Por: Ítalo Urdaneta
La reciente jugada mediática y jurídica de la ex magistrada Bárbara Gabriela César Siero, quien este 13 de octubre acudió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para formalizar supuestas denuncias de presiones y coacción en el ejercicio de sus funciones, exige un ejercicio riguroso de memoria y contraste político.
Lejos de constituir un acto genuino de disidencia o un despertar institucional tardío, este tipo de narrativas públicas suelen esconder una compleja trama de conveniencias, contradicciones personales y ajustes de cuentas que el país no puede pasar por alto.
Ante el intento de erigirse en jueza incorruptible y víctima de un sistema que ella misma integró y convalidó, es imperativo interpelar directamente sobre los claroscuros de su trayectoria y los verdaderos motivos que hoy la impulsan a alzar la voz. Por ello, a la luz de los hechos y de los antecedentes que circulan en la opinión pública, es necesario formularle las siguientes interrogantes:
Diga usted, señora ex magistrada: ¿Es cierto o no que su llegada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se produjo a pesar de sus antecedentes y de una supuesta afinidad o cercanía con sectores opositores, gracias a relaciones políticas muy cercanas al presidente Nicolás Maduro?
¿Cómo explica usted que, en una época donde la inmensa mayoría de los altos cargos del Estado y del Poder Judicial se otorgaban de manera exclusiva a militantes y cuadros afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y al proceso revolucionario, usted lograra tan codiciada designación?
Diga usted si es verdad o mentira que su repentina conversión en «perseguida política» surge únicamente a raíz de problemas estrictamente familiares y de seguridad jurídica de su entorno íntimo, y no por convicciones democráticas genuinas.
Diga usted ante la opinión pública si guarda relación directa con su actual postura el hecho de que familiares cercanos suyos, incluyendo a miembros vinculados al sector militar, presuntamente estuvieran involucrados en movimientos conspirativos o en planes de carácter insurreccional en perjuicio del orden constitucional y del presidente Nicolás Maduro, específicamente en el marco de tramas como la denominada conspiración «Brazalete Blanco».
Diga usted si su desesperada denuncia actual responde a un cálculo de presión política para coaccionar a las instituciones del Estado y lograr así la liberación o el beneficio procesal de sus familiares detenidos, utilizando su pasado judicial como una moneda de cambio o un escudo mediático.
Diga usted por qué guardó silencio cómplice durante todo el tiempo que ocupó su despacho en el máximo tribunal, avalando con su firma y presencia las decisiones de la estructura judicial, y solo decide alzar la voz ahora que los intereses de su núcleo familiar se ven directamente afectados por la justicia.
La justicia venezolana no puede ni debe ser instrumentalizada para encubrir chantajes familiares ni para lavar expedientes de quienes hoy buscan reescribir su historia a conveniencia.
Los ciudadanos merecen la verdad completa, no relatos a la carta fabricados al calor de coyunturas particulares. Las respuestas a estas interrogantes desnudarán si estamos frente a una defensora de la democracia o ante una jugada de supervivencia personal que utiliza falsos ropajes de martirio político.
Que quede claro señora ex magistrada, que este escrito en ningún momento tiene la intención de exponerla al escarnio público, ni mucho menos el autor del mismo pretende inmiscuirse en sus asuntos personales, pero ante las acusaciones graves que ha hecho públicamente, el periodismo serio, equilibrado y responsable, apegado a la verdad y a la justicia, requiere que se respondan estás interrogantes para satisfacer el vacío que siente la opinión pública en general en este caso, que usted, de manera personal, se ha encargado de darlo a conocer públicamente.