William Serafino es politólogo y cuenta con una maestría en Historia. Sus investigaciones y análisis se han centrado en la geopolítica. En esta entrevista, aborda la relación actual de Venezuela con Estados Unidos, incluyendo un importante acuerdo petrolero y lo que Donald Trump y Delcy Rodríguez pretenden obtener de él.
En Nueva York, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a Trump su apoyo y calificó su reunión bilateral de «histórica». Casi nueve meses después del bombardeo y secuestro del presidente Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero, ¿cómo describiría la relación actual entre Caracas y Washington? ¿Qué elementos son maniobras coyunturales de Trump y cuáles definirán estructuralmente la relación en el futuro?
Es difícil encontrar una definición precisa. Muchos hablan de una condición similar a un protectorado; algunos incluso llegan a describirla como una relación de sometimiento colonial o neocolonial. Otros, sin embargo, la definen como un proceso de normalización política, económica y energética en el que el gobierno interino venezolano hace concesiones tácticas, pero sin comprometer formalmente la soberanía nacional. Considero que la clave está en los detalles, no en enfoques simplistas o generalizadores. A nivel de relaciones entre Estados, lo que observo es una vinculación estratégica de Venezuela a la esfera de influencia estadounidense y una reconfiguración energética que opera bajo importantes restricciones geopolíticas en lo que respecta a las relaciones con Rusia, China e Irán.
A nivel gubernamental, se ha forjado una alianza asimétrica (favorable a Trump) tras la derrota militar del 3 de enero, de la cual Caracas y Washington obtienen beneficios inmediatos y existenciales: Trump valora el único logro geopolítico de su segundo mandato, y Rodríguez obtiene un alivio y nuevos ingresos para gobernar tras más de una década de sanciones asfixiantes, todo ello dentro de un marco definido por los intereses estadounidenses. Esta realidad difícilmente puede clasificarse como un protectorado, situación en la que una potencia extranjera asume el control de la diplomacia, la defensa y otros elementos estratégicos del Estado subordinado. ¿Podría hablarse de un protectorado *sui generis* o «blando»? Tal vez, pero eso implicaría reconocer que el concepto no resulta del todo eficaz para explicar la situación.
Lo mismo cabe decir de la tesis de una «retirada con plena soberanía», difícil de sostener cuando Estados Unidos está claramente moldeando la imagen de la nueva dinámica política nacional y controlando los ingresos petroleros del país. Por ello me he atrevido —a riesgo de equivocarme— a hablar de «gobernanza conjunta» o «cogobierno», esquemas en los que Washington y Caracas se reparten las áreas de responsabilidad y comparten los costos políticos de cada paso, permitiendo así que la alianza perdure y que cada parte pueda, aunque de manera desigual, obtener la cuota de beneficios que le corresponde.
Trump, pese a su constante tono despectivo, necesita que el gobierno de Rodríguez sea lo suficientemente fuerte como para liderar el país y así conseguir lo que busca; solo bajo tales condiciones puede extraer el petróleo. Ella, a su vez, necesita que Trump permanezca en el poder para que el acuerdo petrolero y otros compromisos puedan avanzar a mediano plazo. Es la única manera de mantenerse en el poder y aspirar a ganar legitimidad mediante los resultados de la gestión. Considero que, planteado de este modo, no estamos ante un caso de colonialismo clásico ni de soberanía plena e incondicional, sino ante una situación singular que requiere desarrollar nuevas categorías de análisis.
En sus artículos, ha señalado que el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela debe analizarse más allá de las cifras anunciadas. ¿Cuál considera que es el verdadero alcance político y geopolítico de este acuerdo, y qué beneficios pretenden obtener de él los distintos actores?
Lo veo más como un arreglo político que como un acuerdo formal. Su función no es jurídica ni institucional, sino política. El anuncio proporcionó a Trump munición narrativa para prometer una bajada de los precios de la gasolina, una necesidad impulsada por su debacle con Irán. Al no haber firmado nada, evita pasar por el Congreso, envía un mensaje a su electorado base de que garantiza la seguridad energética del país y tranquiliza a las empresas energéticas para que inviertan en Venezuela, asegurándoles que la relación con Caracas es sólida e inquebrantable. Rodríguez, por su parte, se beneficia de que el acuerdo cierra la puerta a María Corina Machado en los círculos de poder de Washington y, con ello, ayuda a restablecer su legitimidad interna, prometiendo una vía segura hacia la recuperación económica y social respaldada por la inversión estadounidense.
Me atrevería a decir que el acuerdo es la carta de triunfo de Rodríguez en una eventual campaña presidencial, donde podrá presentarse como la única figura política capaz de reactivar la economía, frente a posibles rivales que carecen de influencia en la Casa Blanca y no tienen un plan fiable para sacar al país de la espiral de inflación y frustración económica en la que se encuentra tras años de sanciones.
Ambas partes obtienen réditos políticos, y el acuerdo parece diseñado para evitar resistencias institucionales: ninguna se ve obligada a afrontar las complicaciones de una aprobación legislativa ni las críticas de sus opositores políticos. Al no haber cláusulas específicas, pueden desviar la atención con mayor facilidad y centrar su mensaje en los beneficios económicos futuros. Este nivel de coordinación es señal de una colaboración, no de una imposición unilateral. Si fuera así, Trump podría obligar a Rodríguez a firmar un tratado bilateral en la Asamblea Nacional, y eso no es lo que estamos viendo.
Ha prestado especial atención al papel del Pentágono y a la participación de su Oficina de Capital Estratégico en la estructura del acuerdo. ¿Por qué resulta tan significativo que el aparato de defensa de EE. UU. sea un actor formal en un acuerdo petrolero venezolano?
