Asfura decidió eliminar el contrato que durante dos años se mantuvo con los 168 integrantes de la brigada médica cubana quienes laboraron en 17 de los 18 departamentos del país y, entre otros muchos servicios, realizaron unas siete mil operaciones de la vista.
Repitiendo el lavado de manos de Poncio Pilatos ante crímenes de elementos armados que debían estar bajo sus órdenes, el presidente impuesto por Trump en Honduras, Nasry Asfura, ha confesado que su gobierno no podrá resolver los males de la nación centroamericana, si no se recurre a la empresa privada.
Avieso conocedor de como extraer y ofrecer dividendos a los males del sector oligárquico nacional y de inversores extranjeros, el denominado “Papa a la orden” aseguró que sólo el sector privado puede ayudar a disminuir la pobreza en que esta sumido el 60 por ciento de la población hondureña y descartó cualquier alivio que el estatal pueda realizar al respecto en ese y otros males que golpean día a día al hondureño.
Era de esperar en un individuo que conoce que sólo el apoyo y presiones de Donald Trump y la compra de la lealtad de personas ligadas al establishment permeado por la delincuencia vigente en el país hicieron posible su presidencia mediante un virtual golpe de Estado electoral.
Respaldado por la prensa mediatizada, se ha adjudicado la autoría de obras de beneficio social del anterior gobierno progresista y reiterado su discurso de que lo privado es lo único que puede resolver los problemas de la mencionada pobreza, la desigualdad, la corrupción y la violencia, mientras amplía el círculo de quienes se suman a la corruptela, resguardándose así de las acusaciones que aún pesan sobre él.
Sólo así se explica como, con el apoyo activo del presidente de Estados Unidos, puede haber salido presidente un individuo que carga sobre sus hombros procesos penales por lavado de activos, malversación de fondos públicos y otros delitos cometidos durante su gestión como alcalde de Tegucigalpa, la capital.
Historia nada banal
Asfura es la figura visible del conservador Partido Nacional que retomó el control de la institucionalidad hondureña tras el golpe de Estado del 2009, y que gobernó el país durante 12 años consecutivos con Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), un ciclo marcado por escándalos de corrupción, narcotráfico y cooptación del Estado, que culminó con la condena de Juan Orlando a 45 años de prisión en Estados Unidos -luego indultado por Trump- y la cadena perpetua más 30 años impuesta a su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández.
Durante su gestión municipal se ejecutaron cientos de obras de infraestructura: pasos a desnivel, túneles, puentes y ampliaciones viales. No obstante, estas construcciones estuvieron rodeadas de señalamientos por adjudicaciones a empresas con posibles vínculos personales o partidarios.
Mientras el concreto se multiplicaba en las zonas céntricas de la capital, los problemas estructurales de las colonias más empobrecidas persistieron intactos. Cerca de 200 barrios de Tegucigalpa continúan sin acceso regular a agua potable, obligando a miles de familias a comprarla a camiones cisterna a precios hasta diez veces mayores que en zonas residenciales. Esta realidad no cambió durante la administración de Asfura.
El 15 de septiembre del 2020, frente a la cúpula militar y el gabinete de Juan Orlando Hernández, Asfura proclamó: “Necesitamos líderes enamorados de la justicia y no del dinero”. Seis semanas después, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) solicitó antejuicio en su contra por el desvío de al menos 29 millones de lempiras de fondos municipales.
Según la investigación, entre el 2017 y el 2018 esos recursos habrían sido utilizados para cubrir gastos de sus empresas, pagar tarjetas de crédito y realizar transferencias a sus hijas en Estados Unidos. Los fondos provenían de un fideicomiso municipal que, de acuerdo con la acusación, fue usado para respaldar cheques depositados en cuentas personales del entonces alcalde.
En el 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia frenó el proceso, exigiendo agotar auditorías del Tribunal Superior de Cuentas, una decisión que mantuvo el caso congelado durante casi tres años. “Esto fue parte del pacto de impunidad de la élite política”, denunció entonces la diputada Fátima Mena.
El 10 de octubre del 2024, la UFERCO reactivó el caso, pero once días después Asfura pagó una fianza de 15 millones de lempiras y enfrentó el proceso en libertad. El 4 de diciembre de ese mismo año, un tribunal declaró nulo todo lo actuado por el Ministerio Público y ordenó remitir el expediente nuevamente a la CSJ, revocando las medidas cautelares y obligando a reiniciar el juicio desde cero.
Y más
A estos señalamientos se suman las revelaciones de los Pandora Papers en el 2021, que vincularon a Asfura con empresas offshore en Panamá, utilizadas para ocultar patrimonio. Una de ellas, Marlene Overeas S.A., fue creada en el 2006 a través del bufete Alcajal y posteriormente pasó a manos de la familia Átala, propietaria del grupo Ficohsa.
También figura como accionista de Su ambiente, empresa que demandó a la municipalidad de San Pedro Sula por 8,1 millones de dólares y ganó el litigio pese a no haber prestado el servicio de recolección de basura. Investigaciones periodísticas revelaron cómo Asfura ocultó su participación accionaria hasta recuperar el control tras la sentencia favorable.
Con este historial, Nasry Asfura se presentó al proceso electoral del 2025 cobijado por la bandera de un Partido Nacional desgastado, señalado y marcado por 12 años de corrupción, autoritarismo e impunidad.
Así, es fácil comprender como un perro fiel obedece a la voz del amo. Y previa reunión con el canciller trumpista, Marco Rubio, Asfura decidió eliminar el contrato que durante dos años se mantuvo con los 168 integrantes de la brigada médica cubana quienes laboraron en 17 de los 18 departamentos del país y, entre otros muchos servicios, realizaron unas siete mil operaciones de la vista.
Fuente: Almayadeen