Manuel Gragirena
Debo comenzar por afirmar que la pregunta está mal formulada: Nicolás Maduro es el actual presidente de Venezuela. Actualmente, Delcy Rodríguez está encargada de la presidencia según lo manda la Constitución; de culminarse el lapso allí previsto, surgiría la necesidad de asumir una medida ante una situación no contemplada.
El titular del cargo no ha muerto, no ha renunciado ni ha sido destituido; su ausencia es producto de la voluntad de una potencia extranjera agresora, ajena a nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, la inmunidad de la República exige que la causa de dicha ausencia no sea valorada desde el punto de vista del agresor, sino por nuestras propias instituciones republicanas.»
Si Nicolás Maduro fue reelecto, proclamado y juramentado, ejerce la presidencia por mandato popular. Por otro lado, si se argumenta que no ganó las elecciones del 28 de julio de 2024, dicha supuesta derrota no lo cesa automáticamente en sus funciones, pues no ha ocurrido la transferencia del mando y, en la administración pública, la continuidad del cargo es un principio fundamental.
Además, es relevante señalar que quien reclama la victoria no impugnó los resultados ante las instancias correspondientes, no solicitó auditorías legales ni acudió a las citaciones institucionales para exponer sus argumentos. En su lugar, optó por solicitar a gobiernos extranjeros una agresión económica, financiera y militar contra su propio país. Estos son los hechos objetivos que definen el actuar de quien alega haber ganado.
Además, lo digo por la calle del medio: las elecciones del 28 de julio de 2024 no fueron libres. No lo fueron porque los venezolanos fuimos —y seguimos siendo— extorsionados por el gobierno de los Estados Unidos. Las llamadas ‘sanciones’ son una vulgar extorsión que restringió nuestro comercio internacional al punto de impedir el uso del dólar; si nuestro gobierno intenta comprar o pagar bienes necesarios, corre el riesgo de que el dinero sea decomisado.
También es un hecho público y notorio que EE. UU. se dedicó a incautar y decomisar bienes venezolanos para robárselos, retenerlos o destruirlos. El gobierno de los EE. UU. conminó a gobiernos de países vecinos a negarnos la entrada, imponiendo visados exorbitantes y llegando al punto de suspender relaciones diplomáticas y consulares; todo esto para convertir a los venezolanos que, por causas de fuerza mayor, tuvieron la necesidad de emigrar, en migrantes ilegales o indocumentados.
Ni hablar de nuestra economía, pues debemos recordar —y aún es así— que al habernos saboteado el comercio internacional y restringirnos el acceso a la moneda estadounidense, la demanda de divisas impulsó la inflación interna millones de veces. Debido a esta presión, los venezolanos que votamos el 28 de julio sufrimos, y aún hoy padecemos, los estragos de una inflación dolarizada, solo paliada por las remesas y asistencias que, con la enorme tristeza de la soledad, recibimos de algún familiar que partió con la misión de auxiliar desde fuera a quienes nos quedamos adentro.»
De manera que, el día de la elección, el cambio de gobierno no estaba planteado como una solución a los problemas, sino como el acto de ceder ante una extorsión o conminamiento abusivo, coercitivo y torturante. En torno a la máquina de votación se encontraban tres actores: el gobernante que resistía al agresor, los promotores de la agresión y el agredido, que es el pueblo. Así, las causas del problema no provenían del ‘régimen’, sino de una de las opciones a elegir.
Parto de mi apreciación de que la opción de la señora MCM, o quienes por ella participaron, jamás debieron ser aceptados como elegibles; sus acciones, su prontuario y todos los antecedentes indican que han sido siempre —desde Bolívar hasta hoy— la ‘paleta’ con que los gringos revuelven a Venezuela.
En mi opinión, el gobierno de Venezuela —tanto el de Chávez como el de Nicolás Maduro— fue extraordinariamente indulgente con esta fracción liderada por Machado. Y lo digo sin temor a lo que se diga de mí, pues es la verdad.
