A finales de agosto, el presidente Donald Trump anunció lo que denominó el «mayor acuerdo petrolero en la historia mundial». Desde entonces, el texto completo del pacto —que otorga a Estados Unidos un acceso amplio a las reservas de petróleo de Venezuela— se ha convertido en uno de los secretos más codiciados en Washington, D.C.
ProPublica ha tenido acceso a una copia del acuerdo de asociación estratégica de 18 páginas, firmado en nombre de Estados Unidos por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El documento revela términos cuidadosamente redactados que favorecen los intereses estadounidenses en todo momento y consolidan el poder de un pequeño grupo de personas, elegidas a dedo por la administración Trump, para dirigir el proyecto y beneficiarse de él. El papel del gobierno venezolano y los posibles beneficios para su población están prácticamente ausentes en el texto.
Uno de los aspectos más criticados del anuncio de Trump ha sido la elección de su socio: Alejandro Betancourt, un oligarca venezolano de proyección internacional que ha sido objeto de investigaciones por lavado de dinero en tres países.
La administración Trump adquirirá una participación del 35 % en la empresa de Betancourt, North American Blue Energy Partners (NABEP), mediante la compra de acciones de una sociedad matriz registrada en Barbados. El documento del acuerdo ofrece escasa información sobre los propietarios e inversores que se encuentran detrás de dicha sociedad matriz, quienes podrían obtener una enorme riqueza gracias a este pacto.
El acuerdo también garantiza la permanencia de Betancourt como director ejecutivo de NABEP y establece que el gobierno estadounidense colaborará con la sociedad matriz para designar una poderosa junta directiva de siete miembros, encargada de gestionar la iniciativa durante un periodo inicial de 15 años. Según personas al tanto de cómo se gestó el acuerdo, estos puntos fueron diseñados específicamente para evitar que futuros líderes, tanto en Estados Unidos como en Venezuela, pudieran desmantelar la empresa.
Orlando Alvarado —cuyo nombre no fue revelado por la administración Trump como parte en el acuerdo— firmó el documento en representación de la sociedad matriz, junto a Betancourt, Hegseth y Rubio. Alvarado ha ocupado cargos de alta dirección en diversas empresas de Betancourt; entre ellos, el de director financiero de una compañía energética que, hace una década, se vio envuelta en varios escándalos. Según el Miami Herald, los fiscales federales identificaron a Alvarado como un coconspirador no imputado en una trama para desviar fondos de la compañía petrolera nacional de Venezuela.
Terry Wade, portavoz de NABEP, afirmó que «ni el señor Betancourt ni el señor Alvarado han sido acusados jamás de ningún delito en ningún país, y cualquier acusación en su contra carece de fundamento».
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Cate Brown
Me interesa hablar con personas que conozcan cómo los miembros de la administración Trump, o sus familiares, llevan a cabo sus negocios, tanto dentro como fuera del país.
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Aspectos clave del plan difieren de las declaraciones públicas de la administración Trump. Trump ha asegurado que el acuerdo garantizará el dominio energético de Estados Unidos durante el próximo siglo. Sin embargo, el texto indica que los derechos de compra de Estados Unidos expiran en la mitad de ese tiempo y que los derechos operativos subyacentes parecen contravenir las leyes venezolanas, las cuales limitan las concesiones petroleras a un máximo de 25 años.
El acuerdo garantiza a Estados Unidos un descuento sustancial respecto al valor justo de mercado en el 20 % del petróleo de NABEP, tal como ha señalado Trump. No obstante, no garantiza explícitamente que la empresa de Betancourt esté obligada a pagar a Venezuela los 200 000 millones de dólares —una cifra estimada— en regalías e impuestos que, según la Casa Blanca, beneficiarían al país.
Asimismo, existen matices importantes en relación con el principal argumento de venta que Trump ha presentado a los estadounidenses: que el acuerdo traerá consigo un flujo masivo de importaciones de petróleo a bajo costo.
El acuerdo otorga a Estados Unidos el derecho a comprar el 20 % del petróleo de NABEP a un precio reducido de 30 dólares por barril —menos de un tercio del precio al que se ha vendido el petróleo en los últimos meses—, según uno de los tres documentos de respaldo analizados por ProPublica.
