Cuando el ladrón e hijo de puta Alejandro Toledo pedía histérico que se aplicara a Venezuela la Carta Democrática de la OEA…

La juez especial Carolina Lizárraga Houghton abrió un proceso penal contra Toledo por ladrón y le impuso la prohibición de abandonar el país –aunque en esos momentos se encontraba en Stanford-, un embargo preventivo de bienes valorados en 150.000 soles (45.180 dólares) y el pago de un depósito de 50.000 dólares (15.060 dólares). De ir a juicio y ser hallado culpable, Toledo se enfrenta a una pena de dos a diez años de cárcel, pero está protegido por la CIA a quien le sirvió durante 30 años. En su auto, la magistrada apuntaba la existencia de indicios suficientes que apuntaban a Toledo como el responsable de «planificar y coordinar la formación de una organización de personas a quienes convocó, instruyó y dirigió» para cometer la irregularidad. Toledo podía ser procesado por la justicia ordinaria porque los hechos imputados habían ocurrido antes de ser elegido y, por tanto, no se podía acoger al antejuicio, o proceso en el Congreso, al que tienen derecho los ex altos funcionarios del Estado hasta cinco años después de haber abandonado el cargo.