Por Antonio Nava.
Próximamente se cumplirán 16 años del primer acto conocido de traición a la patria perpetrado por Rafael Ramírez, con el objeto de poner de rodillas a nuestra primera industria y con ella a la nación entera ante el imperio norteamericano. Aquel día nefasto para Venezuela, 30 gerentes de primera y segunda línea de PDVSA en Occidente, fueron arbitrariamente despedidos. Se pretendía con esta acción, enmascarada en causas infundadas, crear un nuevo cuerpo directivo que sirviera a los planes de Ramírez.
El 17 de febrero de 2.005, los gerentes que habíamos defendido nuestra industria en PDVSA Occidente, durante el paro petrolero de 2.002, fuimos citados, individualmente, y llevados a un salón de conferencias donde el director de la empresa y un grupo de adláteres nos informaron que, por razones estrictamente organizacionales —no tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico laboral—, habíamos sido despedido de la empresa y que debíamos entregar de inmediato nuestros instrumentos de trabajo (vehículo, laptop, celular y carnet de identificación). Con tal violencia fuimos expulsados, sin consideración alguna.
Gradual y despiadada fue la labor de saqueo y destrucción de las bases morales y materiales de PDVSA, realizada por estos apátridas tarifados por el imperio estadounidense. Para ello siempre contaron con el apoyo de una infame fiscal, de cuyo nombre no quiero acordarme, que les vendió protección en sus fechorías, hasta que, gracias al Gobierno Revolucionario encabezado por el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros se puso en evidencia esta trama hamponil y muchos de sus integrantes fueron puestos a buen resguardo en el sistema penitenciario nacional. Más de 100 altos funcionarios de PDVSA en oriente y occidente, reclutados por Rafael Ramírez y la CIA, han sido judicializados por el nuevo Fiscal General de la República, Doctor Tarek William Saab, por estar incursos en hechos de corrupción y traición a la patria, entre muchos otros delitos, algunos de estos infames criminales son prófugos de la justicia.
A continuación, presentaremos, sucintamente, las irregularidades ocurridas en este caso:
- Una vez despedidos fuimos objeto de una abusiva campaña difamatoria a través de prensa, radio y televisión, acusándosenos de hechos de corrupción. Incluso PDVSA pagó avisos para difamarnos.
- PDVSA nunca presentó acusación alguna ante la fiscalía, a pesar de que el ministro Rafael Ramírez declaró, públicamente, ante Ernesto Villegas cuando este tenía su programa matutino en VTV, que todos los casos habían sido pasados a fiscalía.
- A solicitud de los afectados, la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, presidida entonces por el Diputado Pedro Carreño, realizó una investigación que determinó, por unanimidad, nuestra inocencia y exhortó a PDVSA a resarcirnos de los daños causados, cosa que fue ignorada.
- Ante esta comisión multipartidista declararon todos los altos funcionarios relacionados con el caso, entre los cuales se encontraban los directores Luis Vierma, Vicepresidente de Exploración y Producción, Alejandro Granados Vicepresidente de Refinación y el entonces coronel Wilmer Barrientos Gerente de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA, quien declaró ante la comisión lo siguiente: “A los despedidos no se les había investigado”.
- Curiosamente Rafael Ramírez no compadeció ante la comisión de contraloría, a pesar de haber sido citado en tres oportunidades, debido a que el entonces presidente de la Asamblea Nacional, nuestro respetado y querido actual Presidente Obrero, Nicolás Maduro Moros, interrumpió las sesiones hasta nuevo aviso por razones que ahora comprendemos. Luego el caso se enfrió y nosotros nos quedamos sin recursos para continuar la batalla comunicacional, cundiendo en nosotros la resignación.
- Nuestros jefes directos, Félix Rodríguez y Alí Rodríguez Araque, no fueron tocados, cosa absurda si tomamos en consideración que sus subalternos directos eran, supuestamente, un atajo de ladrones. Señores, estamos hablando de gerentes de primera y segunda línea de nuestra principal industria, por ello creímos, en aquel momento, que el comandante presidente Chávez debía haber sido mal informado.
