El informe de la ONG Indepaz también contabilizó ocho homicidios de firmantes del acuerdo de paz, 26 masacres con 87 víctimas fatales y más de 6.600 personas desplazadas.
Durante los primeros 100 días de gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se contabilizaron 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocho homicidios de firmantes del acuerdo de paz y 26 masacres, según el balance presentado por la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
«Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella dejan un panorama preocupante en materia de derechos humanos y conflicto armado. Los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, las masacres, los desplazamientos forzados y las afectaciones a las comunidades muestran que la violencia continúa teniendo graves consecuencias sobre la población civil, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto», destacó Indepaz en su informe ‘100 días: el costo humano de la violencia’.
Indepaz expresó además su preocupación por «la persistencia de las confrontaciones armadas, el uso de drones con explosivos y los riesgos asociados a las operaciones militares, especialmente cuando pueden encontrarse niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados».
«A esto se suman las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, que deben ser investigadas de manera pronta, rigurosa e independiente», planteó la organización.
El balance, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, reúne hechos ocurridos entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.
La violencia contra líderes sociales se concentró principalmente en los departamentos del Cauca, en el suroeste del país, donde se registraron once casos, y Antioquia, en el noroeste, con ocho. Les siguió Putumayo, en el sur, con cuatro asesinatos.
El informe también contabilizó ocho firmantes del acuerdo de paz asesinados, todos hombres. A estos crímenes se suman 26 masacres que dejaron un saldo de 87 víctimas fatales, entre ellas cinco menores de edad, y 6.667 personas desplazadas por la violencia durante agosto y septiembre.
La ONG subrayó que estos crímenes no pueden atribuirse automáticamente a las decisiones del actual Gobierno, ya que también responden a dinámicas territoriales y conflictos anteriores. Sin embargo, recordó que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la población y garantizar los derechos humanos.
Además, la organización sostuvo que «el diálogo y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado son el mejor camino para poner fin a la violencia y evitar que se sigan perdiendo vidas humanas».
«La respuesta militar, por sí sola, no resolverá las causas profundas de la violencia ni garantizará una paz duradera», concluyó Indepaz.
Fuente: Tiempo Argentino