JOSÉ SANT ROZ
Con una visión muy clara de la importancia del movimiento sindical en todos los movimientos de lucha, Rómulo Betancourt se propuso dividir las organizaciones obreras en manos de los comunistas, para luego dominarlas a su antojo. En la estrategia política que trae para imponerse en 1944, no quiere en absoluto que los sindicatos puedan ejercitar sus derechos, que tengan la capacidad de poner contra la pared a los patronos y al propio gobierno, pues tal ejercicio, les daría una figuración política y un protagonismo estremecedor que fortalecería el músculo de sus acciones revolucionarias, haciéndoles adquirir conciencia de lucha, de su poder. Él tenía muy claro que iba a ser el próximo mandatario y debía tener sujeta a esa bestia que eran los trabajadores, los obreros, para después hacerla andar por el camino «correcto». Le interesaba lo oscuro y escabroso, lo turbio, lo confuso, y con una habilidad especiosa y contundente, desarticuló a los 93 poderosos sindicatos del país en la convención realizada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en marzo de 1944, y en la que los comunistas contaban con la mayoría. La táctica del momento, fue la consigna planteada por Valmore Rodríguez (y que luego se aplicaría admirablemente en reiteradas ocasiones dentro de AD), dividir es ubicarse.
Cuenta el propio Rómulo esta historia de persuasiva destrucción del movimiento obrero en los términos siguientes:
Nuestro partido enfiló sus baterías contra el medinismo y el lopecismo; en un empeño por limpiar de cizaña el movimiento popular y de conquistarle aliados en otros sectores del país, rompimos abruptamente en el frente obrero la llamada «unidad» con los comunistas, quienes siempre habían hecho del sindicalismo organizado herramienta inescrupulosamente esgrimida, como pieza de ajedrez, para su muy particular juego político. Se dieron pasos de acercamiento hacia factores
sociales desvinculados del régimen, entre ellos la Federación de Cámaras de Comercio y Asociaciones de Comercio y Producción, recién creada por un grupo de animosos hombres de empresa y la cual se concitó de inmediato la ojeriza oficial, hostil a cuanto significara organización de fuerzas marginadas a la absorbente influencia del Ejecutivo. Medina, quien en este terreno de la lucha obrera era totalmente inexperto, cometió el gravísimo error de permitir la ilegalización de estos 93 sindicatos, los cuales, en un alto porcentaje, los controlaban los comunistas, que además apoyaban al gobierno. Al debilitar este frente, el presidente podía caer en picada sin poder asirse a ningún frente obrero o social. Con arte de filigrana, tejiendo muy finamente, Betancourt le quitó este piso al pobre Isaías, quien se fue de bruces el 18 de octubre, y el pueblo no supo cómo defenderlo. Lo grave era que el gobierno disolvía a estos 93 sindicatos acusándolos de violar la Ley de Orden Público, y Betancourt se frotaba las manos lleno de gozo, y eufórico, pletórico de alegría, felicitaba a Ramón Quijada quien con sus maniobras y trácalas apabulló y aplastó a los comunistas en aquella Convención.
Esto sólo se puede comprender si se analiza a Betancourt en la línea pro derechista que viene a desempeñar contra el gobierno, y en su filoso plan para derrocarlo. ¿Cómo podía aceptar gozoso el supuesto líder antigomecista, que Medina Angarita para esta acción se apoyase en la burda y degenerada Ley Lara, que era un vil instrumento jurídico de López Contreras, elaborada exclusivamente para reprimir al pueblo?
Una Ley en cuyas disposiciones, para celebrar una reunión por lo menos 5 de sus promotores debían, con 24 horas de anticipación, participarlo por escrito a la primera autoridad civil, la cual estaba facultada para conceder o no el uso de las calles, plazas o cualquier otro lugar. Debía igualmente solicitar auxilio de la autoridad para impedir actividades ilícitas en las reuniones y, de no hacerlo, los promotores, organizadores y directores serían responsables de las infracciones en razón de su objeto o de los discursos pronunciados. Prohibía las huelgas con fines políticos, las huelgas generales o paros generales y las huelgas de funcionarios o empleados públicos, con penas que oscilaban entre 1 y 6 años de prisión.
