Dos días después de perder su visa en Estados Unidos, el fiscal general de Bolivia terminó privado de su libertad.
El 28 de septiembre, Estados Unidos anunció la revocación de la visa del fiscal general boliviano Roger Mariaca, acusándolo de corrupción y de facilitar el narcotráfico.
Ese mismo día, Mariaca respondió públicamente y rechazó las acusaciones. Denunció presión e interferencia sobre el Ministerio Público y señaló que la medida podía estar relacionada con investigaciones que llevaba adelante la Fiscalía, entre ellas la causa contra el argentino Fernando Cerimedo.
Dos días después, el 30 de septiembre, Mariaca fue detenido. La Fiscalía denunció que la aprehensión fue realizada de manera ilegal y llegó a calificarla como un “secuestro”, mientras se realizaban operativos y allanamientos en dependencias del Ministerio Público.
Su abogado, Jerjes Justiniano, cuestionó el procedimiento y reclamó el respeto de las garantías y del debido proceso. Posteriormente también cuestionó la propia imputación y señaló contradicciones en los delitos atribuidos a Mariaca.
La detención se produjo mientras Mariaca aún ejercía como Fiscal General del Estado, abriendo además una controversia sobre sus fueros, la legalidad del procedimiento y la independencia del Ministerio Público.