El gobierno de Trump ha estado aplicando en Cuba su credo de que la fuerza tiene la razón. En su discurso en Naciones Unidas, el presidente Donald Trump apuntó a Cuba poco después de murmurar que podría “aniquilar a la república islámica (de Irán)” y enviar al pueblo iraní “al infierno sin posibilidad de sobrevivir”.
La intensificación de la política estadunidense de medidas de “presión extrema” para lograr el cambio de régimen en Cuba, en especial el bloqueo petrolero impuesto en enero, representa el ataque más severo de Estados Unidos desde que Fidel Castro marchó hacia La Habana, hace más de 60 años, aunque tiene pocas expectativas de un desenlace favorable a Washington.
Los pasos económicos, diplomáticos y militares estadunidenses para bloquear todo suministro de petróleo a la industria cubana de refinación y distribución –que permite sólo un pequeño embarque ruso y una variedad de pequeños envíos de productos terminados a clientes que pagan de contado– están causando una crisis humana de múltiples vías. El bloqueo abarca incluso los paneles solares, y los proveedores temerosos de las sanciones estadunidenses están reteniendo contenedores con alimentos, medicinas y otros artículos esenciales. Expertos legales afirman que estas medidas constituyen una violación del derecho internacional.
Los apagones duran 20 horas diarias y toda la red nacional ha colapsado seis veces de enero a la fecha. Numerosos reportes de prensa indican que los hogares carecen de agua porque las bombas no funcionan sin electricidad. Los pacientes que requieren atención hospitalaria están falleciendo y se estima que 100 mil personas no pueden recibir cirugías esenciales. Sin combustible para los camiones, la basura se apila en las esquinas de las ciudades, lo que incrementa la propagación de mosquitos portadores de una variedad de enfermedades, entre ellas chikunguña, dengue y zika. El sistema eléctrico es vulnerable desde hace mucho tiempo debido a anteriores medidas de embargo, como las prohibiciones de ventas de repuestos con 10 por ciento o más de contenido estadunidense, y también por inconsistentes políticas del gobierno. Pero las nuevas acciones de Washington han sido, con mucho, la causa decisiva de la crisis actual.
La premisa subyacente en la política estadunidense desde la década de 1960 es provocar un levantamiento popular que conduzca al derrumbe del gobierno. Los 60 a 70 millones de dólares que gasta Washington cada año en programas de información y otras operaciones sicológicas dirigidas a la isla, sobre todo por medio de las redes sociales, apuntan claramente a fomentar el descontento, y sin duda muchos cubanos culpan más a su gobierno que a Estados Unidos por la falta de reformas significativas en años recientes.
Sin embargo, el gobierno conserva fortalezas residuales que le han permitido resistir la presión estadunidense durante estos nueve meses. Las estoicas y a menudo creativas estrategias de supervivencia de la gente indican que, aunque desea un cambio que mejore las condiciones de vida, no quiere que sea un cambio dictado por Washington o Miami. El gobierno ha emprendido y comenzado a implementar significativas reformas económicas –a la velocidad de la luz, en comparación con el pasado– que dan al sector privado un nuevo y enorme espacio para operar, aceptan la inversión extranjera (incluso de expatriados) con muy pocas condiciones, y por fin comienzan a desmantelar empresas estatales ineficientes.
Funcionarios del gobierno advierten que no están adoptando el capitalismo, pero sus declaraciones reflejan creciente aceptación de los mecanismos del mercado, descentralización y compromiso de sacar a los burócratas del camino de los ciudadanos. Si bien señalan que Vietnam y China tenían condiciones drásticamente diferentes cuando adoptaron reformas económicas, en la década de 1980, no vacilan en indicar que avanzan con claridad hacia una economía mixta similar a la de esos países. La gente no sentirá alivio por un tiempo, pero el cambio está en el aire.
El gobierno estadunidense parece pensar que ganará esta carrera contra el tiempo, que Cuba “caerá” o “colapsará” antes de que se puedan sentir los beneficios de la reforma. Hace todo lo que puede por avivar el fuego en la isla, incluso mediante amenazas de intervención militar. Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, quieren hacer de Cuba un “Estado fallido”, pero no quieren enfrentar las consecuencias del desastre humano que su agresión está creando. En respuesta al deterioro de las condiciones, se estima que entre 1.5 y 2 millones de cubanos han emigrado en los cinco años recientes, sobre todo a España y América Latina. Pero esas opciones se están agotando, y sin duda Trump y Rubio no quieren que los cubanos suban a los botes y lleguen a las costas de Florida.
Aun si Estados Unidos lograra su sueño de provocar el “colapso del régimen”, la isla no caerá en su regazo como una fruta madura. Llevará décadas reparar el daño económico, infraestructural y social, y cualquier nuevo régimen enfrentará serios desafíos a su legitimidad como títere de Washington y batallará para mantener el orden. De hecho, probablemente la caída del gobierno beneficiaría a operadores disciplinados y ortodoxos, más que a ciudadanos deseosos de democracia pero carentes de experiencia. En este momento no existe un escenario agradable, pero el menos desagradable sería dejar que los cubanos, sin excluir expresamente al partido en el poder, decidan su propio destino. Los cubanos quieren el cambio, pero quieren que sea evolutivo.
*Fulton Armstrong fue oficial de inteligencia nacional para América Latina y director de asuntos interamericanos en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, ahora es académico en la American University. Philip Brenner es profesor emérito de relaciones internacionales e historia en la American University.
Fulton Armstrong y Philip Brenner*
Traducción: Jorge Anaya