Por Rafael Méndez
El dia que los sionistas entraron con todo en Venezuela. Aquí, en diálogo con Delcy Rodríguez.
En América Latina, esa mancuerna combina el poder estadounidense con la experiencia militar, tecnológica y de inteligencia israelí, apoyada en gobiernos ultraderechistas dispuestos a subordinar la soberanía de sus respectivas naciones.
La influencia israelí-estadounidense sobre América Latina ya no puede interpretarse como una suma dispersa de relaciones diplomáticas, acuerdos comerciales o intercambios tecnológicos, porque alrededor de esa asociación se consolida una red de intereses convergentes que enlaza los objetivos estratégicos de Washington con la expansión política, militar y económica de Israel, al tiempo que encuentra en las nuevas derechas continentales un terreno especialmente propicio para extender su poder.
No se trata necesariamente de una estructura sometida a un mando único, sino de actores estatales, grupos de presión, empresas privadas de inteligencia, organismos de cooperación y gobiernos ideológicamente afines que operan en distintos niveles. Sus actuaciones terminan confluyendo en una misma orientación geopolítica: fortalecer la presencia estadounidense e israelí, contener a las fuerzas progresistas y debilitar cualquier proyecto latinoamericano que reivindique soberanía, autodeterminación e independencia frente a los centros tradicionales de poder.
Ese entramado tiene uno de sus principales centros operativos en el Comité Americano de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC), organización estadounidense que presiona al Congreso y moviliza cuantiosos recursos mediante su comité político y el super-PAC United Democracy Project para respaldar candidatos alineados con Tel Aviv. Su intervención alcanza particularmente las primarias demócratas, donde combina financiamiento, propaganda negativa y campañas de descrédito contra aspirantes que cuestionan la política de Benjamín Netanyahu o condenan la guerra contra el pueblo palestino.
El senador Bernie Sanders viene denunciando que AIPAC utiliza millones de dólares para derrotar a candidatos progresistas dentro del Partido Demócrata y silenciar a quienes se oponen a la devastación de Gaza, razón por la cual lo ha situado entre los grandes intereses económicos que permiten a multimillonarios, corporaciones y comités políticos comprar influencia electoral. Esa denuncia forma parte de su lucha histórica contra un sistema de financiamiento que convierte el dinero privado en instrumento para condicionar la representación popular y secuestrar decisiones fundamentales de política exterior.
De la presión electoral a la guerra informativa
Los académicos estadounidenses John Mearsheimer y Stephen Walt, dos figuras sobresalientes de la escuela realista de las relaciones internacionales, explicaron que el lobby proisraelí constituye uno de los grupos de presión más eficaces dentro de Estados Unidos, con capacidad para condicionar decisiones de política exterior incluso cuando estas entran en contradicción con intereses más amplios de la propia sociedad estadounidense.
Los planteamientos de Mearsheimer y Walt han encontrado amplia receptividad entre sectores de la izquierda y del pensamiento crítico, aunque su importancia radica precisamente en que proceden de una corriente centrada en el interés nacional estadounidense. Su análisis evita cualquier interpretación conspirativa porque se sustenta en actuaciones públicas y verificables: AIPAC reconoce que respalda candidatos favorables a Israel y procura derrotar a quienes considera contrarios a esa alianza, mientras sus estructuras electorales movilizan enormes recursos para mantener al Congreso dentro de los límites políticos aceptados por Tel Aviv.
Las denuncias formuladas por el presidente Gustavo Petro colocan esa capacidad de intervención en el centro del reciente proceso electoral colombiano, al revelar la actuación de compañías israelíes de inteligencia y guerra informativa, entre ellas Black Cube, así como la utilización de cientos de miles de perfiles automatizados para propagar falsedades contra Iván Cepeda, erosionar su candidatura y manipular la conciencia del electorado en favor de Abelardo de la Espriella.
