Sierralta, Morris José: Abogado, gran defensor de portentosos ladrones de la cosa pública. Fue abogado defensor de Marcos Pérez Jiménez, Jaime Lusinchi y de Blanca Ibáñez, entre algunos de los muchísimos peces gordos que protegió. Con la mayor jeta del mundo solicitó a la Corte Suprema de Justicia la prescripción de otros casos entre los múltiples que se le imputaban a Lusinchi e Ibáñez, como la construcción y reparto de apartamentos en el complejo habitacional Juan Pablo II (diseñado por el arquitecto y amigo Jack Dornbush). Acusación formulada ante Salvaguarda que involucraba además a: Carlos Alfredo y Lorena Margarita García Ibáñez –hijos de Blanca-, otros familiares como Laura, Alexander y Mauricio Fazzolari Scuría (dueños de la Constructora Los Andes); Michele Fazzolari Faraco; el ex ministro de la Defensa, Andrés Eduardo Brito Martínez; el de Desarrollo Urbano, César Quintana Romero; el ex presidente del Centro Simón Bolívar, Arnaldo Morales Jatar; y el entonces diputado y empresario Alberto Finol. Otros involucrados en la descomunal corrupción de esta pareja de oro de Miraflores (cuyos familiares has estado con una bandera vitoreando en la Plaza Altamira a los escuálidos), son: César Quintana Romero, Arnaldo Morales, el mismo Jack Dornbusch y Adolfo Ramírez Torres, ex gobernador de Caracas luego detenido por tráfico de drogas; también, Américo Araujo, secretario general de AD en el estado Zulia y la ex gobernadora del Táchira, Luisa Teresa Pacheco de Chacón.
Sierralta, Morris José: Este abogado solicitaba la liberación de sus clientes basado en el hecho de que ya habían transcurrido más de cinco años desde que Lusinchi e Ibáñez habían cesado en sus funciones en el Palacio de Miraflores (El Universal, 27/05/1999). Se refería específicamente a la modalidad de “prescripción ordinaria”. Para ese instante, además del caso de los jeeps y de los apartamentos en Juan Pablo II, también reposaba una tercera acusación: el desvío de unos 100 millones de bolívares del Instituto Nacional de Hipódromos, los cuales sirvieron para financiar programas sociales encabezados por Ibáñez en las barriadas de Caracas, la compra de 24 caballos purasangre y cancelar refrigerios y gastos publicitarios para eventos especiales. Este caso prescribió en marzo de 1997 en las manos de los magistrados Pedro Osman Maldonado, presidente del Superior de Salvaguarda; Eunice León de Visan y Miguel Useche.
Sierralta, Yolanda: Véase Abogados Puntofijistas.