En el capítulo IV, titulado «De la propaganda política ilegal» destacaban los artículos 33 y 37. El primero expresaba lo siguiente: «El que verbalmente, por escrito o por impreso, por medio de difusión, dibujos, carteles, mítines u otros medios de publicidad, o haciendo uso de algún servicio público, haga propaganda de las doctrinas o métodos comunistas, anarquistas, nihilistas o terroristas, o de aquellos que por su afinidad o sus medios de acción se equiparen a éstas, serán penados con prisión de 1 a 3 años». En cuanto al segundo artículo se afirmaba: «Los dueños, directores o administradores de empresas periodísticas, emisoras de radio o cualquier otra publicidad cuya organización se use para cometer alguno de los delitos previstos en este capítulo, serán
penados con multas de 1.000 a 5.000 bolívares; en caso de reincidencia serán duplicadas las multas».
En el capítulo V, «Del uso de la fuerza pública», en su artículo 38 se señalaba que el procedimiento para disolver una agrupación o reunión, se hacía con sujeción a los siguientes preceptos: a) Se avisará de viva voz que se van a dar 3 toques de atención y que ellos servirán de intimidación para la disolución de los congregados. b) Dado el aviso se procederá a dar los toques de atención con intervalos de 10 minutos. c) Si al tercer toque de atención no se disolviere la agrupación o reunión se hará uso de la fuerza. d) Si fuere necesario hacer fuego se anunciará con un nuevo toque de atención. La primera descarga se hará al aire.
El artículo 43 señalaba la ocasión en la que los agentes de la
autoridad no necesitaban orden judicial para entrar en un hogar doméstico. En las disposiciones generales de los últimos dos artículos rezaba lo siguiente: Artículo 45. Se considera agravante de todo delito o falta el haberse cometido con infracción de la presente Ley, sin perjuicio de la aplicación de las penas en ellas establecidas […].
Artículo 46. La pena de prisión impuesta por los tribunales de justicia de acuerdo con las disposiciones contenidas en los capítulos III y IV de esta Ley, podrán conmutarse, a petición del Ministerio de Relaciones Interiores, por la expulsión del territorio de la República. A este fin se computará un día de prisión por tres de expulsión del territorio de la República. Si el expulsado volviere al país durante el tiempo de su condena se le aplicará la pena del presidio por el doble del tiempo que
le falte para cumplir la condena.
Pues bien, el gran revolucionario Rómulo Betancourt, el que tanto llegó a protestar contra esta monstruosa Ley Lara, ahora la apoyaba, y nada más y nada menos para que mediante su aplicación se disolvieran a 93 sindicatos. Los diarios de la derecha El País (adeco), El Universal y Ahora, apoyaron con entusiasmo esta disolución. Así como nuestro personaje había logrado desintegrar a la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), estaba dispuesto a destruir a la CTV, para después reacomodarla para sus fines y antojos. Esta desintegración de los movimientos sindicales estaba dentro de los planes del golpe de Estado.
Lo más sorprendente es que se hubiese alegado que esa disolución era positiva, porque dichos sindicatos en manos de los comunistas estaban «creando un estado artificial de zozobra y alarma, planteando conflictos sin base seria». El jefe de AD añadió, que los sindicatos no se debían usar para actuaciones políticas, y se molestó porque los sindicatos en la Convención, habían presentado una moción para que se pidiera una declaración contra el eje, es decir contra Hitler y sus aliados. ¡Insólito!
Por supuesto, el propósito del terrible ex marxista era crearle toda clase de problemas al gobierno de Medina, al que estaba haciendo lo imposible por derrocar. Miguel Otero Silva refutando a Rómulo le dice: «Grave es la división en esta época de ofensiva reaccionaria en que la dispersión de las fuerzas democráticas es más suicida que nunca… es la hora de la fraternidad democrática y no del insulto, de la compactación sobre los puntos que nos unen y no de la polémica estéril, de la unidad sindical y no de la dispersión de las fuerzas obreras, de la unidad nacional a base de la mutua comprensión y del mutuo respeto».
