El gobierno de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y el senegalés Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en dicho tribunal.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro detalló la inclusión de ambos en la Lista SDN, permitiendo únicamente operaciones limitadas para liquidar asuntos pendientes hasta el 17 de septiembre. La OFAC indicó que también se sancionará a cualquier entidad en la que estas personas posean una participación del 50 % o más.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida afirmando que estas personas «se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción» del tribunal.
Rubio añadió que la administración Trump considera a la CPI como un «tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado» que ha abusado de su autoridad, advirtiendo que no tolerarán ataques a la soberanía estatal.
Washington también impuso sanciones contra Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, tras su decisión de rechazar una apelación de Israel contra la investigación por crímenes de guerra en Gaza. La sala de apelaciones había desestimado recientemente los argumentos israelíes que cuestionaban la validez de la investigación sobre los hechos posteriores al 7 de octubre de 2023.
Mientras Akane tiene funciones institucionales, Seye supervisó investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, un área sensible para Washington.
Esta medida se alinea con la orden ejecutiva firmada en febrero por el presidente Donald Trump, que calificó las iniciativas de la CPI como una «amenaza» para la seguridad nacional. La directriz se enfoca en las investigaciones del tribunal sobre el ejército de EE.UU. en Afganistán y las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de lesa humanidad.
Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la corte para juzgar a sus ciudadanos, al no haber firmado el Estatuto de Roma, y aplica la misma tesis para Israel. Hasta la fecha, la administración Trump ha utilizado esta orden para sancionar también a la Relatora Especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos.