Informes de la DEA y las investigaciones de agencias federales de EU catalogan e identifican a detalle a estructuras de grupos de la delincuencia en México y otros países sudamericanos, pero los registros de desmantelamientos a cárteles dentro de sus fronteras son inexistentes.
Durante la administración de Ronald Reagan, en 1986, el gobierno de Estados Unidos financió de manera ilegal la guerrilla “Contra” en Nicaragua; la CIA ignoró una prohibición del Congreso y protegió a redes de narcotráfico que introducían cocaína a territorio estadunidense, lo que desató la epidemia del crack en su territorio.
Una investigación oficial del Senado liderada por John Kerry (el Informe del Comité Kerry de 1989), concluyó que funcionarios estadunidenses sabían que los “Contras” recibían financiamiento y apoyo logístico de narcotraficantes, y que la política exterior de Estados Unidos subordinó la lucha contra el narcotráfico a la estrategia geopolítica anticomunista.
Veinte años después, se dio la fallida operación “Rápido y Furioso”, operativo con el que agencias de seguridad estadunidenses permitieron que el crimen organizado se fortaleciera bajo el pretexto de una estrategia de rastreo de armas; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ordenó permitir el contrabando ilegal de más de 2 mil armas de alto calibre a México para abastecer a la delincuencia organizada.
Entre 2010 y 2012, una investigación del Senado de Estados Unidos demostró que HSBC Holdings plc, filial estadunidense de HSBC, permitió el lavado de al menos 881 millones de dólares pertenecientes al cártel de Sinaloa y al cártel del Golfo. A pesar de las pruebas criminales masivas, el Departamento de Justicia decidió no procesar penalmente a ningún ejecutivo bancario. En su lugar, firmaron un “acuerdo de enjuiciamiento diferido” a cambio de una multa económica equivalente a semanas de ganancias del banco.
En 2010, la institución financiera Wachovia Bank (ahora parte de Wells Fargo) admitió en documentos judiciales federales haber lavado entre 2004 y 2007 más de 378 mil millones de dólares a través de casas de cambio mexicanas vinculadas al narcotráfico. Ningún banquero fue a prisión.
Los informes de la DEA y las investigaciones de agencias federales de Estados Unidos catalogan e identifican a detalle a estructuras de grupos de la delincuencia en México y otros países sudamericanos, pero los registros de desmantelamientos a cárteles estadunidenses dentro de sus fronteras son escasos y de bajo impacto, ello a pesar de que la droga se distribuye y comercializa en su territorio, lo que genera miles de millones de dólares que se limpian en un sistema financiero, el estadunidense, a través de redes locales invisibilizadas que operan de manera impune.
El discurso antidrogas de Estados Unidos sigue utilizándose no necesariamente para combatir el tráfico o el consumo de estupefacientes, sino como herramienta para alcanzar otro fin. Las operaciones encubiertas en Venezuela son muestra de cómo el discurso antinarcóticos es en realidad una justificación para forzar cambios de régimen o asegurar intereses energéticos.
Donald Trump ordenó en enero de 2026 una intervención militar en Venezuela bajo pretexto antinarcóticos, pero luego declaró que Estados Unidos gobernaría el país y que empresas estadunidenses tomarían control de su industria petrolera, la más grande del mundo.
Estados Unidos bombardea embarcaciones que “presume” son narcolanchas. Sin pruebas, lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales contra civiles a los que impide tener un juicio que determine su culpabilidad o inocencia.
“Mátenlos en caliente” es la orden, en clara violación a la presunción de inocencia. Las operaciones de Estados Unidos contra al tráfico de drogas fuera de su territorio no afectan el suministro ni modifican los precios en las calles, evidencia de una gigantesca e invisible red de distribución no desmantelada.
Si Estados Unidos estuviese en verdad interesado en detener el tráfico de droga en su territorio, llevaría a cabo más operativos, mayores estrategias, y arrestos de alto impacto.
Antes de iniciar guerras fuera de sus fronteras tendría que establecerlas dentro. ¿Por qué no detiene a los capos de la droga que lideran las redes criminales en sus poblaciones o a sus operadores financieros?
El combate al narcotráfico funciona como una estrategia de control geopolítico e intervencionismo por parte de Estados Unidos; traslada la culpa del consumo interno hacia la producción exterior. Utiliza la seguridad interna para vulnerar soberanías extranjeras.
Lejos de erradicar el problema, esta supuesta guerra fragmenta los cárteles, lo que genera una violencia permanente que debilita el tejido social de los países afectados. Así, Estados Unidos asegura recursos estratégicos, frena gobiernos que le son incómodos, y mantiene tutela permanente sobre regiones mientras justifica su injerencia en la política interna de sus vecinos.