Nicolás Mwang / BT News
La fecha límite del 30 de junio, fijada por grupos antiinmigrantes para que los inmigrantes indocumentados abandonen Sudáfrica, ha aumentado los temores de disturbios, a medida que se intensifican la retórica y la movilización antiinmigrantes.
El plazo del 30 de junio fijado por grupos antiinmigrantes para que los inmigrantes indocumentados abandonaran el país en Sudáfrica transcurrió bajo un fuerte despliegue policial, con negocios cerrados y una gran ansiedad. El temor a una violencia a gran escala provocó un aumento de la seguridad en varias provincias. Algunas manifestaciones transcurrieron pacíficamente, mientras que en otras zonas, como KwaZulu-Natal y Cabo Occidental, se registraron saqueos, ataques aislados y detenciones.
Se trata del último episodio de un movimiento en auge que ha cobrado fuerza a lo largo de 2026, con grupos antiinmigrantes organizando marchas, bloqueando el acceso a instituciones públicas y exigiendo la expulsión de los inmigrantes indocumentados. El movimiento ya ha anunciado que las protestas continuarán todos los jueves.
Sudáfrica sigue lidiando con una de las tasas de desempleo más altas del mundo, especialmente entre los jóvenes, además de una desigualdad persistente, el aumento del costo de vida, el deterioro de los servicios públicos y un lento crecimiento económico. Estas condiciones han creado un terreno fértil para discursos que presentan a los migrantes como competidores por los escasos empleos, la vivienda, la atención médica y los servicios sociales.
A lo largo del año, activistas antiinmigrantes han bloqueado o intentado bloquear hospitales y escuelas, exigiendo que los sudafricanos reciban atención prioritaria. Otros han detenido a personas en comunidades, pidiéndoles que presenten documentos de identidad, acciones que el gobierno sudafricano ha declarado ilegales en repetidas ocasiones, insistiendo en que la aplicación de la ley en materia de inmigración sigue siendo responsabilidad de las agencias estatales y no de los ciudadanos.
Para muchos, las protestas se basan en la creencia genuina de que la migración irregular ha empeorado el desempleo, la delincuencia y la dependencia de las ayudas estatales. Sin embargo, existe un gran debate sobre si estas percepciones están respaldadas por pruebas.