Por ahora.
Manuel Gragirena
Se avecina una nueva ley de universidades y rememoro el vacatio legis que el presidente Chávez le aplicó a la ley orgánica de universidades de la Asamblea de 2008 —la Asamblea roja rojita—, pues recordemos que en el 2008 la oposición, causa de los males republicanos, se negó a participar, quedando como la guayabera.
Aquella ley, sin firma presidencial, contemplaba el fin de la autonomía tradicional y la nueva rectoría del Estado, pues planteaba la educación superior como un servicio público, calificativo que hacía que se rasgaran las vestiduras muchos profesores universitarios ortodoxos, tanto así que me recordaron a Anás y Caifás interrogando a Jesús.
Aquella ley desaprobada por Chávez —y hay que ver lo que eso significó para el chavismo todopoderoso en una asamblea exclusiva— proponía una modificación radical del sistema de elección de autoridades y del cogobierno, pues eliminaba la ponderación tradicional y se equiparaba el valor del voto de profesores, estudiantes, empleados administrativos y obreros, desatando la ira de los gremios profesorales, pues las autoridades las elegirían los estudiantes y no los profesores.
Aquella propuesta ampliaba el poder del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y del Ministerio de Educación Universitaria, pues subordinaba la oferta académica a los «planes de desarrollo económico y social de la Nación».
También la ley devuelta para revisión —y ya han pasado 16 años de aquel episodio— sacudía las estructuras de ascenso y contratación de los profesores, flexibilizando los ingresos de profesores ordinarios, diversificando las formas de ingreso y abriendo la puerta a profesionales e investigadores destacados por su trayectoria práctica o aportes al país. Asimismo, proponía una evaluación integral por desempeño y mérito social para que los ascensos no dependieran únicamente de la acumulación de títulos formales (como maestrías o doctorados) o de la publicación de trabajos de ascenso en cubículos cerrados, sino que incorporara la evaluación del compromiso social, la vinculación con las comunidades y la resolución de problemas concretos del país.
Aplicando aquel dicho popular que reza «deja quieto al que está quieto», Chávez calificó de inaplicable la ley, no por sus revolucionarias propuestas, sino porque no había un dominio pleno de la masa universitaria. Recordemos siempre que gracias a la tradición construida por la ley de 1970 —la puntofijista— y la ley de la inercia, más humana que física, en nuestras universidades muchos siempre insertan en sus discursos la frase «cuando yo estudié…».
Chávez la calificó de «inoportuna» y exhortó a un debate más amplio que nunca llegó a concretarse, pues la universidad es guabinosa y tiesa al mismo tiempo. Sí, en serio: para llegar a un acuerdo en una universidad se necesita que exista un conflicto, es decir, que alguien llegue y le ponga una cadena a la entrada de una facultad y, de ser necesario, al salón de sesiones del Consejo Universitario, con los veintitantos miembros adentro.
Necesario es recordar todo cuanto hemos vivido —desde la muerte repentina del líder, la guerra económica y narrativa contra buena parte de los venezolanos y, peor aún, contra nuestra venezolanidad— para intentar responder a la pregunta: ¿estaremos, en el 2026, suficientemente maduros para comprender que los cambios sobre la universidad, estructura alimentadora de los actores del desarrollo, los graduados universitarios, son necesarios?
Debemos aceptar, todos y sin excepción, que ya no por el discurso visionario o una frase lapidaria, sino por la demostración explícita, por vía de los hechos visibles y medibles, hay una ambición de dominación, ya sabemos por quién, sobre nuestro país. Al punto que nuestro país es el botín de una guerra —aunque si lo analizamos con más profundidad, es un botín de asaltantes—.
¿Tendremos la madurez para desmitificar la educación universitaria como una herencia medieval y apuntalar lo que en la mismísima ley del 70 se define como instituciones al servicio de la Nación?
El Estado venezolano invierte en educación universitaria. Y como república que somos, el Estado es el pueblo de Venezuela, aunque existan seres que suponen y sostienen la estupidez de que el Estado es enemigo del pueblo. Tal inversión de recursos le da al pueblo de Venezuela el derecho y el deber de exigirle a la universidad soluciones tecnológicas y científicas; además de profesionales pertinentes, de calidad y en cantidad. Ahí radica el verdadero sentido de una nueva Ley de Universidades que sea verdaderamente nueva.