Tribunal Superior de Salvaguarda: Esperpento jurídico, montado precisamente para salvaguardar a todos los ladrones de la cosa pública en Venezuela.
Tribunal Supremo de Justicia (recibido el día sábado, 17 de agosto de 2002)[1]: Cuando el Fiscal Elichiguerra promovió el juicio contra Miquilena, todos los magistrados del TSJ, tanto los que estaban a favor de Miquilena como los que estaban en contra, actuaron con absoluta parcialidad. Sólo uno o dos de los miembros del TSJ leyeron la totalidad del expediente. Los demás votaron en base a sus preconceptos. Cuando se produjo la elección de los magistrados en diciembre del 2000, de los que habían actuado en base a sus preconceptos fueron eliminados los que habían adversado a Miquilena. Los que habían actuado en base a preconceptos pero estaban a favor de Miquilena fueron reelegidos. Cabe destacar que el Presidente de la República nunca intervino en estas designaciones y que sólo Miquilena dirigió la elección y votación que realizó el MVR. Antecedentes De la Designación de los Magistrados del TSJ: 1.- La elección de los Magistrados provisorios del TSJ, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, fue parcialmente conducida por Luis Miquilena. La ignorancia de éste acerca de quién era quién en el mundo del Derecho en Venezuela hizo que encargara de la tarea de hacer varias de las escogencias que fueran afines a Franklin Arrieche Gutiérrez, un abogado habilidoso y sin escrúpulos que, por ambas razones, se convirtió en la mano derecha del Presidente de Multinacional de Seguros, Tobías Carrero. 2.- Como se sabe, entre Luis Miquilena y Tobías Carrero había una antigua amistad que se fortaleció con el importante apoyo financiero que éste le brindó a aquél, especialmente durante la campaña para la Asamblea Nacional Constituyente. Hay documentos donde constan los pagos de propaganda en radio y otros medios por parte de Tobías Carrero a favor de Miquilena (están el expediente que se le siguió a Miquilena por el caso Micabú). De modo que, cuando Miquilena necesitó el apoyo de un abogado para ciertas tareas reservadas, Carrero le ofreció a Arrieche y éste se ganó la confianza de Miquilena de tal manera que se hablaba de él como del “hijo de Miquilena”. Arrieche aprovechó la confianza de Miquilena para lograr que éste lo incluyera en la lista de Magistrados designados por la ANC y para lograr la inclusión de uno o dos abogados de su confianza. En el TSJ, Arrieche comenzó a obrar como operador político de Miquilena. Uno de los casos más notables fue el del enfrentamiento entre Miquilena y el Inspector General de Tribunales, René Molina, quien estaba llevando a cabo la más revolucionaria tarea que jamás se había llevado a cabo en la historia del Poder Judicial en Venezuela. En esa tarea, varios jueces corruptos introdujeron denuncias en su contra en el TSJ y Arrieche se dio a la tarea de visitar al Magistrado Cabrera, entre otros, solicitándole a éste que sus ponencias fueran contra Molina. Cabrera, a pesar de ser su compadre, se negó rotundamente a hacerlo y todas sus ponencias, como era lo justo, fueron a favor de Molina. Por otra parte, se dedicó a hacer divulgar en todo el TSJ que la elección de los Magistrados definitivos del TSJ dependería de la voluntad de Miquilena. Frente a las maniobras de Arrieche que, además comenzó a formar su grupo para controlar políticamente el TSJ, a Iván Rincón no le quedó más alternativa que intentar frenar la embestida corrupta de Arrieche, tarea en la cual fue acompañado por otros Magistrados que se agruparon a su alrededor en defensa de la dignidad del TSJ. Ya en agosto del 2000 comenzó en serio la campaña de los Magistrados provisorios para obtener su designación como definitivos. Cada uno comenzó a mover sus influencias dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Hubo una sola excepción: la de un Magistrado que, asqueado de los manejos propios de la IV República, se aisló y se negó a participar de tales manejos. Cuando los Magistrados Antonio García García y Carlos Oberto Vélez vieron la influencia de Arrieche se unieron a él en las gestiones dirigidas a asegurar su elección. Después se descubrió que la razón por la que éstos y otros empezaron a hacer carantoñas a Arrieche tenía que ver con que carecían de los requisitos para ser Magistrados definitivos. Oberto, inmediatamente antes de ser designado, iba a ser suspendido disciplinariamente de su cargo de Juez, pero la designación (gracias a ser el esposo de Noelí Pocaterra, actual vicepresidenta segunda de la Asamblea Nacional) le evitó la suspensión. La elección de los Magistrados provisorios por parte de la ANC se produjo sin mayores inconvenientes porque, para entonces (22 de diciembre de 1999) se hallaba todavía vigente la Constitución de 1961 y la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la cual exigía, entre otros requisitos alternativos, un mínimo de diez años como profesor universitario. En cambio, la