La columnista de VA Jessica Dos Santos analiza los problemas eléctricos de Venezuela y cuestiona la privatización como solución.
Viernes por la mañana. Las fluctuaciones eléctricas eran tan frecuentes que decidí ir al gimnasio a hacer un poco de ejercicio. Aunque sentí la tentación de enfadarme por la interrupción de mi trabajo, recordé que Caracas es una burbuja en lo que respecta al suministro eléctrico. En otras partes del país, los apagones ocurren a veces dos veces al día y pueden llegar a sumar un total de 16 horas sin luz.
Desesperada, la gente ha salido a las calles a quemar neumáticos y bloquear carreteras. Sin ventiladores ni aire acondicionado, resulta difícil sobrellevar el fenómeno del «Super El Niño», que recientemente se sumó a nuestra lista de desgracias elevando las temperaturas de forma generalizada. Los niños que no logran dormir por la noche terminan quedándose dormidos en la escuela al día siguiente.
Por si fuera poco, estos apagones y sobretensiones dañan los electrodomésticos y dejan fuera de servicio las estaciones de bombeo, privando a las comunidades de suministro de agua. Lo que agrava aún más la situación es que las autoridades no publican cronogramas de racionamiento, lo que impide a familias y empresas realizar la más mínima planificación.
Para «explicar» la situación, el gobierno en funciones de Delcy Rodríguez celebró que la demanda eléctrica nacional superara los 16.424 megavatios (MW) el 22 de septiembre, calificándolo de «hito histórico» y destacando un aumento del 9 % respecto al pico de demanda de 2025.
Lo que los funcionarios omitieron mencionar es que, en 2013, Venezuela registró una demanda de 18.700 MW —una cifra muy superior a la anunciada este mes— sin que se produjeran apagones.
Además, la supuesta mejora económica radica en que la producción petrolera aumentó a 1,23 millones de barriles diarios; sin embargo, parece que Estados Unidos es el único que se beneficia de los ingresos adicionales. La gran mayoría de la población venezolana no percibe beneficio económico alguno, ni antes ni después de los dos terremotos. Entre negocios turbios y apagones, realmente nos encontramos a oscuras.
Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que «no endulzaría la realidad para la gente» y admitió que la crisis eléctrica «es un problema grave». No obstante, su solución consistió en pedir a alcaldes y gobernadores que solicitaran a las empresas privadas con plantas eléctricas que generaran su propia energía. Sin duda, veremos entonces una demanda de diésel «récord», lo que dejará al sector agrícola sin combustible.
Lo cierto es que los apagones están provocando una parálisis masiva, costándole al sector industrial hasta el 44 % de sus horas productivas. En un país que lleva años abogando por la «diversificación económica», la poca energía disponible se destina prioritariamente a mantener la producción petrolera en las regiones productoras —para no disgustar a Trump ni a las corporaciones— y a intentar mitigar el impacto en la capital del país.
Lo que rara vez se menciona es que, aunque Venezuela cuenta con una capacidad instalada nominal de aproximadamente 35.000 MW —una cifra que duplica la demanda máxima nacional—, la generación real y estable apenas alcanza los 12.000 MW. Este déficit operativo es la causa de los constantes apagones que sufre actualmente la población. Los 1.300 MW que las autoridades prometen reactivar en los próximos meses apenas aliviarán ligeramente el problema.
El deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es estructural y afecta tanto a la transmisión como a la distribución. La red de transmisión supera sus límites técnicos de seguridad casi a diario al transportar más energía de la permitida, lo que provoca fluctuaciones de voltaje. Paralelamente, el sistema de distribución lleva años deteriorándose. Existe escasez de repuestos básicos, transformadores y cables de distribución como consecuencia de años de sanciones estadounidenses.
Para colmo de paradojas, ¿cuál es la solución propuesta? ¡La privatización! En un momento en que el servicio atraviesa su peor etapa, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera discusión una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional para abrir la generación, transmisión, distribución y comercialización a operadores privados. El incentivo es una nueva estructura tarifaria diseñada para reflejar «los costos reales» del servicio y generar «rendimientos razonables» para los inversores.
A decir verdad, si tuviéramos que pagar «los costos reales» del servicio actual, deberían indemnizarnos día tras día. Quizás la gente pase de no tener electricidad debido al estado de la red a no tenerla porque no puede pagar la factura.
Incluso en un país donde nos hemos acostumbrado a escuchar promesas extravagantes —desde millones de barriles de producción diaria de crudo hasta una prosperidad económica inminente—, el panorama eléctrico está lejos de ser alentador. Las estimaciones preliminares de expertos sugieren que una renovación integral para evitar apagones y modernizar la red a mediano y largo plazo podría costar hasta 40.000 millones de dólares.
¿Quizás Estados Unidos estaría dispuesto a «prestarnos» parte de nuestro propio dinero para hacerlo? Aun si lo hiciera, obviamente tendríamos que hacerlo a través de empresas estadounidenses, porque si hay algo que Washington sabe hacer es pagarse a sí mismo y quedarse con el vuelto.
El mejor ejemplo es el reciente acuerdo petrolero, «el más grande de la historia» según Trump. Según lo que se ha informado, Venezuela entregará 17 yacimientos petrolíferos de primera categoría —algunos productores de crudo extrapesado en la vasta Faja del Orinoco y otros de crudo ligero en el Lago de Maracaibo— a una empresa que parece sacada del guion de una película mediocre de Hollywood.
La empresa en cuestión es NABEP, propiedad de Alejandro Betancourt —quien merece una columna propia— y que ahora pasará a estar bajo el control del Pentágono. Estados Unidos tendrá acceso preferencial al petróleo producido, incluido un 20 % a precio de costo. El país más perjudicado del hemisferio entregando petróleo subsidiado a la superpotencia que lo mantuvo bajo un bloqueo feroz durante más de una década.
Lo cual nos lleva de nuevo al problema eléctrico. Desde el acuerdo petrolero hasta el estado de la red eléctrica, los propagandistas quieren hacernos creer que, una vez que Estados Unidos esté satisfecho y las empresas transnacionales y sus aliados locales ganen suficiente dinero, la situación mejorará para el pueblo venezolano. Ya hemos visto esa película antes y el desenlace es otro. Que el último en salir apague la luz.
Jessica Dos Santos es una profesora universitaria, periodista y escritora venezolana cuyo trabajo ha aparecido en medios como RT, la revista Épale CCS e Investig’Action. Es autora del libro «Caracas en Alpargatas» (2018). Ganó el Premio de Periodismo Aníbal Nazoa en 2014 y recibió menciones honoríficas en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2016 y 2018.
Las opiniones expresadas en este artículo son de la autora y no reflejan necesariamente las del equipo editorial de Venezuelanalysis.