Tras los terremotos que devastaron algunas zonas de Venezuela, el país enfrenta una amenaza tan letal como previsible, de acuerdo con la historia reciente: el overcompliance o sobreacatamiento sancionatorio. Este mecanismo, que opera a lo largo y ancho del sistema financiero global, constituye uno de los factores más importantes del bloqueo y representa el mayor obstáculo para la reconstrucción nacional.
Como bien ha denunciado el economista Francisco Rodríguez, no se trata de un efecto colateral de las sanciones: el overcompliance es su arquitectura fundamental. Aunque la administración Trump haya emitido “licencias humanitarias” teóricamente destinadas a facilitar la ayuda, la realidad operativa es muy distinta: las instituciones financieras internacionales, aterrorizadas por las multas millonarias del Departamento del Tesoro estadounidense, optarían por bloquear preventivamente cualquier transacción vinculada a Venezuela (otra vez), incluso aquellas formalmente autorizadas. El riesgo reputacional y legal supera cualquier consideración humanitaria; ya Venezuela lo ha vivido consecutivamente durante una década.
Este fenómeno genera una parálisis sistémica con riesgos concretos para el escenario post-terremoto:
Primero, la imposibilidad de importar insumos críticos. La reconstrucción requiere materiales de construcción, equipos médicos, maquinaria pesada y repuestos. Ningún proveedor internacional aceptará pagos provenientes de Venezuela si su banco intermediario teme sanciones. El resultado es una escasez manufacturada que prolonga indefinidamente la emergencia humanitaria más allá del desastre natural.Segundo, la privatización encubierta de la ayuda. Ante el bloqueo del sistema bancario formal, la única vía que queda abierta son los canales controlados por corporaciones y ONGs alineadas con Washington, que operan con licencias específicas. Esto reproduce el modelo haitiano: la reconstrucción se convierte en un negocio para actores extranjeros mientras se margina a las instituciones y empresas venezolanas. Capitalismo del desastre en toda regla.Tercero, la parálisis del sistema de salud. Los hospitales que deben atender a miles de heridos no pueden recibir medicamentos, equipos ni suministros porque las transferencias quedan congeladas en la banca corresponsal. El overcompliance transforma así un desastre natural en una crisis de mortalidad evitable.
No se puede aceptar las “licencias humanitarias” como solución suficiente, porque se legitima un sistema donde el derecho a la reconstrucción depende del arbitrio del Tesoro estadounidense. La normalización de este mecanismo sería lo más grave. Por ende, ¿podríamos entonces llamarlo “ayuda humanitaria”?
La única salida real es el levantamiento total de las sanciones y la liberación de los activos nacionales en el exterior. Sin esto, el overcompliance seguirá siendo el muro invisible que impide a Venezuela reconstruirse con sus propios recursos.
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Carmen Navas Reyes