Me parece que la participación del Pentágono actúa como una cobertura coercitiva —una póliza de seguro respaldada por la fuerza— para garantizar, a medio y largo plazo, ventajas comerciales y financieras para Estados Unidos en la explotación de los yacimientos petrolíferos incluidos en el acuerdo. Imaginemos que el gobierno actual, o uno futuro, quisiera modificar el pacto y obtener mejores condiciones. En ese momento, no se estaría tratando con una empresa transnacional convencional, sino con una controlada por el Departamento de Guerra. No hace falta reflexionar mucho para darse cuenta de que negociar en tales condiciones disuadiría a cualquiera: el lenguaje de los negocios sería sustituido por el lenguaje de las armas y, tras el 3 de enero, nadie querría aventurarse en este terreno pantanoso.
Además, considero que la participación del Pentágono envía un mensaje a las empresas para que inviertan y se sientan seguras sabiendo que el Departamento de Guerra garantiza sus inversiones y compromisos de capital en el sector energético venezolano. Para Estados Unidos, las reservas de petróleo de Venezuela no se tratan como un activo económico, sino más bien como una cuestión de «seguridad nacional». Como bien sabemos, cuando se utiliza ese término, cualquier herramienta coercitiva se considera legítima contra la soberanía de un país.
Usted ha sostenido que la relación entre Caracas y Washington está adquiriendo las características de una negociación marcada por una profunda asimetría de poder. Y muchos portavoces oficiales o analistas preguntan: «¿Pero qué alternativa tenemos?», cada vez que surgen críticas sobre el camino elegido por el gobierno. ¿Qué capacidad real tiene hoy Venezuela para negociar términos distintos o rechazar ciertas exigencias de Estados Unidos?
En este momento, esas capacidades son muy limitadas porque, como dije, no se trata solo de imposiciones estadounidenses, sino también de calcular cómo obtener beneficios tangibles de una relación asimétrica. Pero la política también se desarrolla fuera de los espacios institucionales, y creo que ahí queda mucho por hacer. Lo que voy a decir no resolverá, a mi juicio, el dilema que usted ha planteado, pero podría constituir una vía para recuperar la vitalidad y la iniciativa políticas: fortalecer el consenso social en torno a la soberanía nacional, negarse a ceder en la batalla por la memoria histórica frente a un siglo de expolio estadounidense y fomentar un amplio debate sobre la visión del futuro de la nación. Estas medidas podrían ayudar a romper en cierta medida la inercia y preparar al país para condiciones políticas más favorables en un futuro próximo. Por el contrario, sugerir políticas o posturas concretas al gobierno actual sería irresponsable, ya que no soy yo quien debe lidiar con Trump y su violento ego.
Mi mensaje se dirige a todos nosotros que no ocupamos cargos de tanta responsabilidad y que podemos contribuir, desde nuestros propios y modestos ámbitos de influencia o mediante nuestro activismo individual, a reconstruir una conciencia patriótica que debe adaptarse a una nueva realidad. ¿Cuántos foros abiertos se están promoviendo para debatir sobre el modelo educativo, el modelo económico y el modelo de distribución de la renta? ¿Qué instancias están evaluando la trayectoria de la relación bilateral con Estados Unidos para abordarla mejor? ¿Están estos debates limitados conceptualmente? Quizás estos debates no cambien la situación actual de influencia desmesurada de Trump, pero nos otorgarían autonomía en nuestra visión y en la configuración del futuro. Si Venezuela no posee una visión propia sobre los grandes temas nacionales, existe el riesgo de que estos terminen siendo impuestos desde Washington. Eso sería cometer el crimen perfecto, y creo que debemos evitarlo: mediante la unidad nacional, trascendiendo las divisiones políticas.
En sus artículos y publicaciones en redes sociales, usted ha criticado a las élites políticas que, históricamente, han carecido de «imaginación» más allá de ofrecer acuerdos lucrativos a Estados Unidos. ¿Cómo logró Chávez romper ese molde? ¿Cómo podría Venezuela retomar una senda de mayor soberanía?
Para ser justos, Chávez rompió el molde, pero las condiciones políticas y geopolíticas eran propicias para ello. La debilidad de las élites nacionales, desacreditadas ante una sociedad hastiada de la desigualdad y la injusticia, coincidió con una etapa en la que Estados Unidos estaba embriagado de poder tras el fin de la Guerra Fría. En sus planes para consolidarse como superpotencia unipolar, América Latina no figuraba como el escenario central de confrontación. El hecho de que el imperio estuviera más preocupado por remodelar Asia Occidental, forzar a China a integrarse en el «orden basado en reglas» y eliminar los últimos bastiones del bloque socialista (como la Yugoslavia de Tito) permitió a Chávez implementar su agenda sin enfrentarse a una guerra a gran escala, aunque sí tuvo que lidiar con numerosos intentos de golpe de Estado.
Las condiciones actuales son distintas. Existe un repliegue imperial en el hemisferio, sustentado en una reinterpretación militarizada de la Doctrina Monroe, lo que eleva drásticamente el costo de cualquier propuesta orientada a la soberanía. No obstante, considero que lo más loable de Chávez —y lo que puede resultar útil en este nuevo contexto— es su capacidad para identificar con claridad las condiciones favorables y actuar en consecuencia.
Creo que quien aspire a ser una figura política debe basarse en estos principios para afrontar los nuevos desafíos del presente, desarrollando y defendiendo una visión digna del futuro de la nación. Considero que, en lugar de esperar a que surja otro Chávez, deberíamos estudiar su pensamiento a fondo y aprovechar lo mejor de él para renovar las prácticas políticas, interpretando siempre la realidad tal como es: cambiante, volátil y llena de oportunidades. Chávez representa una gran escuela política, pero esta ha quedado reducida a una herramienta burda al servicio de intereses particulares de toda índole.