Iris Varela, diputada a la Asamblea Nacional por el chavismo, se refirió al reciente acuerdo petrolero anunciado por Estados Unidos y Venezuela y advirtió que el mismo podría ser invalidado porque, según dijo, fue suscrito «bajo coacción».
Según la diputada, el acuerdo va a ser revertido cuando «Nicolás Maduro retorne al país». Se refirio a ambas cosas como hechos ciertos que ocurrirán sin lugar a dudas, durante declaraciones a Fuera de la Caja.
Varela justificó que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez aceptó el acuerdo en el marco de un «estado de excepción» enmarcado en la captura de Nicolás Maduro. Al respecto dijo textualmente que «allí hay un vicio de consentimiento».
Aseguró que el acuerdo será revocado en función del artículo 339 que la Constitución que establece que tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional tienen la competencia para echar atrás las medidas que se hayan suscrito en un estado de excepción, una vez que ceden las causas que motivaron dicha excepción.
Se dirigió directamente a los posibles inversionistas, a los que tildó de buscadores de «rebatiña», y les advirtió que de participar en el acuerdo se exponen no solo a la nulidad de los pactos, sino también a ser sujetos a ordenes de pagar indemnizaciones por «los daños causados al país».
Acuerdo petrolero
El acuerdo en cuestión fue anunciado el viernes pasado por Donald Trump y confirmado por Delcy Rodríguez. Desde el primer momento, el pacto ha sido objeto de especulaciones y preocupaciones relativas a su legalidad y sus implicaciones políticas.
El pasado domingo, Delcy Rodriguez mencionó, aunque sin proporcionar los pormenores, que la concesión sería por 25 años. Sin embargo, Donald Trump ha dicho insistentemente que el plan abarca 100 años.
Más tarde, la Casa Blanca dio a conocer un detalle clave del proyecto: que se gestionará bajo una concesión ya otorgada a la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), propiedad de Alejandro Betancourt, para operar 17 yacimientos petrolíferos en áreas donde existen reservas probadas de 65.000 millones de barriles de crudo.
Como parte de la operación para que Estados Unidos controle la industria petrolera, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos obtuvo el 35% de la titularidad accionaria de la empresa. Algo que ocurrió luego de la campaña de presión para que el magnate Harry Sargenant se desprendiera de esas acciones.
Ayer, 2 de septiembre, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo en una entrevista desde Caracas, que ese esquema permitirá evitar que se produzcan nuevas expropiaciones porque, dijo, «Una cosa es que un gobierno expropie los activos de corporaciones privadas. Otra cosa es expropiar bienes que le pertenecen a Estados Unidos».
Respecto a las criticas derivadas del hecho de que el Departamento de Guerra se asociara a Alejandro Betacourt, Wright afirmó lo siguiente: «Nabep existe desde hace tiempo. Alejandro tuvo algunos problemas con el anterior régimen en Venezuela, lo que ha provocado su aparición en las noticias y todo eso, pero es un operador muy competente en Venezuela. Y, por su puesto, esta estructura estará bajo supervisión de Estados Unidos y Estados Unidos se encargará de hacer cumplir las leyes y los contratos», expuso el secretario de Energía.