Por Marcia Perdomo
Víctor Fernández, coordinador del BED, que durante años llevó la representación legal en las causas Berta Cáceres y Fraude sobre el gualcarque y actualmente representa a Olivia Zúniga Cáceres, hija de la defensora asesinada, expresó preocupación por el estancamiento de ambos procesos y por la información recibida sobre una posible concentración de los casos en la Dirección de la Fiscalía del Ministerio Público.
De la defensa de David Castillo y de imputados en casos de corrupción, a la asesoría del fiscal general. Los antecedentes de Juan Carlos Sánchez Cantillano, quien también representó a EEH y al diputado Jorge Cálix, abren interrogantes sobre posibles conflictos de interés, el alcance de su asesoría y su posible influencia en las investigaciones del Ministerio Público.
Tegucigalpa, Honduras. – Primero fue visto acompañando al fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore a su llegada al Congreso Nacional en el que se conocería el presupuesto asignado para 2026 al Ministerio Público. Posteriormente, participó junto a magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el XV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Se trata de Juan Carlos Sánchez Cantillano, abogado que representó la defensa de David Castillo, condenado como coautor del asesinato de Berta Cáceres, asesora al fiscal general del Ministerio Público (MP), Pablo Emilio Reyes Theodore, una contratación que abre cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés al interior de la institución.
Entre las funciones que cumpliría, según la División de Recursos Humanos del MP, están la elaboración de políticas de persecución penal, programas de gestión de riesgos y planes de coordinación interinstitucional, así como la cooperación con los programas de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público.
No obstante, sus antecedentes como defensor de personas imputadas en las causas de Berta Cáceres y Fraude sobre el Gualcarque, así como su participación en el proceso de criminalización contra la lideresa lenca previo a su asesinato, generan cuestionamientos sobre el papel que podría desempeñar dentro del Ministerio Público en un caso emblemático que continúa abierto.
OTROS CONFLICTOS DE INTERÉS
La representación legal de personas imputadas en casos de corrupción no constituye, por sí misma, un impedimento para ejercer funciones de asesoría en el Ministerio Público. Sin embargo, a las interrogantes sobre posibles conflictos de interés se suma la falta de claridad sobre si Sánchez Cantillano mantiene vínculos profesionales con los grupos económicos y políticos a los que ha representado.
Sánchez Cantillano representó al nacionalista Óscar Arturo Álvarez Guerrero –uno de veinte imputados– en el caso Arca Abierta, que implicó el desvío de fondos públicos por un monto de 21.1 millones de lempiras a una ONG denominada Asociación Planeta Verde a las cuentas personales de diputados propietarios, suplentes y otros exfuncionarios.
Además, fue el apoderado legal de los exdiputados Dennys Antonio Sánchez Fernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Héctor Enrique Padilla Hernández, Eleazar Alexander Juárez Sarabia, Augusto Domingo Cruz Asencio, Geovanny Castellanos Deras, José Napoleón Panchamé Banegas y Jeremías Castro Andrade en el caso Red de Diputados, una investigación por el presunto desvío de 8.3 millones de lempiras de fondos públicos destinados a proyectos sociales. ×
Los casos Arca Abierta y Red de Diputados fueron investigaciones realizadas por la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), con apoyo de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). De hecho, Sánchez Cantillano es el abogado que presentó en marzo de 2018 –en representación de los entonces diputados salpicados en el caso Arca Abierta– el recurso de inconstitucionalidad contra el convenio suscrito entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos para el establecimiento de la MACCIH.
Además, fue el representante legal del diputado Jorge Cálix, cuando en julio de 2025, interpuso un recurso de amparo a su favor en un caso vinculado a una denuncia por presuntas irregularidades, que incluían malversación de fondos en el Instituto de la Propiedad (IP), por parte de funcionarios adeptos a Cálix. La resolución judicial frenó las actuaciones investigativas del Ministerio Público, que según denuncias involucraría el desfalco de alrededor de 1,000 millones de lempiras de la institución.
Sánchez Cantillano también representó legalmente a la Empresa Energía Honduras (EEH), luego que el entonces gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) denunció ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) irregularidades en el contrato de concesión. Como apoderado legal de la empresa de capital colombiano, sostuvo que las acciones contra EEH tenían la intención de expropiar la inversión.
COPINH CUESTIONA CONTRATACIÓN DE ASESOR DEL FISCAL GENERAL
Camilo Bermúdez, director de litigio del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cuestionó la contratación de Sánchez Cantillano, al considerar que sus vínculos profesionales con la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA) y los intereses de la familia Atala generan preocupaciones sobre la imparcialidad del Ministerio Público, mientras el proceso judicial aún no alcanza a los autores intelectuales del crimen.
Actualmente, continúa abierta la causa contra Daniel Atala Midence, exgerente financiero de DESA, quien permanece prófugo desde que en diciembre de 2023 el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal con orden de captura por suponerlo responsable del asesinato de Cáceres. El proceso continúa sin avanzar a la etapa inicial debido a la ausencia del imputado, mientras se desarrollan diligencias de investigación bajo control jurisdiccional.
Bermúdez también advirtió que Sánchez Cantillano podría estar interviniendo en investigaciones más allá de las funciones generales de asesoría que detalla el Ministerio Público. Según el representante del Copinh, la organización ha tenido conocimiento de que el abogado habría solicitado información de expedientes a fiscales de la zona norte y San Pedro Sula, aunque no pudo precisar a qué casos corresponden.
“Entonces no es solamente una asesoría de políticas o de planes de acción o algo general, sino que también a partir de esa vinculación, a partir de esa contratación, se está involucrando directamente en los casos”, señaló Bermúdez, quien también cuestionó la falta de experiencia de Reyes Theodore como fiscal de carrera. “Cabe preguntar quién le puso ese asesor al fiscal general y cuál es en realidad la amplitud o la capacidad de influencia de estos asesores en un fiscal”, planteó. ×
Por otro lado, Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, en representación de sus defendidos, presentaron en 2024 una denuncia ante el MP en contra de la perito Brenda Barahona bajo el supuesto de falsificación de documentos en la causa Berta Cáceres.
INFLUENCIA DE GRUPOS ECONÓMICOS AL INTERIOR DEL MP
Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), que durante años llevó la representación legal en las causas Berta Cáceres y Fraude sobre el Gualcarque y que actualmente representa a Olivia Marcela Cáceres, hija de la defensora asesinada, señaló que la contratación de abogados vinculados a grupos del sector extractivo en el Ministerio Público no es un hecho aislado, sino parte de una disputa por el control de la institución.
Fernández manifestó a Criterio.hn que el Ministerio Público constituye “un espacio de poder y por tanto de disputa de poder”, en el que abogados que representan intereses económicos pueden mantener influencia sobre la gestión institucional y el curso de determinadas investigaciones.
En referencia a Juan Carlos Sánchez Cantillano, el defensor cuestionó sus vínculos profesionales con grupos económicos y recordó que el abogado ha representado a distintos conglomerados, además de haber participado en las causas relacionadas con Berta Cáceres. “Lo que hay que ver es el vínculo profesional con estos grupos, el rigor que se pueda tener en el direccionamiento de una institución como el Ministerio Público”, planteó.
El coordinador del BED también manifestó preocupación por el estancamiento de las causas vinculadas al asesinato de Cáceres y al caso Fraude sobre el Gualcarque. Según indicó, han recibido información de que la Dirección de Fiscalía del Ministerio Público estaría concentrando los expedientes, una situación que, a su juicio, genera inquietud mientras los procesos no avanzan hacia los autores intelectuales del crimen.
“Nosotros hacemos monitoreo de la causa y […] tiene un estancamiento. Hemos recibido información de que la Dirección de Fiscalía del Ministerio Público estaría concentrando todos los casos y este dato constituye una preocupación, en tanto que la causa no avanza sobre autores intelectuales del crimen”, señaló.
Criterio.hn buscó durante tres días contactar al abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano para conocer su versión sobre los señalamientos. Sin embargo, las llamadas al número telefónico que ha distribuido ampliamente entre la prensa fueron remitidas directamente al buzón de voz. Tampoco respondió los mensajes ni el correo electrónico enviado. Asimismo, se contactó por mensaje a la portavoz del Ministerio Público, Claudia Díaz, quien respondió que apoyarían con la gestión para contactar al abogado. No obstante, la información no fue remitida al cierre de esta nota.