La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
El titular del Legislativo señaló que envió una comunicación a la presidenta del máximo tribunal, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, junto con la propuesta y su exposición de motivos, conforme al artículo 3 de la normativa que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente.
Remitimos al TSJ el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con su correspondiente exposición de motivos para su consideración, a fin de avanzar en la consulta pública y segunda discusión. https://t.co/C6eKxQru5L
“Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con su correspondiente exposición de motivos”, indicó Rodríguez.
Revisión del proyecto
El proyecto fue elaborado por la Comisión Especial para la Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, presidida por el diputado Pedro Infante (PSUV/Miranda), primer vicepresidente del Parlamento.
Rodríguez explicó que corresponde ahora al TSJ examinar la propuesta para continuar el procedimiento legislativo y avanzar hacia la consulta y una segunda discusión en la Asamblea Nacional. “Ya estamos en oportunidad de que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien considere el asunto de la reforma parcial para continuar avanzando y traer luego de la consulta a segunda discusión el proyecto de ley”, afirmó.
La iniciativa busca moderar sanciones consideradas desproporcionadas y avanzar hacia la despenalización de determinadas conductas tipificadas en la norma aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente.
Origen de la solicitud
El pasado 29 de septiembre, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, solicitó a la Asamblea Nacional, con carácter de urgencia parlamentaria, la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio. La propuesta tiene como propósito central avanzar en la despenalización de las conductas previstas en el marco normativo, en el marco de la transformación del sistema de justicia penal.
El proyecto del Ejecutivo plantea la apertura de espacios de reencuentro social, el respeto a la diversidad y la ubicación de la dignidad humana en el centro de la legislación. Según el documento, la modificación legal apunta a fortalecer la confianza en las instituciones del Estado y dinamizar la vida política y social del país.
Consulta y participación
El lunes 5 de octubre se instaló en el Palacio Federal Legislativo la comisión especial encargada de conducir la reforma parcial de la ley. El espacio definió una ruta de trabajo basada en el diálogo con diversos sectores sociales.
Infante informó que las mesas de debate abrirán espacios de escucha activa para incorporar a la sociedad civil. La consulta abarcará a víctimas, periodistas y sectores afectados por la aplicación previa de la legislación vigente. La revisión se concentra en los artículos que contemplan penas de diez a veinte años de prisión para el delito de instigación al odio. De forma paralela, la comisión técnica propuso modificar la denominación oficial del instrumento jurídico.
El proceso responde a un llamado del Ejecutivo Nacional para reconsiderar una norma que, según el Gobierno, requiere ajustes por usos excesivos durante su vigencia. La propuesta deberá superar la revisión del TSJ, la consulta pública y la segunda discusión parlamentaria antes de su aprobación.