capacidad de investigar o alcanzar niveles de doctorado. De allí que hubo una enorme duda existencial que derivó en nombres redundantes como «universidad nacional experimental politécnica» o «universidad politécnica territorial».
No estoy proponiendo que se modifiquen los kilométricos nombres, eso es superfluo; estoy proponiendo que se establezca más y mejor el control del Estado para que las universidades se ocupen y se centren en la razón de la existencia de cada una, sin que esto suponga una estigmatización de sus egresados.
Hay más, pues también debe la nueva ley de universidades revisar el tema de las pasantías y prácticas profesionales. Un elemento que he abordado antes y que resumo aquí como el verdadero puente permanente: un pasante en una industria es la universidad contribuyendo de manera directa en la resolución de problemas, en el estudio de situaciones y en el diseño de soluciones.
La pasantía, la práctica profesional, el entrenamiento industrial y el trabajo de grado son realmente, literalmente, un ejército de miles de jóvenes del último semestre de carrera y miles de profesores orientando, colaborando y evaluando temas y soluciones ajenas —pues al fin de cuentas el problema que se está resolviendo es de la industria—. Si partimos de aceptar que ese joven ya sabe, pues ha sido bien formado en su facultad, esta fase académica es, por antonomasia, una forma de extensión universitaria que debe cuantificarse y valorarse en todos los sentidos y, aunque usted no lo crea, las cuartetas rectorales en poco o en nada se percatan de esto. Es tan sencillo medir la real calidad de una universidad valorando, científicamente por supuesto, la cantidad de pasantes de pre y postgrado y la magnitud, en impacto o en dinero, que sus trabajos de grado, año a año y sector por sector, generan.
Quedan temas por abordar… hasta la próxima