Más de 5 mil 200 personas han fallecido en el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, y cerca de 17 mil resultaron heridas, según los últimos informes del Gobierno. Los miles de sobrevivientes se enfrentan ahora a una crisis sanitaria, y 17 mil 800 personas se han quedado sin hogar.
Hay relatos desgarradores de personas tratando de sacar a los sobrevivientes de los escombros con las manos, y de decenas de niños sufriendo amputaciones porque no se les pudo rescatar a tiempo.
En un momento como este, los venezolanos y la comunidad internacional no deberían tener que luchar para poner fin a las sanciones que han destruido la economía del país y que obstaculizan su recuperación, ni para que Venezuela tenga acceso a los miles de millones de dólares en activos que le pertenecen. Pero nosotros sí, porque el papel de las sanciones y los activos congelados ha recibido muy poca atención del público.
De 2012 a 2020, Venezuela sufrió lo que probablemente sea la contracción económica más grave durante una depresión que ocurrió sin que hubiera una guerra. Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran una caída del 74 por ciento de su PIB durante ese periodo. Esto supone una pérdida de ingresos aproximadamente tres veces mayor que la que sufrió la población aquí en Estados Unidos durante la Gran Depresión de la década de 1930.
Esto no fue un desastre natural como el terremoto, sino uno provocado por el hombre. Datos del FMI muestran que el 88 por ciento de esta pérdida se produjo a raíz de las sanciones económicas de Estados Unidos, que comenzaron en 2015. La destrucción se aceleró con las sanciones de Trump a partir de 2017, que aislaron al país de la mayor parte del financiamiento internacional y, posteriormente, de casi la totalidad de sus ingresos en divisas. Estos golpes habrían sometido a casi cualquier país a una grave crisis, y eso es exactamente lo que ocurrió, dejando claro al mundo cómo las sanciones pueden verdaderamente destruir una economía.
Como resultado, Venezuela ya se enfrentaba a una crisis humanitaria antes de que se produjeran los terremotos. Según datos de la Comisión Europea, antes de junio de 2026 habían 7.9 millones de personas (de una población de 28.5 millones) en necesidad de ayuda humanitaria. El 40 por ciento de los venezolanos se enfrentaba a una inseguridad alimentaria de moderada a grave, y alrededor del 56 por ciento de la población vivía en situación de pobreza extrema. El 86 por ciento dependía de fuentes de agua contaminadas.
Casi la mitad de los médicos de Venezuela, así como muchos profesionales sanitarios y otros trabajadores cualificados — entre ellos 200 mil docentes — abandonaron el país a medida que la economía se derrumbaba.
Un estudio del que fui coautor con Francisco Rodríguez y Silvio Rendón, cuyos resultados fueron publicados el pasado mes de julio en The Lancet Global Health, estimó que sanciones unilaterales amplias como estas — la gran mayoría impuestas por Estados Unidos — provocan 564 mil muertes adicionales al año. Esta cifra es comparable al número de vidas perdidas a nivel mundial a consecuencia de los conflictos armados. Se calcula que la mayoría de estas muertes corresponden a niños menores de 5 años.
La tasa de mortalidad entre los venezolanos aumentó a lo largo de la crisis económica que sufrió Venezuela, con más de 100 mil muertes adicionales durante los años (2015-2020) en que el colapso económico coincidió con las sanciones.
Venezuela cuenta con recursos esenciales a los que no se le permite acceder. Estados Unidos y Europa están impidiendo que el país disponga de más de 11 mil millones de dólares que, legalmente, debería tener derecho Venezuela. Unos 4 mil millones de dólares se encuentran en el Banco de Inglaterra; fueron congelados allí procedentes del Banco Central de Venezuela como parte de un intento de cambio de régimen liderado por Estados Unidos en 2019. Por supuesto, el Reino Unido no tiene derecho a incautar y retener estos activos que pertenecen a Venezuela.
Hay alrededor de 4.5 mil millones de dólares en el FMI en forma de activos internacionales (denominados Derechos Especiales de Giro), parte correspondiente a Venezuela de una asignación realizada a los países miembros en 2021. El acceso a estos fondos fue bloqueado como parte de las presiones para provocar un cambio de régimen, pero Estados Unidos derrocó al presidente de Venezuela en enero y desde entonces, ha reconocido al actual gobierno de Venezuela. El FMI hizo lo mismo. Sin embargo, no está claro qué parte de estos activos podrá utilizar Caracas, ni cuándo. Los venezolanos necesitan este dinero — y también el oro que retiene el Reino Unido — ahora mismo para salvar vidas, evitar la propagación de enfermedades y reconstruir el país.
La administración Trump mantiene retenidos miles de millones de dólares más, a pesar de un decreto ejecutivo que establece que estos fondos “constituyen propiedad del Gobierno de Venezuela”. Se trata de ingresos en efectivo procedentes de la venta del petróleo venezolano, cuyo control ha asumido la Administración Trump.
Las Naciones Unidas estima ahora que la reconstrucción de Venezuela tras el terremoto costará unos 37 mil millones de dólares, lo que supone una suma enorme para este país, el 33 por ciento de su PIB actual. Economistas y otros expertos han hecho un llamado para el levantamiento de las “sanciones económicas y financieras vigentes, la congelación de activos” y, mediante una condonación de la deuda, se elimine “la onerosa carga de la deuda” que pesa sobre Venezuela.
Es necesario poner fin a las sanciones económicas. El Tesoro de EU ha concedido una licencia por cuatro meses para permitir la ayuda humanitaria tras el terremoto, pero eso no es suficiente. El Banco Central en Caracas sigue sometido a sanciones y estas seguirán interfiriendo en la recuperación tras el terremoto.
También está bien documentado que se pueden impedir importantes transacciones financieras e incluso las labores de ayuda humanitaria debido a lo que se denomina “exceso de cumplimento”. Los bancos, las instituciones financieras y otras empresas evitan realizar transacciones debido al riesgo real y percibido que suponen las sanciones, incluida la ambigüedad de los decretos ejecutivos estadounidenses que las autorizan.
La medida más importante para salvar vidas en el futuro inmediato de la Venezuela post-terremoto será lograr que los principales actores mundiales — Estados Unidos junto con sus aliados europeos — dejen de bloquear el acceso a los miles de millones de dólares en activos de Venezuela. Además, que dejen de causar más daños y pérdidas de vidas humanas mediante sanciones económicas.
Así es como funcionan realmente estas sanciones. Tienen como blanco a la población civil y la castigan con el fin de alcanzar un objetivo político. Lo que antes era una medida poco habitual, se ha convertido en una “herramienta de primer recurso”, según el Tesoro de EU, probablemente porque las muertes que provocan pasan en su mayoría desapercibidas.
No obstante, cada año son más las personas, incluidos miembros del Congreso, que reconocen la violencia económica, el castigo colectivo y las consecuencias letales humanas de estas sanciones, y que están oponiéndose a ellas.
Esta misma semana, catorce miembros del Congreso enviaron una carta a la Administración Trump en la que exigen “levantar estas restricciones injustificadas y contraproducentes” para permitir que Venezuela se reconstruya sin obstáculos.
A medida que se conozca más ampliamente la ilegalidad y el costo humano de estas sanciones, el gobierno de EU se verá cada vez más obligado a abandonarlas.