Entre agosto y septiembre de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos destruyó al menos ocho embarcaciones ecuatorianas alegando conexión con redes del narcotráfico.
El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, justificó la destrucción en alta mar de barcos ecuatorianos vinculados al reabastecimiento del narcotráfico, en medio de severos cuestionamientos de Human Rights Watch sobre la falta de pruebas y las detenciones ilegales de pescadores.
Entre agosto y septiembre de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos destruyó al menos ocho embarcaciones ecuatorianas sospechosas de integrarse a redes del narcotráfico. De acuerdo con las autoridades ecuatorianas y estadounidenses, estos buques simulan realizar faenas de pesca para abastecer ilícitamente de combustible a lanchas rápidas vinculadas con organizaciones criminales como Los Choneros.
Para explicar esta medida, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, señaló este 2 de octubre, que remolcar las naves hasta la costa representa un grave riesgo de colisión contra los guardacostas y un peligro operativo al manipular combustible sin normas de seguridad.
El Ministerio de Defensa enfatizó que cada procedimiento cuenta con inteligencia previa y cooperación internacional, destacando que una de las naves destruidas era reincidente al haber sido incautada en 2025 con 2,9 toneladas de droga. Asimismo, Loffredo expuso que los sospechosos emplean una estrategia recurrente: tras entregar la carga en altamar, se ubican en las rutas de buques comerciales hacia Centroamérica y afirman ser náufragos para evitar su juzgamiento.
Este modus operandi ha generado que cerca de 20 tripulantes reincidentes lleguen a Panamá demandando la coordinación de su retorno a Ecuador.
No obstante, la estrategia de hundimiento ha encendido las alarmas judiciales e internacionales, ya que al destruir las naves se elimina parte fundamental de la evidencia para procesar penalmente a los involucrados. Ante este escenario, la organización Human Rights Watch (HRW) exigió hoy a Quito y Washington presentar pruebas individuales sustanciales contra los marineros.
HRW reveló que, de 90 tripulantes investigados, 56 fueron liberados por jueces al determinarse que sus capturas fueron ilegales y otros 14 jamás fueron presentados ante la justicia, cuestionando la legalidad de estos operativos conjuntos.
Fuente: Rebeliòn