Una petición en la Asamblea Nacional exige prohibir los LBD y las granadas de desencerclamiento, mientras el ministro del Interior califica a los estudiantes de “matones” y “delincuentes”.
La represión policial contra el movimiento estudiantil francés ha dejado un reguero de mutilaciones y heridas graves que contradice el relato oficial sobre el uso de “armas menos letales” y el intento de presentar las protestas como “caos y vandalismo unilateral”. Según el balance difundido por el activista Raphaël Pradeau, profesor y padre de un estudiante de secundaria, entre el inicio de las protestas y el pasado 24 de octubre se han registrado 8 personas ciegas de un ojo, 2 rostros destrozados, 5 amputados y 14 heridos graves. La lista de víctimas, recopilada a partir de partes médicos y testigos, incluye a Maël, un joven de 16 años de Tours que perdió un ojo por un disparo de LBD el 30 de septiembre; a Evan, de 15 años, que sufrió la amputación de una mano por una granada de desencerclamiento en Lens el 5 de octubre; y a una adolescente de 16 años en Martigues que perdió un ojo por una granada lacrimógena. Otros casos documentan manos arrancadas, piernas destrozadas, testículos reventados y arterias femorales seccionadas por el impacto de estas armas.
Petición en la Asamblea Nacional con más de 150.000 firmas
Ante esta situación, han impulsado una petición en la plataforma de la Asamblea Nacional (N°7231) que ya ha superado las 151.000 firmas y exige la prohibición de las armas mutilantes y las técnicas de inmovilización letales en las manifestaciones estudiantiles. La petición reclama el retiro de los LBD 40, las granadas explosivas y de desencerclamiento (como las GM2L y DMP, que provocan arrancamientos y esquirlas), y los pistolas Taser, así como la prohibición de maniobras de asfixia como el placaje ventral, las llaves de estrangulamiento y el plegado corporal. “La respuesta del gobierno es criminalizar a nuestros alumnos, a nuestros hijos”, denuncia Pradeau, quien cita al ministro del Interior, Laurent Nuñez, para evidenciar la deriva represiva: “Han olvidado que son estudiantes de secundaria, (para él ) son simplemente matones, delincuentes”. El ministro ha asumido además que no da “ninguna consigna de contención y ninguna consigna de no utilizar todo el armamento intermedio a disposición”.
Institucionalización de la brutalidad policial
Mientras el primer ministro, Sébastien Lecornu, ofrecía a los estudiantes un paquete de medidas insuficientes para calmar los ánimos (15.000 plazas y la promesa de reformar Parcoursup en 2028), el ministro del Interior calificaba a los menores de edad de “delincuentes”. Las organizaciones estudiantiles y el propio Pradeau recuerdan que la ONU y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa han exigido a Francia que revise “cuanto antes” su doctrina de uso de la violencia policial y detenga el uso de estas armas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, el Gobierno continúa desplegando un dispositivo de 70.000 agentes, restringiendo el derecho a manifestación y permitiendo material que ha provocado lesiones graves, mientras las heridas de los jóvenes se multiplican.
La petición ciudadana, que necesita 500.000 firmas para ser debatida en el hemiciclo, busca poner freno a una escalada represiva que recuerda a los episodios más tensos de la historia reciente de Francia. “No podemos esperar a que se produzcan nuevas tragedias y que un joven muera como sucedió con Malik Oussekine”, advierte Pradeau, en referencia al estudiante asesinado por la policía en 1986. El movimiento estudiantil, que ya suma cinco semanas de bloqueos y manifestaciones, se prepara para un mes de noviembre de protestas continuadas, conscientes del riesgo físico de la lucha y de que las migajas ofrecidas por el Ejecutivo no resuelven el problema de fondo.