Petro también ha denunciado vulnerabilidades en los sistemas de escrutinio y conexiones entre empresas participantes en el proceso electoral colombiano y estructuras israelíes de inteligencia. Sus señalamientos no pueden reducirse a la inconformidad de un mandatario saliente, porque describen mecanismos de intervención conocidos internacionalmente, guardan coherencia con las capacidades operativas de las compañías involucradas y explican el alcance de una campaña diseñada para alterar la voluntad popular, por lo cual reclaman una investigación independiente que determine responsabilidades políticas, empresariales y penales.
Una derecha que ya prescinde del disimulo
La derecha continental tampoco procura ocultar la existencia de esa articulación, porque Donald Trump ha respaldado abiertamente candidaturas conservadoras, ha celebrado sus triunfos como victorias propias y ha presentado el retroceso de gobiernos progresistas como resultado de su influencia política. Honduras y Colombia ofrecen ejemplos recientes de un involucramiento que rompe las formalidades diplomáticas y transforma al presidente estadounidense en activista directo de procesos electorales latinoamericanos.
Alrededor de Trump, Javier Milei, Nayib Bukele y otros exponentes de las nuevas derechas se desarrolla una articulación política e ideológica contra todo cuanto identifican con izquierdismo, socialismo, progresismo o defensa de la soberanía nacional. Israel aporta tecnología, entrenamiento, inteligencia y una doctrina de seguridad que permite presentar la protesta social como amenaza interna, mientras convierte a los adversarios políticos en enemigos susceptibles de vigilancia, persecución o neutralización.
Israel complementa esa ofensiva mediante el patrocinio de visitas de periodistas, políticos, legisladores y formadores de opinión, cuyos viajes, alojamiento y recorridos son financiados por organismos gubernamentales o entidades proisraelíes. Presentadas como misiones informativas, esas invitaciones ofrecen una visión cuidadosamente administrada del conflicto, facilitan vínculos con funcionarios israelíes y procuran trasladar hacia los medios latinoamericanos una narrativa favorable a Tel Aviv, convirtiendo a influyentes comunicadores en reproductores de un relato geopolíticamente interesado.
Venezuela como puerta de penetración
La presencia israelí también vuelve a asomarse en Venezuela, donde la tragedia causada por los terremotos abrió espacio para el envío de una delegación técnica y humanitaria que, junto con sus labores de rescate y asistencia, procuró un acercamiento político con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Esa operación no puede examinarse ingenuamente como un gesto desvinculado de intereses estratégicos, porque Israel utilizó la conmoción, las necesidades materiales y la apertura inevitable producida por la catástrofe para penetrar en un país con el cual permanecía diplomáticamente distanciado.
Ese movimiento adquiere particular relevancia porque Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel durante el Gobierno de Hugo Chávez, en rechazo a la operación militar contra Gaza, y posteriormente profundizó sus vínculos con Irán. La presencia israelí entre los escombros venezolanos forma parte de una estrategia orientada a recuperar espacios, debilitar alianzas históricas y aprovechar una tragedia nacional como vehículo de reposicionamiento político, diplomático y operativo.
La expansión no se limita a Colombia, Argentina y Venezuela, pues Paraguay, Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica han profundizado en diferentes grados sus relaciones con Israel mediante acuerdos comerciales, cooperación policial, tecnología agrícola, sistemas de inteligencia y proyectos de gestión del agua. Al mismo tiempo, sectores políticos y religiosos presionan por el traslado de embajadas a Jerusalén, con lo cual convierten una decisión diplomática en instrumento de adhesión ideológica y subordinación geopolítica.
América Latina enfrenta, por tanto, una ofensiva que combina el poder global de Estados Unidos, la experiencia tecnológica y de inteligencia de Israel y la disposición de las nuevas derechas a entregar espacios de soberanía. Defender la región exige transparentar el financiamiento electoral, investigar la contratación de empresas extranjeras de espionaje y guerra informativa, fiscalizar la cooperación en materia de seguridad y comprender que, detrás de cada aparente gesto aislado, puede avanzar una estrategia dirigida a vigilar gobiernos, manipular elecciones, controlar el debate público y neutralizar todo proyecto auténticamente independiente.