TeleSUR
En nombre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el canciller de esa nación suramericana, Yván Gil, expresó la conformidad del Gobierno a la condena emitida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que luego de varias semanas se posicionó por primera vez contra los ataques militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, en los que fueron asesinadas más de 60 personas.
«Venezuela saluda que desde esta tribuna se haya asumido la responsabilidad de rechazar estas escaladas belicistas y agresiones injustificadas así como la violación del derecho internacional y las ejecuciones extrajudiciales, tal como lo han reconocido expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)», enfatizó Gil en sus redes sociales.
En la misma línea, Venezuela reiteró su llamado a todo el sistema de Naciones Unidas a utilizar sus capacidades para «defender la paz y la soberanía de todas las naciones», especialmente en relación con el decreto de «Zona de Paz» para la región caribeña, declarado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014.
El pronunciamiento del canciller Gil se produce luego de que Volker Türk denunciara que los recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, presuntamente vinculadas al narcotráfico, constituyen violaciones graves del derecho internacional y podrían tipificarse como ejecuciones extrajudiciales.
Türk exigió el cese inmediato de los bombardeos, aseverando que ninguna de las víctimas representaba una amenaza inminente.
El organismo multilateral sostiene que Estados Unidos no puede invocar el derecho internacional humanitario al no existir un conflicto armado declarado, por lo que los hechos se rigen por el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe la ejecución arbitraria.
Adicionalmente, La ONU rechazó la defensa de Washington de que sus acciones son «selectivas y proporcionales«, recordando que las operaciones militares no sustituyen las responsabilidades policiales y judiciales que corresponden a los Estados en la lucha contra el narcotráfico.
