Juan Becerra Acosta
La política ya no sólo se disputa en las urnas, los congresos o las plazas públicas. También se libra en una pantalla donde la indignación cotiza, la mentira puede viajar más rápido que la rectificación y miles de clics pueden fabricar la falsa impresión de que todo un país piensa lo mismo.
El algoritmo no necesita convencer de tener la razón, le basta con mantener a la audiencia mirando, reaccionando y compartiendo. En esta economía de la atención, el enojo es un negocio extraordinariamente rentable que encuentra en México un mercado estratégico, víctima desde hace años de campañas de desprestigio, rumores electorales y ejércitos de cuentas que irrumpen en las conversaciones digitales.
Hoy, lo novedoso es la escala que pueden alcanzar y la posibilidad de combinar automatización, publicidad segmentada e inteligencia artificial para intervenir en la percepción pública. El debate dejó de ser teórico; la presidenta Claudia Sheinbaum denunció operaciones digitales de propaganda y desinformación contra su gobierno vinculadas públicamente con Fernando Cerimedo y La Derecha Diario. Acusaciones que deben examinarse.
Las implicaciones de este caso trascienden la simple propaganda y rozan la interferencia extranjera coordinada. Testimonios judiciales y la exhibición de pruebas en las conferencias mañaneras apuntan a que operadores de ultraderecha, coordinados por Cerimedo, diseñaron un plan explícito para intervenir en el proceso electoral intermedio en México con el objetivo de reventar la elección de 2027. La investigación académica y el monitoreo electoral documentaron fenómenos como las cuentas automatizadas, las campañas negras y la amplificación artificial de narrativas políticas.
No hace falta imaginar una conspiración omnipotente para reconocer que existen herramientas capaces de distorsionar la conversación pública. El mecanismo es sencillo: una publicación incendiaria genera reacciones, las reacciones aumentan su circulación, la circulación produce una impresión de relevancia y esa relevancia atrae nuevas interacciones. La repetición suele terminar sustituyendo a la evidencia.
Una acusación no necesita demostrarse para convertirse en tendencia, basta con que miles de personas la compartan antes de preguntarse si es cierta.
En ese escenario, la verdad compite en desventaja. Verificar exige tiempo, contrastar documentos y consultar fuentes tarda horas. En cambio, fabricar una falsedad puede tomar segundos. Cuando llega la rectificación el daño reputacional ya circuló, los prejuicios encontraron confirmación, y la conversación pública se desplazó hacia otro escándalo.
La inteligencia artificial añade una dificultad: voces clonadas, imágenes manipuladas y videos sintéticos pueden convertir la apariencia de autenticidad en un instrumento de engaño. La frontera entre información y simulación se vuelve más difícil de identificar para una ciudadanía bombardeada por contenidos que compiten por su atención.
Las plataformas no pueden presentarse como intermediarias neutrales cuando sus sistemas de recomendación influyen en qué contenidos adquieren visibilidad. Y los partidos no deberían denunciar los ejércitos digitales únicamente cuando perjudican a sus candidatos y guardar silencio cuando favorecen a los propios. La democracia necesita confrontación, discusión e indignación. Lo que no necesita es que la ciudadanía confunda popularidad con verdad, volumen con consenso o viralidad con legitimidad.
El desafío consiste en distinguir entre una denuncia documentada y una acusación sin pruebas, entre una comunidad política real y una amplificación artificial, entre el derecho a cuestionar al poder y la fabricación deliberada de hechos falsos. El algoritmo no vota, pero puede influir en aquello que millones de personas creen saber antes de hacerlo. No gobierna formalmente, pero ayuda a establecer los temas sobre los que discutimos, los adversarios que identificamos, y los miedos que compartimos.
La pregunta ya no es si la tecnología participa en la política, es quién controla las reglas de esa participación y quién responde cuando la manipulación se disfraza de opinión pública.
Si la democracia exige que la ciudadanía decida libremente, la información con la que toma sus decisiones no puede quedar sometida a una maquinaria opaca que recompensa el escándalo y convierte la atención humana en mercancía.
El peligro no es que las máquinas piensen por nosotros, sino que nosotros terminemos creyendo que lo que nos muestran representa la realidad. Porque cuando la política queda secuestrada por el algoritmo, la primera víctima no es un partido o un gobierno, es la sociedad enfrentada por posverdades hechas a la medida de sus propios resentimientos.