Esta inquietante tendencia ocurre tras el colapso sin precedentes registrado en 2025, año que se consolidó como el más violento en la historia de la nación al alcanzar un récord de 9.216 homicidios intencionales.
Fuentes especializadas relacionan el aumento de la letalidad en esta población con el uso e instrumentalización operativa de niños y adolescentes por parte de los grupos de delincuencia organizada. Foto: EFE
Durante los primeros ocho meses de 2026, la crisis de seguridad en Ecuador tomó un giro dramático en contra de la infancia y la adolescencia. Aunque entre enero y agosto los homicidios generales bajaron un 6,4% a nivel nacional, los asesinatos de menores de 18 años se dispararon a un récord histórico de 430 casos en el país.
La provincia del Guayas concentra casi la mitad de esta situación con 206 crímenes (47%), mientras que la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) abarca el 40% nacional con 175 casos, registrando un aumento del 12% en las muertes de menores dentro de su territorio.
Esta inquietante tendencia de 2026 ocurre tras el colapso sin precedentes registrado en 2025, año que se consolidó como el más violento en la historia de la nación al alcanzar un récord de 9.216 homicidios intencionales. Dicha cifra representó un alarmante incremento del 32% respecto al año anterior y elevó la tasa de muertes violentas a 50,91 por cada 100.000 habitantes.
Durante 2025, la violencia se concentró con ferocidad en la provincia de Los Ríos, con una tasa de 130,4 y cantones como Puebloviejo llegando a 360,0 y afectó principalmente a jóvenes de entre 18 y 29 años (3.800 víctimas), ejecutados predominantemente con armas de fuego en la vía pública. Fuentes especializadas relacionan el aumento de la letalidad en esta población con el uso e instrumentalización operativa de niños y adolescentes por parte de los grupos de delincuencia organizada.
Asimismo, fuentes policiales e informes técnicos explican que las bandas criminales aprovechan la vulnerabilidad social y económica de los menores de edad para emplearlos como vigilantes, distribuidores de drogas o en el sicariato, utilizándolos como escudo legal para evadir la responsabilidad penal.
La violencia en Ecuador tiene sus antecedentes en 2024, período en el que la tasa de homicidios cerró en 38,80 por cada 100.000 habitantes y el Gobierno decretó la figura de “conflicto armado interno” para desplegar a las Fuerzas Armadas.
Según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, analistas de seguridad señalan que, si bien la militarización y los estados de excepción lograron frenar el pico de violencia extrema y las masacres carcelarias iniciales, la reducción se vio matizada por la mutación del delito hacia economías criminales locales (como la extorsión o «vacunas») y rebrotes de violencia en provincias costeras y zonas de minería ilegal durante el transcurso de los meses siguientes.