A la vista está lo que ocurre en los EE. UU. con quienes promueven motines o se niegan a ir a la guerra (sea esta justa, injusta, legal o ilegal; eso no importa); podemos contrastar ese rigor con el trato que aquí se les da. Esos son los hechos
También me parece asqueroso escuchar que todo aquel que va a opinar sobre la arbitrariedad —o mejor dicho, sobre el delito internacional de haber invadido Venezuela y secuestrado al presidente y su esposa— inicie su discurso escudándose en la aceptación de la mentira: ‘Nicolás Maduro es un dictador’. Es algo así como colocarse una sotana para hablar.
Tan grande es el temor causado por la narrativa sembrada contra Venezuela, que muchos temen ser execrados si pronuncian una sola palabra a favor de la hoy secuestrada pareja presidencial.
Dicen que la gestión de Maduro fue oprobiosa y brutal, y que deben liberarse a los presos políticos. Sin embargo, cuando se le pregunta a cualquier persona en las calles de Venezuela que diga el nombre de dos o tres presos políticos —o al menos a uno—, no sabe, no responde. Duda, no recuerda o ignora quién está detenido. Tal vez recuerda bien a los fugados: Ledezma, López, Simonovis, Arellano; o a los solicitados: Borges y Machado… pero por su mente no pasa ningún nombre de relevancia política que esté tras las rejas.
Hoy, con la Ley de Amnistía, se afirma que a no menos de 8.000 personas se les han limpiado sus expedientes. Sin embargo, la inmensa mayoría no estaba en ninguna cárcel: algunos figuraban como prófugos (aunque durmieran todas las noches en sus casas), otros estaban en el exterior y desean volver, otros permanecían bajo régimen de presentación firmando un libro una vez al mes o, simplemente, jamás estuvieron detenidos.
La realidad es que las personas que se encontraban físicamente detenidas, enjuiciadas o procesadas por asuntos vinculados a hechos de trascendencia política no superaban las 200. Y aunque el número sea preocupante —pues cada vida humana es importante—, el delito o la acusación por la cual se encontraban en esa condición debería valorarse en su justa dimensión para determinar si realmente se trataba de disidencia política o de delitos previstos en los códigos y leyes de Venezuela.
La historia debe comenzar a escribirse inmediatamente; esperar el desenlace de lo que hoy está en proceso, o posponer el relato para el futuro —sean cuales sean las consecuencias—, es permitir que se vuelva a cumplir esa máxima que nos mantiene esclavizados: ‘la historia la escriben los vencedores’. Por lo visto hasta ahora, no es que quienes dominan la política en los EE. UU. sean los futuros vencedores, sino que seguramente serán los vencedores inmediatos; pues a la larga, tal vez en dos o tres generaciones, serán los perdedores. Y lo serán no solo por la resistencia o el sacrificio de los pueblos oprimidos, sino por la lógica e inevitable inviabilidad de su modelo de consumo.
Así que, de una vez lo escribo: Nicolás Maduro no fue ningún dictador, ni fue un perseguidor de opositores. Al contrario, logró que esa oposición antichavista y antivenezolana se fragmentara bajo argumentos de autorreflexión y conciencia patriótica, al punto de que hoy se acepta que hay varias oposiciones que, además de oponerse a ciertas políticas del Gobierno, también rechazan la forma antinacional con la que MCM se arrastra para que el establishment de los EE. UU. se apodere del país.
Hoy todos somos testigos de la arrogancia y prepotencia del presidente de los EE. UU.; hemos visto cómo intimida, traiciona, ofende, acosa y agrede físicamente. Todos hemos sido testigos de la falsedad de los cargos contra el presidente de Venezuela y de cómo son obvia y fácilmente rebatibles, al extremo de que, para sostener el proceso judicial, pretenden impedir la acción de una defensa privada.
Es decir, tratan de evitar que el Gobierno de Venezuela pague los honorarios de la defensa de Nicolás Maduro para asignarle —o tal vez debería escribir, imponerle— una defensa pública; un abogado pagado por quienes lo acusan. Ante estas circunstancias, me uno a quienes proponen una colecta de dinero para que sea el pueblo de Venezuela y, ¿por qué no?, los pueblos del mundo, quienes paguen la defensa de la pareja presidencial de Venezuela.