Por: Italo Urdaneta
El reciente reingreso a Venezuela de figuras asociadas a la Asamblea Nacional de 2015, encabezada en su última etapa por Dinorat Figuera, y su interacción con la Asamblea Nacional (AN) actual, presidida por Jorge Rodríguez, ha abierto un flanco de debate profundo, particularmente dentro de las bases y los sectores de opinión que respaldan aún el proceso revolucionario.
Este movimiento político, que está orientado a la conformación de espacios de concertación para la designación de nuevas autoridades en el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, no ocurre en el vacío. Se da sobre un trasfondo histórico marcado por la disputa jurídica y financiera en el extranjero, específicamente en torno al control y manejo de recursos de la Nación provenientes de las empresas Citgo y Monómeros.
Hay quienes piensan que la directiva de la AN de 2015 manejó de manera opaca recursos financieros estimados en más de 350 millones de dólares.
Ante este escenario, la exigencia de rendición de cuentas se erige como un imperativo ético y legal ineludible.
Independientemente de la naturaleza jurídica que los actores de la AN de 2015 se hayan atribuido a sí mismos, el manejo de dividendos y activos que pertenecen al Estado venezolano trasciende la confrontación facciosa.
Los cuestionamientos planteados por creadores de contenido, analistas y la militancia de base convergen en un punto fundamental: ningún proceso de entendimiento o reinserción a la dinámica política nacional puede eludir el escrutinio financiero.
La falta de transparencia sobre el uso de esos recursos constituye una herida abierta en la memoria pública que exige claridad absoluta antes de cualquier pacto institucional.
En el seno de quienes apoyan el proceso revolucionario, esta situación genera un dilema táctico entre los principios y el pragmatismo.
La base social experimenta un legítimo malestar y resquemor ante la presencia de actores que, durante años, operaron desde el exterior bajo el amparo de gobiernos extranjeros y con esquemas de sanciones que afectaron directamente a la economía del país.
Por un lado, la dirección política nacional evalúa la necesidad de abrir compuertas institucionales y canales de diálogo de cara a procesos cruciales; por el otro, la militancia exige que la pragmática política no atropelle la dignidad ni diluya las responsabilidades por los daños económicos infligidos a la nación.
Asimismo, es imposible ignorar la corresponsabilidad internacional y el papel de Washington en este ajedrez político.
El retorno de estas figuras y la reconfiguración de sus movimientos en el escenario nacional ponen en evidencia los cambios de enfoque de la política exterior estadounidense hacia Venezuela.
Por ello, es vital recalcar que la soberanía del país no solo se defiende en el plano territorial, sino en la exigencia de que cualquier actor que haya comprometido los recursos de la República rinda cuentas ante los órganos competentes, cerrando el paso definitivo a la impunidad.
Ante la interrogante central de si Dinorat Figuera y los integrantes de aquella instancia deben o no rendir cuentas antes de integrarse a mesas de trabajo para elegir un nuevo CNE y una nueva directiva del TSJ, la respuesta desde la óptica de la opinión pública crítica y la justicia distributiva es categórica: sí, es un requisito indispensable.
La integración a espacios de diálogo nacional no puede operar como un mecanismo de amnesia colectiva ni como un borrón y cuenta nueva.
La legitimidad de cualquier acuerdo que involucre la arquitectura de los poderes públicos se debilita profundamente si se marginan las responsabilidades sobre el manejo de fondos públicos sustraídos al país.
La rendición de cuentas previa no solo calma el malestar legítimo de las bases, sino que sella un principio fundamental de república: la transparencia absoluta y el respeto irrestricto por el pueblo venezolano.