La Dignidad no se Hereda. Es tan solo la hija del General Bachelet

Foto: Dra. Elisa Neuman (Crédito www.cronicadigital.cl)

Por: Elisa Neumann*

El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (OACNUDH) sobre la situación de derechos humanos de Venezuela, fue rápidamente celebrado por los sectores más reaccionarios de nuestro país, a los cuales les siguen como corifeo griego líderes de la democracia cristiana y de “supuestos partidos de izquierda”. Sin embargo, dicho informe no es más que visión selectiva, parcializada y deshonesta sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela.

Se aduce, que el informe revestiría veracidad, al ser avalado por quien fuera hija del General Bachelet.  Militar heroico y defensor de la democracia, muerto como resultado de las brutales torturas sufridas, por haberse opuesto al Golpe Militar en 1973. Lamentablemente, la actuación de su hija guarda una enorme distancia con el legado de su padre.

Por el contrario, continúa en la senda de las actuaciones de Naciones Unidas, que han transformado a esta institución, más que en un foro de encuentro y diálogo por la paz, en un instrumento de dominación de los intereses de las grandes potencias a nivel mundial.

Sólo a modo de recordatorio baste recordar los informes de Naciones Unidas que sirvieron para justificar la invasión de la OTAN a Libia, con resultados catastróficos para ese país. O la resolución de condena por la tenencia de armas nucleares en Irak, con lo cual se justificó su invasión con nefastas consecuencias para esta nación y el oriente medio. Ni mencionar lo ocurrido con Afganistán; país que según la BBC, desde la invasión norteamericana en el 2001, se ha convertido en un sangriento callejón sin salida.

Para documentar las violaciones a los derechos humanos se basa en entrevistas a 558 personas, de las cuales 460 fueron realizadas fuera del país. Es decir, en el 82% son personas que han emigrado de Venezuela, y de quienes se puede presumir son adversarios del actual gobierno.  Por otra parte, gran parte de la información se basa en datos entregados por distintas ONG´s. Sin embargo, al momento de redactar el informe solo consideró aquellas organizaciones que representan a la derecha venezolana, siendo la mayoría de ellas financiadas directa o indirectamente por el Estados Unidos. País que ha declarado en reiteradas oportunidades que el gobierno Bolivariano es una amenaza para la democracia, y que además de imponer un bloqueo unilateral e injusto, ha sostenido reiteradamente que no descarta una invasión militar. A ello habría que agregar la “retención” en diversos bancos europeos y norteamericanos de las divisas obtenidas por la venta del petróleo. Es difícil calcular el monto de divisas bloqueadas. Pero a modo de ejemplo, se puede señalar que el 28 de enero de este año John Bolton anunció que congelaría US 7.000 millones de activos venezolanos en el país y bloquearía US 11.000 millones de ingresos estimados durante el año.  Todo lo cual profundiza la crisis económica y política por la que atraviesa Venezuela.

Al respecto, y faltando groseramente la verdad -es difícil creer que desconozca esta información ampliamente divulgada por la Casa Blanca-, el informe señala que: “La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios Estados y una organización regional son de naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo a altos funcionarios de Gobierno, o embargos de armas”

En el informe con una ligereza impúdica se habla de crisis humanitaria, por tal se entiende una situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana. Tales crisis ocurren en situaciones de pobreza y desigualdad, que son agravadas por un desastre natural o conflicto armado.  No existen datos que avalen esta afirmación en relación a Venezuela. Según el informe de ACNUR, se encuentran en esta condición Yemen, Libia, Rohingya, Siria, Irak, República Democrática del Congo, República Centro Africana, Somalía, Sudán del Sur y Ucrania.

A su vez, reporta que pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. Refiere también que las detenciones carecían de fundamento legal, y en la mayoría de ellas fueron sometidas a tortura. Sin embargo, no determina exactamente cuántas fueron efectivamente víctimas de estos abusos, ni las individualiza adecuadamente.

Por otra parte, refiere que en el marco de operaciones de seguridad y lucha contra el narcotráfico se habrían ocasionado un número excesivamente alto de ejecuciones extrajudiciales. Según lo recabado por la entrevista a 20 familiares, las FAES manipularon la escena del crimen para demostrar que la víctima se habría “resistido a la autoridad”. Señala que, en el 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes.

Refiere que, la mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en el presente informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada, limitándose a la entrega de apoyo financiero, lo cual es interpretado como un intento de comprar su silencio.

Sin embargo, el informe omite que el gobierno le informó que, a la fecha, existen 44 personas privadas de libertad su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en el contexto de las manifestaciones ocurridas entre 2017 y 2019. Adicionalmente, existen 33 órdenes de aprehensión emitidas por este mismo asunto. A su vez, el Ministerio Público está investigando 72 causas por presuntas torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en perjuicio de 174 personas privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones realizadas entre los años 2017 y 2019.

Se postula que existiría un clima de persecución política a la disidencia al levantarse la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la Asamblea Nacional. Varios de ellos acusados de traición, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y asociación. Sin embargo, no le otorga la debida importancia y gravedad al intento de asesinato del Presidente Maduro, el 4 de agosto de 2018. Tampoco profundiza en los efectos del llamado a las fuerzas armadas a desertar y a desafiar al Gobierno, por parte del Presidente de la Asamblea Nacional el 30 de abril de 2019. Cabe señalar, que no sólo fue un llamado, sino que también se apostaron en una vía pública con armas de guerra de alta potencia, orientadas hacia la población civil, en un intento de golpe de estado, a lo cual no se hace mención alguna en el informe. También se omite los constantes llamados a la intervención militar extranjera.

Por último, lo cual es una muestra evidente de su absoluta falta de imparcialidad, el informe no hace mención alguna a las víctimas de la violencia en manos de las fuerzas opositoras. A pesar, de que se le entregaron 123 casos documentados de personas que fueron linchadas, degolladas, asesinadas o quemadas vivas por seguidores de Leopoldo López, Capriles y Guaidó, en el curso de manifestaciones de oposición los años 2013, 2014 y 2017.

Lamentablemente, las esperanzas puestas en la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se han visto frustradas. Se esperaba un informe verídico y riguroso, que contribuyera al diálogo y la paz en Venezuela.  No un documento que sirviera para que el Grupo de Lima, formado por lo demás con la participación de Chile durante su gobierno, volvieran a clamar la importancia a de la intervención extranjera, alentando a la derecha golpista y sediciosa. Felizmente, el informe es actualmente rechazado por varios países y personalidades de derechos humanos a nivel mundial.

(*) Dra. en Ciencias Sociales y Políticas, Rectora de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) de Chile, quien ha realizado por años un intenso trabajo con víctimas de derechos humanos desde 1983.