Ramírez Pérez, Héctor: Véase también Gabinete Golpista. Contralmirante que viajó a Chile una semana antes del golpe del 11-A para recibir instrucciones (de cómo barrer a los chavista) de la ultra derecha pinochetista. Otto Neustald, corresponsal de CNN en Venezuela, declaró que el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez sabía desde antes de que se produjeran los primeros muertos el 11 de abril que iba a haber «muertos por francotiradores». Neustald afirmó que se filmaron varios ensayos antes de grabar el vídeo definitivo, los cuales se hicieron «dos horas antes de producirse los primeros muertos». En estos ensayos Ramírez Pérez afirma que «está masacrando a personas inocentes con francotiradores. Para este momento van seis muertos y decenas de heridos en Caracas». Al analizar con cuidado los distintos vídeos (uno de los cuales tienen la identificación de Venevisión y otro de la Televisión española) se nota que se filmaron en ubicaciones diferentes (obsérvese la pared blanca en uno y las persianas azules en otro) así como la posición y la cara de los oficiales detrás de Ramírez Pérez. Se puede concluir que los diferentes ensayos luego fueron repartidos a diferentes medios de comunicación.
DATOS OFICIALES DE SU INEXISTENCIA:
Cargo en abril de 2002: Inspector General de la Armada.
Papel durante los sucesos: El 11 de abril en un pronunciamiento de varios militares, negó la autoridad del presidente Chávez. Pedro Carmona lo nombró ministro de Defensa del gobierno transitorio. El Fiscal General Isaías Rodríguez, lo consideró el «jefe real de la rebelión». Reconoció haber usado los medios de comunicación para adelantar el golpe.
Consecuencias de su actuación: Retirado del servicio activo. Fue absuelto en agosto de 2002 por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que consideró que no hubo rebelión ni golpe de Estado, sino que los militares “actuaron motivados por un vacío de poder”.
En diciembre de ese año fue nombrado en el Comando Unificado para la Emergencia Petrolera. En marzo de 2004 la Cámara Constitucional del Tribunal Supremo sentenció que el fallo absolutorio había sido ilegal y que los militares debían ser juzgados.
Situación actual: Se considera perseguido político y pidió asilo a Colombia como refugiado en septiembre de 2005 pero le fue negado.