Constitución que entró en vigencia el 30 de diciembre de 1999 era mucho más exigente. Brewer Carías había logrado introducir el requisito de que los profesores universitarios debían ser titulares. En la ANC se descubrió que, como Brewer Carías sabía quiénes eran los pocos profesores titulares de escalafón que había en Caracas, todos los cuales eran sus antiguos amigos y colegas, lo que pretendía era seguir teniendo el control que ya tenía de la CSJ, de modo que, al descubrir la maniobra, la ANC interpretó que la titularidad exigida no era en el escalafón sino en el cargo de profesor (probablemente bajo la orientación de los asesores jurídicos de la Universidad de Valencia, España), es decir que lo que se exigía era ser titular del cargo de profesor ordinario y no eventual o contratado. Pero es el caso que Arrieche, García y otros no eran profesores ordinarios sino contratados. Éstas y otras razones les impedía ser Magistrados, razón por la cual armaron una estrategia, seguramente con el apoyo de Miquilena, que consistió en elaborar una Ley Especial que, en violación flagrante de la Constitución, hiciera posible que la Asamblea Nacional los eligiese sin revisar si cumplían o no los requisitos y, por tanto, sin que la elección pasase por las instancias de control previstas en el procedimiento constitucional. Por ello, los Magistrados FRANKLIN ARRIECHE, ANTONIO GARCÍA GARCÍA y CARLOS OBERTO VÉLEZ fueron quienes redactaron el proyecto de Ley Especial que hizo posible y facilitó que Arrieche y otros que no cumplían los requisitos fuesen electos como Magistrados. Por otra parte, Arrieche hizo, entre otros, los siguientes movimientos: se reunió en privado con cada uno de los Magistrados y casi les exigió que no enviaran a la Asamblea su currículum con sus soportes, sino únicamente su voluntad de ser ratificados. La razón era obvia: impedir que la Asamblea viera la escasez de su currículo y su falta de requisitos. Algunos Magistrados (Zerpa y otros) con un vitae abultado hicieron todo lo contrario, y por poco se quedan fuera. También Arrieche envió una carta (tal vez la única maniobra que puede ser probada documentalmente) al Presidente de la Asamblea Nacional para convencerlo de la constitucionalidad de la Ley Especial (William Lara que no es abogado tenía muchas dudas sobre el particular) que había elaborado. Al final de la carta, hay una frase con la cual prácticamente amenaza al Presidente de la Asamblea Nacional si éste no se plegaba a la propuesta. Finalmente, Arrieche se dedicó durante por lo menos dos semanas desde la mañana hasta la noche (dicho por él mismo), principalmente en los recintos de la Asamblea Nacional, a negociar en nombre de Miquilena, cada uno de los cargos del TSJ, a cuyo efecto se reunió con los sectores más corrompidos de Acción Democrática (encabezado por Ramos Allup, de la ciudad de Valencia al igual que Arrieche) y el MAS (encabezado en estas negociaciones por Luis Salas, mejor conocido como Crapulín) y negoció no solo su ingreso sino que, esta vez, con las manos libres, el de un grupo de abogados de su absoluta confianza, la mayoría de la ciudad de Valencia, con la cual ha logrado formar una verdadera mafia en el TSJ. De estas reuniones hay testigos, pero no se sabe si alguno estaría dispuesto a declarar. La Defensora del Pueblo, Dilia Parra, actual Directora del Instituto de Estudios del Ministerio Público, se percató de la inconstitucionalidad de la Ley Especial e introdujo una acción de amparo ante la Sala Constitucional del TSJ, cuyos Magistrados fueron sometidos a presión por muchos de los demás Magistrados a fin de que la acción fuese rechazada. La presión surtió efecto, salvo en el caso del Magistrado Troconis (elogiado en un remitido por la UCV) que, en cada deliberación de la Sala Constitucional, mantuvo su posición según la cual la Ley dictada para ratificarlo era manifiestamente inconstitucional. Sin embargo, la presión de Arrieche y otros Magistrados fue tan intensa que los demás Magistrados de la Sala se negaron a decidir la acción de amparo hasta que no terminara el procedimiento de la Ley inconstitucional que la Asamblea ya había comenzado a aplicar. La fuente de conocimiento de estos detalles es el periodista de El Nacional (Edgar López), a cargo del TSJ. Ignoro si existen pruebas de la intervención de Arrieche en la corrupción que ya se conoce que existe en la Sala de Casación Civil que dicho Magistrado preside. En efecto, al igual que en la IV República con Aníbal Rueda (también de Valencia) se sabe de pagos de grandes sumas de dinero a cambio de sentencias.
Triebwasser, Josefina: Profesora Miembro de las organizaciones Recivex/IVCD; miembro del Grupo 400+ (G-400+). Véase Grupo 400+ (G-400+).
Troconis G., Alberto: Especialista en Recursos Inhumanos miembro del Grupo 400+ (G-400+). Véase Grupo 400+ (G-400+).
Truzman, Miguel: miembro del Grupo 400+ (G-400+). Véase Grupo 400+ (G-400+).
[1] Un informe confidencial y secreto.