Sin embargo, este precio no contempla los costos necesarios para sacar el petróleo de Venezuela. Gran parte del crudo venezolano es tan denso que no puede fluir a través de los oleoductos sin ser mezclado previamente con, al menos, un 20 % de productos diluyentes. Según los términos del acuerdo, el costo —potencialmente elevado— de importar millones de barriles de estos materiales para la mezcla no está incluido en el precio. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y la empresa energética NABEP defendieron el acuerdo, señalando en sendos comunicados que su nueva iniciativa público-privada aportará beneficios económicos significativos y duraderos a ambos países, los cuales no pueden quedar reflejados en un documento legal.
«Este acuerdo histórico representa un paso importante hacia la estabilización de la economía venezolana tras años de hiperinflación y una ausencia casi total de nuevas inversiones, al tiempo que más que duplica las reservas de petróleo de Estados Unidos», afirmó Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca.
Wade subrayó que se eligió a NABEP debido a su trayectoria en la ampliación de la producción petrolera en Venezuela en los últimos años, y aclaró que el acuerdo se estableció entre la empresa y el gobierno de Estados Unidos, no con Venezuela.
«Gracias, en gran medida, a este acuerdo —señaló Wade—, ha surgido una mayor confianza en el futuro de la industria petrolera venezolana y, como consecuencia directa, están llegando al país importantes inversiones nuevas».
Añadió que gran parte del petróleo de NABEP proviene de yacimientos que requieren pocos o nulos materiales de mezcla, y que los costos de dicha mezcla no afectarían de manera significativa el precio de producción. «La rentabilidad de nuestro barril es sólida».
No obstante, los detalles recién revelados del acuerdo probablemente susciten más interrogantes sobre si esta alianza poco convencional entre Estados Unidos y un magnate energético extranjero puede reportar beneficios duraderos a cualquiera de los dos países, y qué partes privadas podrían beneficiarse en el proceso. Según exdiplomáticos estadounidenses y personal del Congreso, el acuerdo petrolero de Trump probablemente será objeto de escrutinio tanto en Estados Unidos como en Venezuela, especialmente si los demócratas obtienen el control de una o ambas cámaras en las elecciones de mitad de mandato.
«La primera pregunta en un nuevo Congreso de Estados Unidos será: ¿Por qué Betancourt?», señaló en una entrevista el exembajador James Story, quien ejerció como el principal diplomático estadounidense en Caracas entre 2018 y 2023. «¿Por qué consiguió él este acuerdo? ¿Y estuvo involucrado en actividades delictivas? Parece razonable celebrar una audiencia en el Congreso para abordar estas cuestiones».
«La primera pregunta en un nuevo Congreso de Estados Unidos será: ¿Por qué Betancourt?».
James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela.
En declaraciones públicas, Delcy Rodríguez —quien contó con el respaldo de la administración Trump para ocupar el cargo de presidenta interina de Venezuela— calificó el acuerdo de «histórico». Rodríguez ha afirmado que Venezuela mantendrá su soberanía sobre sus recursos naturales y ha defendido la elección de Betancourt.
Personas al tanto de las negociaciones y del proceso de toma de decisiones —realizado entre bastidores— entre la administración Trump y Betancourt hablaron con ProPublica bajo condición de anonimato, ya que no contaban con autorización para hacerlo o temían sufrir represalias.
Una de las razones por las que los términos exactos del acuerdo han permanecido ocultos hasta ahora es que el documento firmado está clasificado como «sensible» por el gobierno. Esta categoría se utiliza habitualmente para proteger diversos registros federales de su divulgación pública, incluidos aquellos que contienen información sobre el personal, detalles de operaciones policiales en curso o asuntos amparados por el secreto profesional entre abogado y cliente. El documento también contiene una cláusula de confidencialidad que prohíbe a la empresa de Betancourt revelar la «existencia y los términos» del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
Una persona al tanto de las deliberaciones señaló que personas cercanas a la administración Trump parecían interesadas en asociarse con la empresa de Betancourt debido a la privacidad y la flexibilidad que esta ofrecía. Esto, al parecer, otorgaba a NABEP una ventaja sobre las compañías petroleras que cotizan en bolsa, las cuales estarían sujetas a requisitos de información ante sus accionistas.
«Por ejemplo —dijo esa persona—, Chevron no podría entregar el 35 % de sus acciones al Pentágono».