TeleSUR
Venezuela posee las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo —más de 300 mil millones de barriles—, pero una década de sanciones coercitivas impuestas por estados Unidos impidió desarrollar la inversión necesaria para explotar esta riqueza.
El 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una iniciativa del Ejecutivo para modernizar el sector energético.
Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, presentó la exposición de motivos señalando que la normativa vigente desde 2006 requiere actualización ante la transición energética acelerada y la competitividad global.
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#22Ene || Queda aprobado por Mayoría Calificada Evidente, el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en primera discusión. pic.twitter.com/F6sQtBR0ag
La reforma introduce un cambio estructural: la formalización de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Bajo este modelo, las empresas operadoras asumen la gestión integral de los proyectos a su propio riesgo y costo, lo que dinamiza la actividad sin comprometer al Estado con deudas o compromisos financieros directos.
Este mecanismo permitió en 2025 alcanzar una producción de 1.2 millones de barriles diarios y atraer inversiones cercanas a los 900 millones de dólares, según detalló la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El diputado Jesús Faría enfatizó que este cambio normativo responde a las prácticas exitosas ya evaluadas bajo la Ley Antibloqueo, orientadas a consolidar la independencia nacional y la recuperación de la industria.
Las principales modificaciones
La Ley Orgánica de Hidrocarburos introduce ajustes que otorgan mayor autonomía a los accionistas minoritarios en empresas mixtas y habilitan contratos con privadas para actividades primarias, sin comprometer la soberanía del Estado bajo control del Ministerio de Energía y Petróleo.
El nuevo Artículo 36 permite a estos accionistas la comercialización directa de su cuota de producción, siempre que el precio de venta supere el logrado por las empresas estatales y se declaren los ingresos al Banco Central de Venezuela, al Ministerio y al sistema impositivo petrolero. También pueden abrir y gestionar cuentas bancarias en cualquier moneda y jurisdicción para incrementar el flujo de divisas, y ejercer la gestión técnica y operativa de la sociedad —directamente o mediante un prestador de servicios especializado— bajo supervisión ministerial. La norma busca garantizar eficiencia operativa, aplicación de las mejores prácticas internacionales y costos de producción competitivos, manteniendo el equilibrio económico-financiero hasta alcanzar el retorno de la inversión.
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| La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anuncia el ingreso de los primeros 300 millones de dólares de la venta de petróleo.
Estos fondos serán directamente destinados al ingreso de las trabajadoras y trabajadores del país.
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El Artículo 40 abre una nueva modalidad: las empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales pueden suscribir contratos para el desarrollo de actividades primarias con empresas privadas domiciliadas en Venezuela. La empresa operadora privada asume la gestión integral a su exclusivo costo, cuenta y riesgo, siempre que demuestre capacidad financiera y técnica mediante un Plan de Negocios aprobado por el Ministerio. Lo crucial: las empresas estatales no asumirán compromisos financieros ni deudas derivadas de estos contratos, protegiendo el patrimonio público.
El renovado Artículo 38 establece ventajas especiales para la República: aumento de la regalía, contribuciones u otras contraprestaciones como compensación económica por el acceso a las reservas, así como el empleo y cesión de tecnologías avanzadas, becas y oportunidades de entrenamiento técnico para el desarrollo del talento local.
Plazos, regalías e impuestos flexibles
El Artículo 35 (antes 34) fija una duración máxima de 25 años para las actividades primarias de empresas mixtas, prorrogable por 15 años adicionales. La solicitud debe hacerse después de la mitad del período y antes de los últimos cinco años.
El Artículo 52 (antes 44) define la regalía en 30% sobre los volúmenes de hidrocarburos extraídos, pero el Ejecutivo Nacional puede rebajarla hasta 20% para empresas privadas contratadas o hasta 15% para empresas mixtas cuando se demuestre que el proyecto no es económicamente viable con la tasa plena. La regalía puede restituirse si las condiciones mejoran.
El Artículo 56, numeral 4 (antes 48, numeral 4) establece un Impuesto de Extracción de un tercio (1/3) del valor de los hidrocarburos líquidos extraídos, calculado sobre la misma base de la regalía y con posibilidad de deducir la regalía pagada. Este impuesto también puede reducirse hasta 20% (contratos con privadas) o 15% (empresas mixtas) según condiciones de mercado o para incentivar proyectos estratégicos.
Comercialización bajo control estatal
El Artículo 64 (antes 57) refuerza el control estatal sobre la comercialización de hidrocarburos y derivados, que ejercen principalmente las empresas estatales. El Ejecutivo Nacional puede autorizar excepcionalmente a otras empresas a comercializar directamente si demuestran precios de venta superiores y garantizan el control efectivo del Estado. Esta autorización no implica transferencia de titularidad de yacimientos, y el Ministerio puede suspenderla o revocarla por incumplimiento, diferencias de precios, afectación del suministro interno o infracciones graves.
Estas disposiciones buscan atraer inversión y conocimiento especializado, asegurando que la participación privada contribuya al desarrollo nacional, la formación de talento y la optimización de ingresos bajo los principios de soberanía económica y gestión estratégica de los recursos.
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#Opinion Por: José R. Cabañas Rodríguez | Ataques contra Venezuela, petróleo y billetes → https://t.co/dwkvKb3DO5 pic.twitter.com/Bl9JrUhHAC
— teleSUR TV (@teleSURtv) January 21, 2026
Seguridad jurídica y arbitraje internacional
La reforma introduce el Artículo 8, que habilita mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes, una novedad que busca dar mayor certeza a los inversores.
Además, el Artículo 23 formaliza tres modalidades de operación: empresas de exclusiva propiedad de la República, empresas mixtas con participación mayoritaria estatal, y empresas privadas domiciliadas en Venezuela bajo contrato.
El modelo contractual se completa con cinco artículos que regulan la retribución mediante participación porcentual sobre volúmenes fiscalizados (Art. 41), el arrendamiento de activos estatales con pago de canon (Art. 42), la restitución de activos sin indemnización al concluir el contrato (Art. 43), el régimen tributario con empresas estatales como agentes de percepción (Art. 44), y la cláusula de restablecimiento del equilibrio económico-financiero (Art. 45).
Las disposiciones transitorias garantizan la plena validez de los Contratos de Participación Productiva suscritos bajo la Ley Antibloqueo, y facultan al Ministerio para evaluar y adecuar las empresas mixtas existentes al nuevo marco legal.
Transparencia y auditoría en tiempo real
Según explicó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se encuentra en proceso de creación una plataforma tecnológica para el manejo de los fondos que garantizará auditoría en tiempo real y uso eficiente de cada divisa que ingrese al país.
Se trata de portales web oficiales que publicarán en detalle todos los ingresos económicos del Estado venezolano por venta de petróleo y minerales, así como el destino preciso de esos recursos.
La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca que «la gente vea, sepa y pueda interpelar» el manejo de la renta nacional. «Para que se sepa todo lo que ha ingresado y en qué se ha gastado cada centavo», afirmó Jorge Rodríguez durante una reunión de la Comisión Consultiva parlamentaria.
Además, la Agenda Legislativa incluye 29 leyes, entre ellas el proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de Trámites, también basado en el modelo antibloqueo, buscando eliminar la burocracia que frena el desarrollo industrial.
«Estamos obligados a colaborar en el mantenimiento de la paz de la República y en la construcción de una economía fuerte», puntualizó Jorge Rodríguez en sus redes sociales.