Por: Ítalo Urdaneta
La sorpresiva reaparición pública de María Corina Machado en el estado Lara, tras meses de ausencia voluntaria fuera del país, no puede convertirse en un pase de salida hacia la impunidad.
Su presencia en territorio nacional, lejos de disipar las graves culpas que arrastra su trayectoria política, reactiva con máxima urgencia el reclamo histórico de millones de venezolanos que exigen justicia sin doble rasero.
La ley en Venezuela no puede seguir siendo implacable únicamente para el ciudadano de a pie mientras las élites que han convocado a la destrucción de la República parecen eludir los tribunales.
Ahora que María Corina Machado pisó nuevamente suelo patrio, el Ministerio Público y el sistema de justicia tienen la obligación constitucional e ineludible de someterla a un juicio formal y transparente que responda por los múltiples delitos cometidos contra la nación.
A lo largo de más de dos décadas, la actuación pública de María Corina Machado se ha caracterizado por una agenda sistemática de violencia, desestabilización y agresión directa contra el bienestar de las familias más vulnerables del país.
Fue ella quien promovió y aplaudió con insistencia las sanciones económicas criminales y los bloqueos internacionales que asfixiaron la economía nacional.
Fue ella la que alentó el sufrimiento cotidiano a través de las llamadas «guarimbas», sembrando el caos urbano con barricadas, la tala ilegal de árboles y la destrucción sistemática de bienes públicos y privados, desde centros de salud y farmacias hasta el transporte masivo.
Es imposible olvidar el terror desatado con acciones dantescas como la colocación de guayas de acero en plena vía pública para degollar motorizados, o la complicidad silenciosa y activa ante crímenes de odio aberrantes donde seres humanos y animales fueron rociados con gasolina y prendidos en fuego vivos.
Del mismo modo, su expediente incluye el apoyo confeso a invasiones militares extranjeras, a la fallida Operación Gedeón y a estructuras paralelas destinadas a saquear y despojar a la patria de activos fundamentales como CITGO y Monómeros.
Haciendo la sumatoria jurídica de todas estas acciones bajo las reglas del concurso real de delitos tipificados en el Código Penal venezolano, desde la Traición a la Patria (Art. 128) y la Conspiración, hasta el Homicidio Intencional, el Terrorismo, los Daños a la Infraestructura (Arts. 473 y 474) y la Corrupción, a María Corina Machado le correspondería enfrentar una condena acumulada que supera con creces los 30 años de presidio, que constituyen la pena máxima en nuestro ordenamiento jurídico.
Nota aclaratoria y de estricto apego legal: Cabe destacar que el presente análisis se emite en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y la opinión crítica consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bajo ningún concepto este texto busca promover el odio, la intolerancia ni el escarnio público hacia persona alguna, sino constatar hechos de naturaleza pública y notoria, apelando exclusivamente a los canales institucionales del sistema de justicia y al debate democrático de responsabilidades políticas.
Sin embargo, el drama institucional que hoy vive el país radica en la preocupante pasividad y el retardo con el que actúan los órganos encargados de impartir justicia.
Incluso, se quiere desestimar o pasar al olvido, que María Corina Machado pidió encarecidamente que tropas estadounidenses invadieran a Venezuela, dejando más de 100 venezolanos brutalmente asesinados.
Si las autoridades actuales del Tribunal Supremo de Justicia y la fiscalía desestiman estos graves delitos y permiten que María Corina Machado evada su responsabilidad penal bajo presiones o cálculos políticos, el pueblo venezolano con toda razón debe exigir de manera inmediata una renovación profunda y total de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, pero eso no exectua que las próximas autoridades del TSJ no cumplan con su deber ante el reclamo del pueblo.
La democracia y la paz de la República no pueden sostenerse sobre la complacencia de quienes han lacerado al país.
Los venezolanos serios, honestos y patriotas reclamamos que la justicia sea verdaderamente igual para todos.
María Corina Machado tiene que responder ante los tribunales, y el Estado venezolano tiene el deber moral e histórico de garantizar que haya justicia y condena ante tanto daño infligido a la Patria.
A propósito, nos llega el dato de una alta fuente cercana al gobierno que el regreso de la Machado al país no fue un gesto de valentía o arrojo de la aspirante presidencial, sino que responde a un acuerdo previo con el gobierno estadounidense, para que controle a la oposición radical que desea que la violencia escale de nuevo en el país.
Esto nos hace preveer que de ahora en adelante, por muy extraño que parezca, veremos a una María Corina llamando a mantener la paz y haciendo saber que si se ha esperado tanto tiempo por un proceso electoral pulcro y ajustado a la voluntad popular, habrá que esperar, entonces, hasta el 2028, para que se cumplan unas nuevas elecciones, como lo acaba de anunciar Dinorah Figuera, a nombre de la mesa de negociación.