Fernando Buen Abad Domínguez
En su aniversario próximo, es necesario examinar la Organización de Naciones Unidas (1945) como el relato de una contradicción constitutiva: una entidad establecida con el propósito de impedir que la humanidad se precipitara en la guerra, pero concebida bajo la distribución inequitativa del poder que posibilitó las guerras del siglo XX y que sigue condicionando el orden internacional. Su tragedia no radica meramente en el incumplimiento de sus compromisos, sino en el intento de establecer una legalidad universal sin contar con una autoridad igualmente universal para su cumplimiento. Todo a la sombra de los mercachifles del belicismo imperial.
Su evaluación debe reconocer una contradicción adicional: la ONU no ha sido sólo una institución de fracasos. Ha llevado a cabo operaciones humanitarias, programas sanitarios, instrumentos internacionales de derechos humanos y misiones de paz. ¿Por qué esos logros conviven con una arquitectura política que permite a las grandes potencias bloquear decisiones cuando sus intereses estratégicos están en juego? Pero declara la igualdad soberana de los estados, y no obstante, otorga a cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad una posición privilegiada a través del poder del veto. Sus buenas intenciones fracasadas no constituyen solamente una decepción moral: plantean un problema estructural. ¿Puede una institución garantizar la justicia internacional cuando su capacidad coercitiva depende, en última instancia, de los estados que concentran el poder militar, económico y diplomático?
Fundada en 1945, sobre las ruinas de ciudades devastadas, millones de vidas perdidas y la experiencia extrema de Hiroshima y Nagasaki, la Organización de Naciones Unidas surgió con un objetivo legítimo: prevenir una nueva catástrofe global, salvaguardar la paz, fomentar los derechos humanos y establecer mecanismos de cooperación entre pueblos autóctonos. Sin embargo, la contradicción apareció desde su origen. La entidad proclamó la igualdad jurídica de las naciones, no obstante, reservó a cinco potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial –Estados Unidos, Rusia como continuadora de la representación soviética, China, Francia y Reino Unido– un privilegio crucial: el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Así, la humanidad quedó representada por una institución universal cuya capacidad para actuar frente a las amenazas más graves depende, en circunstancias cruciales, de la voluntad de un puñado de gobiernos.
Este ilusionismo no se originó de una humanidad reconciliada, sino de una correlación de fuerzas determinada por el triunfo militar y la restructuración del capitalismo global bajo el dominio estadunidense, en medio de la consolidación de la Unión Soviética como una potencia rival. La guerra fría convirtió el Consejo de Seguridad en escenario de confrontación ideológica, vetos cruzados y parálisis diplomática. Aunque las declaraciones oficiales instaban a la seguridad colectiva, las potencias principales establecían alianzas militares, financiaban gobiernos afines, respaldaban operaciones encubiertas y se disputaban territorios, recursos y áreas de influencia.
Esto se complementa con la dimensión económica. La Organización de Naciones Unidas ha participado en la formulación de objetivos de desarrollo, la coordinación de asistencia humanitaria y la instauración de marcos de cooperación. Sin embargo, no ejerce control sobre los principales flujos del capital global, las decisiones de inversión privada, los sistemas tributarios nacionales ni las estructuras de endeudamiento. Es posible denunciar la pobreza, documentar la desigualdad y promover acuerdos; sin embargo, no remplaza la voluntad política de las naciones ni posee una autoridad económica global que pueda redistribuir recursos en función de las necesidades humanas. La contradicción resulta evidente: se proclama la dignidad universal mientras millones de personas continúan expuestas al hambre, la enfermedad evitable, el desplazamiento forzado y la falta de servicios básicos. No todas estas calamidades son atribuibles a la organización; sin embargo, su persistencia invita a cuestionar la distancia entre los compromisos internacionales y sus consecuencias concretas.
Sin embargo, reducir ocho décadas de historia a una sucesión de fracasos sería sustituir el análisis por la condena. La Organización de Naciones Unidas ha desempeñado un papel significativo en la descolonización, la formulación de convenciones internacionales, la inmunización, la asistencia a los refugiados y la coordinación de las respuestas humanitarias. Sus oficinas han brindado servicios específicos a comunidades que, de no haber recibido dicha colaboración, habrían enfrentado circunstancias aún más adversas.
Asimismo, ha proporcionado entornos diplomáticos donde estados de menor envergadura tienen la posibilidad de intervenir, formular denuncias y establecer coaliciones. Esos logros no eliminan sus contradicciones; permiten comprenderlas con mayor precisión. La organización no es omnipotente, pero tampoco es irrelevante. Su habilidad para actuar se encuentra condicionada por mandatos, recursos, cooperación estatal y circunstancias políticas particulares. Y todo intoxicado por la ideología de la clase dominante.
Tantas buenas intenciones burguesas son un fiasco costoso porque no se convierten en instituciones que puedan mostrar dignidad ante los intereses capitalistas. La paz no nace de la retórica, los derechos humanos no se garantizan mediante ceremonias y la justicia no adquiere eficacia por el simple hecho de inscribirse en un documento. Necesitan recursos, procedimientos, responsabilidad política y voluntad colectiva. La Organización de Naciones Unidas representa dicha paradoja: debería fungir como un instrumento esencial de cooperación y como un escenario en el que se erradicaran las asimetrías del orden internacional. Su crítica más perspicaz no demanda la aniquilación de la noción de una comunidad global, sino que plantea la interrogante de por qué dicha comunidad persiste en su organización de manera tan desigual y qué entidades políticas podrían cambiarla. La auténtica evaluación de Naciones Unidas no radicará en la solemnidad de sus declaraciones, sino en su habilidad para transformar la igualdad declarada en una salvaguarda efectiva, la soberanía en responsabilidad y la paz en un estado material inexcusable de la existencia humana.