Con el volantazo a la derecha en la mayoría de los países de Centro y Sudamérica, nos enfrentamos no sólo a un mayor autoritarismo sino, lejos de suplantarlo como algunos suponen, a la profundización del modelo neoliberal.
Naomi Klein explicó en The Nation cómo Orlando Letelier, quien fuera embajador de Chile en Estados Unidos durante el gobierno de Allende, y asesinado en Washington, junto con Ronni Moffitt, con una bomba colocada en su auto por encargo del general Pinochet en 1976, argumentaba “que la junta pinochetista no estaba llevando a cabo dos proyectos separados y fácilmente diferenciables: uno, un experimento visionario de transformación económica; y el otro, un espantoso sistema de tortura y terror. De hecho, sólo había un proyecto, en el que el terror era la herramienta central de la transformación hacia el libre mercado” (trad. propia, https:// tinyurl.com/544xpy38).
Tras décadas, esa funesta realidad regresa a muchos países. Con la diferencia de que los nuevos gobiernos con tendencias autoritarias no han llegado al poder por golpes de Estado, sino que han sido electos en procesos más o menos democráticos. Al mismo tiempo, mientras la pesadilla trumpiana se propaga pisoteando instituciones multilaterales, se preservan instituciones que apuntalan al sector privado y al poder corporativo trasnacional, como son la banca “multilateral” para el “desarrollo”. Es el caso del Banco Mundial y su arma letal, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Internacionales (CIADI).
El CIADI publicó su informe anual (https://tinyurl.com/239b23zx), en el que se jacta de que ha administrado, entre julio de 2025 y junio de 2026, la cifra récord de 363 casos de demandas. 27 por ciento ha sido contra países de América Latina y el Caribe, que es la región más demandada (sin incluir a México, que es clasificado por el CIADI como Norteamérica). El sector extractivista (minería, petróleo y gas) es el que más usa este sistema (43 por ciento de los casos).
Mientras tanto, en un reporte de Bettina Müller, del Transnational Institute, se recopila que el total de demandas en contra de países de América Latina y el Caribe ha llegado a 439 (hasta julio de 2026). Tan sólo en los primeros siete meses se registraron 13 demandas de las cuales cuatro fueron contra Colombia (y tres en contra de México, ver https://tinyurl.com/ msb38ee2).
El ex presidente Gustavo Petro había prometido enfrentar estos embates del poder corporativo, disfrazados de derecho internacional. Prometió, tras la presión de organizaciones sociales y civiles tanto nacionales como internacionales, retirar a Colombia del CIADI. ¡Lástima que ya no hubo tiempo! Sin embargo, quedará en la memoria cómo esa promesa se dio en el contexto de la primera conferencia internacional para la transición: Más allá de los combustibles fósiles, que se llevó a cabo en Santa Marta, Colombia, en abril pasado, y en la cual se denunció cómo el sistema de arbitraje de inversión es un obstáculo para el combate al cambio climático.
En contraste, el presidente Abelardo de la Espriella se perfila para abrir el país a intereses mineros trasnacionales. Me comenta Juan Camilo Sarmiento, destacado abogado del Comité de Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, lo siguiente: “Durante el gobierno de Petro el comité había logrado que su gobierno diera cumplimiento a una serie de sentencias judiciales mediante una declaración de un área de reserva temporal en la subcuenca del río Suratá del Páramo de Santurbán, el cual abastece a más de millón y medio de personas del área metropolitana de Bucaramanga y a diversas formas de vida”. Asimismo, por una declaratoria basada en estudios científicos, se logró que excluyeran las actividades mineras en un área de reserva definitiva en la Quebrada La Baja, incluyendo el proyecto de la empresa canadiense Aris Mining”.
Según Juan Camilo, “el nuevo gobierno de De la Espriella, en tres semanas, manifestó públicamente su apoyo a la empresa Aris Mining y su intención de convertir los bosques y ríos del Páramo de Santurbán en un distrito minero”. Al mismo tiempo, “ha aumentado la estigmatización y la criminalización contra personas del comité, con claras intenciones de judicialización y amenaza para la vida de sus integrantes”.
Estos retrocesos son inspirados por el guion del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien revocó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica de 2017. Como dice Daniel Castro en la revista The New Yorker, “la espectacular transformación del país más pequeño de Centroamérica –y el mensaje implícito de Bukele de que la seguridad y la democracia son mutuamente excluyentes– es ahora objeto de un número cada vez mayor de estudios académicos y ha influido en recientes campañas presidenciales exitosas en otros países además de Colombia, entre ellos Ecuador y Costa Rica” (trad. propia https://tinyurl. com/yc2wh5pc).
En efecto, el fracaso de las izquierdas en América Latina se debe en buena medida al hartazgo con la inseguridad pública, lo que aprovechan aspirantes a dictadores con gustos y tonalidades que llegan a los oídos de la gente. Así, los espejitos de propaganda derechista aprovechan el miedo y lo retroalimentan, haciendo de las luchas por la igualdad social objeto de medidas represivas.
Como dice Klein en su artículo sobre Orlando Letelier, “muchos de los que condenaron el historial de Pinochet en materia de derechos humanos elogiaron efusivamente al dictador por su audaz apuesta por los principios del libre mercado, que incluía una privatización vertiginosa, la eliminación de controles de precios de productos básicos, como el pan, y ataques contra los sindicatos”. Esta es, sin duda, la tendencia de los próximos años, pero esperemos que sea justamente en Estados Unidos donde en las elecciones de noviembre próximo el péndulo de la historia continúe su vuelco hacia la izquierda.
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc. org)