Pero esta reacción hace indignar a Betancourt quien le replica: «Digo y ratifico que los dirigentes sindicales comunistas, aun cuando lo niegue Otero Silva, estaban conduciendo el movimiento obrero por caminos de aventurerismo irresponsable. El entreguismo sumiso en el campo político tenía una contrapartida: la agitación permanente, y sin ningún resultado positivo para los trabajadores, en el campo de las relaciones entre capital y trabajo».
Y como Miguel Otero Silva le dijera a su contrincante que era un traidor al Partido Comunista, éste perdió toda mesura y hundió el puñal hasta mucho más allá de lo meramente personal: “En Costa Rica, viviendo hace doce años esa hora de sarampión juvenil porque atraviesa todo luchador social, me afilié a un romántico grupo de estudiantes e intelectuales comunistas, sin contacto alguno con la III Internacional de Moscú. La desesperación del estudiante proscrito que veía retardarse indefinidamente la desaparición de Gómez, halló su cauce en ese grupo. No pasó mucho tiempo sin que arribara al convencimiento de que no era ese el camino por dónde debía trajinarse para alcanzar la liberación de nuestros pueblos, convencimiento compartido por mis amigos costarricenses, quienes disolvieron aquel juvenil y afiebrado grupo de 1932, y forman hoy el partido «Vanguardia Popular», de programa estrictamente democrático y el cual compartirá seguramente responsabilidades de Gobierno con el recién electo presidente Picado. En Venezuela jamás he militado en el Partido Comunista, y así lo afirmaba textualmente el periódico El Martillo, órgano oficial clandestino de esa organización (1938): «Rómulo Betancourt no es miembro del Partido Comunista y no ha militado nunca en sus filas». Pero no siendo comunista, rechazando categóricamente la necesidad de un partido comunista en Venezuela, hago una vida acorde con mis ideas y sentimientos. Estoy al lado del pueblo, y por eso, en un país donde enriquecerse es fácil tarea para el político o el intelectual venales, soy hombre sin más dinero que un precario sueldo de periodista. Algo fundamentalmente distinto de los poetas rojos, terribles revolucionarios con carné comunista, quienes escriben poemas incendiarios para ser recitados en veladas proletarias y salen de ahí a disfrutar de burguesa vida sibarita, gracias al regalo que les hizo la vida de millones amasados con sudor de injusticias».
Otero acusa el golpe, y titubeando responde que no entiende por qué se desvía la discusión por otro lado cuando él lo que trata de pedir es la unidad democrática y nacional: A ese recuerdo de su pasado político es que se ha lanzado Betancourt a vociferar que mi padre es millonario, siguiendo la misma ruta de ataque personal contra mí que han empleado repetidas veces todos los pasquines reaccionarios. Ante eso no tengo sino que responder… que el dinero de mi padre no es obstáculo para que yo trabaje ocho horas diarias en mi profesión de periodista, no ha influido jamás en mis actitudes políticas, ni en mi posición firme al lado de la clase obrera, ni
me ha llevado a considerar como «sarampión juvenil» los principios filosóficos que contribuyeron a mi formación política y humana.
Pero el gladiador adeco arremeterá más implacable aún: “En cuanto a la «lealtad de Otero Silva a los principios filosóficos» del comunismo, no la pongo en duda. Es fácil ser leal a una «filosofía» de justicia social y transgredirla en la práctica. Eso es tan viejo como las Escrituras, en las cuales los fariseos aparecen rasgándose la túnica llenándose de cenizas las frentes cuando atenta contra la «filosofía» de una praxis religiosa por ellos incumplida a conciencia. Porque no es sólo
el dinero «de su padre» el que usufructúa el poeta proletario sino su propio dinero. El 1º de noviembre de 1942, en el Juzgado de Comercio de Barcelona, se registró la «Compañía Anónima de Luz Eléctrica» monopolio de un servicio público, empresa en la cual tiene 200 acciones mi contrincante en esta polémica… y en cuanto a la imputación de Aquí está de que yo —¡es el colmo!— estoy coludido con la Standard contra los obreros petroleros de Jusepín, les contesto que si El Nacional está basado en una empresa capitalista como afirma Otero Silva, es porque el producto de los royalties petroleros ha hecho posible la existencia de ese capital”.
