Por: Italo Urdaneta
De verdad que al ver los últimos pronunciamientos de la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León surge una inevitable interrogante sobre el rigor estratégico y el sentido de oportunidad de sus asesores, pues incurren en graves fallas comunicacionales y políticas que desdicen de su dilatada trayectoria en el ámbito judicial.
Decimos esto porque resulta inaceptable que quien se ostenta como jurista intente utilizar argumentos supuestamente legales que, en la práctica, están reñidos abiertamente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo para justificar sus ataques infundados contra el gobierno que preside la presidenta (e) Delcy Rodríguez.
Mármol de León, y hay que precisarlo con toda claridad, apela cínicamente al sentimiento patriótico de los venezolanos para invitarlos a las calles a promover manifestaciones, bajo la falsa promesa de rescatar una soberanía y una libertad que solo existen en su narrativa de campaña.
No es un secreto para nadie que esta escalada forma parte de una estrategia desesperada por buscar notoriedad y apoyo de cara a su recién anunciada candidatura presidencial.
A Mármol de León no le cuestionamos el derecho legítimo que le asiste como venezolana a aspirar a la primera magistratura; sin embargo, consideramos que lo hace de manera tardía y desconectada de la realidad nacional. El país actual no requiere improvisaciones, sino dinamismo, fortaleza, claridad geopolítica y, sobre todo, una profunda preparación política y experiencia de Estado de la cual nuestra aludida carece por completo.
Pasemos ahora a desglosar las insostenibles propuestas de cambio que Mármol de León ha venido planteando en los últimos meses. Pretende pontificar desde el derecho, terreno que asegura dominar, olvidando el viejo adagio de que «al mejor cazador se le va la presa».
La ex magistrada ha planteado que, ante la supuesta ilegalidad de la presidencia encargada en Miraflores, es imperativo convocar una Junta de Gobierno para sustituirla de inmediato. No obstante, cualquier estudiante de derecho de primer año sabe que esa figura no está contemplada en nuestra Carta Magna. Es decir, su propuesta cumbre se derrumba por su propio peso jurídico y revela una profunda ignorancia o mala fe constitucional.
Lo más grave es que dicha propuesta no solo es flagrantemente inconstitucional, sino que abre la puerta a acciones legales firmes en su contra por la promoción de rupturas al orden democrático, buscando sembrar una inestabilidad jurídica que el Estado venezolano y sus instituciones no están dispuestos a tolerar.
Más delicado aún es su irresponsable llamado a la ciudadanía y a la fuerza pública a tomar las calles en señal de protesta. Con total ligereza, Mármol de León empuja al país hacia escenarios de caos y violencia incontrolables, intentando matizar los con el eufemismo de que serían «protestas pacíficas», un recurso retórico ya conocido y fracasado en la historia reciente de desestabilización nacional.
Con su aspiración presidencial, Mármol de León no le hace ningún daño a la institucionalidad del país; en todo caso, como opositora, choca frontalmente contra la corriente fascista y extrema que representa María Corina Machado y sus factores afines, quienes ya han comenzado a atacarla sin consideración, del mismo modo en que arremeten erráticamente contra la política exterior y la figura del presidente Donald Trump.
Para calentar un escenario que se enfría, Mármol de León insiste en agitar el falso positivo de la persecución política, exigiendo la libertad de supuestos «presos políticos» que, en realidad, son actores que violaron flagrantemente las leyes, promovieron golpes de Estado, propiciaron magnicidios y mancharon de sangre las calles del país durante las guarimbas.
Por si fuera poco, la jurista ha cuestionado con extrema miopía la dinámica geopolítica internacional y las acciones de la política exterior estadounidense hacia Venezuela.
Reprocha a Washington mientras evidencia su desconcierto ante unos factores de poder que buscan pactar a espaldas de la soberanía nacional, demostrando que sus aspiraciones están divorciadas del verdadero sentir democrático del pueblo.
Es evidente que las propuestas de Mármol de León no solo rozan la ilegalidad constitucional, sino que constituyen méritos suficientes para evaluar su inhabilitación política por instigación a la zozobra. Cuando la ley actúe en consecuencia, no tardarán en victimizarse gritando, como ya es costumbre, que nos encontramos ante una «dictadura».