- El 20-08-2005, ante la presión ejercida por algunos medios, el ministro Rafael Ramírez declaró que los despidos se habían producido por no haberse cumplido las metas de producción en occidente (Curiosamente ese año nuestras cifras fueron mejores que las de oriente y allá no se despidió a nadie en aquel momento, después lo harían al detal).
- Se violó todo el ordenamiento jurídico creado por la revolución y establecido en nuestra constitución Bolivariana, según se especifica a continuación:
- Artículo 93: La ley garantiza la seguridad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta constitución son nulos.
- Artículo 49: El debido proceso se aplica a todas las actuaciones tanto judiciales como administrativas y en consecuencia: La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal.
Nota: fuimos despedidos sin investigación previa, como lo declaró en la asamblea nacional el entonces Director de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) Wilmer Barrientos.
- Artículo 60: Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.
- Artículo 25: Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo, los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que sirvan de excusas órdenes superiores.
- Artículo 46: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y en consecuencia:
Ordinal No 1: Toda víctima de trato degradante, practicado o tolerado por agentes del estado tiene derecho a rehabilitación.
Ordinal No 2: Todo funcionario público, que en razón de su cargo infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona o tolere este tipo de tratos, será sancionado de acuerdo a la ley.
La forma en que se actuó violó la constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, por negársenos el debido proceso y la protección del honor y la reputación.
Reescribo por enésima vez sobre este doloroso asunto porque la injusticia permitida por la revolución nos dejó una profunda herida que sigue sangrante, después de haber transcurrido más de cinco lustros. Estos sucesos fueron causa de nuestra execración de la lucha revolucionaria de vanguardia y nos mantienen, hasta hoy, en la retaguardia haciendo modestos aportes.
Gracias a Dios, la Justicia Revolucionaria parece haberse acercado a nosotros, porque durante un encuentro del Presidente Nicolás Maduro con la prensa, el 4 de diciembre de 2.020, de cara a las parlamentarias de ese año, éste reconoció públicamente que el tratamiento dado por el Gobierno Revolucionario a las múltiples denuncias de corrupción hechas contra Rafael Ramírez, por propios y opositores, fue desafortunado. Dijo Nicolás:
Con Rafael Ramírez cometimos un error garrafal (…) En la Asamblea Nacional que nos tocó a nosotros tener mayoría, la oposición presentó un conjunto de denuncias contra Rafael Ramírez, y nosotros por solidaridad automática protegimos a Rafael Ramírez, y resulta que, después, al pasar el tiempo nos dimos cuenta que todas esas denuncias eran verdad, que Rafael Ramírez encabezaba una mafia de ladrones, de saqueadores de PDVSA, causante de la desinversión y robo de miles de millones (…) Son errores que cometimos, y que tenemos que aceptar de cara al sol, a la vida. Pero una nueva Asamblea Nacional no puede cometer más ese error.(Ver video https://www.youtube.com/watch?v=3kTIG1a4xI4).
Clamamos por que se nos permita presentar, ante alguna autoridad competente, abundante material documental y audiovisual que corrobora lo antes expuesto, lo que nos permitiría seguir luchando en procura de justicia. Sólo exigimos que nos sea devuelta la dignidad para obsequio de nuestros hijos y nuestros barrios, y la trinchera de lucha en el proceso revolucionario que nos fue arrebatada injustamente.
Señor Presidente Nicolás Maduro Moros, hoy comprendemos, por sus palabras, las razones que permitieron que se nos atropellara de tal manera y que no se nos escuchara. Albergamos esperanzas de que la justicia para nosotros emane de usted, para que se nos reivindique en nuestro honor y se nos resarza el daño patrimonial y moral causado, pues nunca se nos pagaron nuestros haberes en la industria y se nos privó de nuestros cargos; tampoco fuimos reivindicados ante nuestro pueblo.
Fuimos víctimas necesarias para entronizar el proceso de descomposición de la industria que hoy vivimos. Es hora de hacer justicia revolucionaria.
Nota: poseo pruebas documentales y audiovisuales de todo cuanto aquí se expone.
