De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), en sólo un año se han reportado más de 7 mil millones de dólares en actividad sospechosa relacionada con el contrabando de combustibles hacia México –también conocido como huachicol fiscal– por parte de cárteles de la droga. Dicha agencia del Departamento del Tesoro estadunidense aseguró que los cárteles utilizan cada vez más estas ganancias ilícitas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, “con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a defender a estas organizaciones y sus intereses en el país, incluyendo su control del comercio ilícito entre Estados Unidos y México”.
Como otros señalamientos en torno a las actividades criminales y la corrupción en México realizados por Washington, las afirmaciones de FinCEN fueron divulgadas sin especificar quiénes, cuándo y cómo se habrían beneficiado del financiamiento ilícito, y sin presentar prueba alguna que sustente acusaciones de tan manifiesta gravedad, como lo señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina. Una omisión semejante sólo puede explicarse de dos maneras: los nombres de los políticos y los medios de comunicación comprados por los cárteles se callan porque entre ellos se encuentran los sectores entreguistas aliados de la Casa Blanca, o porque no existe evidencia alguna que sustente sus afirmaciones.
La propagación de bulos para desestabilizar gobiernos extranjeros y avanzar su agenda injerencista es común a todas las administraciones estadunidenses, pero bajo el trumpismo resulta particularmente cínica por ejecutarla los subordinados del presidente más corrupto en la historia de ese país. Apenas el fin de semana, el Departamento de Justicia cerró una investigación penal contra Abbott Laboratories, pese a que los fiscales estaban convencidos de disponer de suficientes elementos para procesar a la empresa por distribuir leche de fórmula para bebés contaminada con bacterias que provocaron muertes infantiles. Abbott donó medio millón de dólares para la fiesta de inauguración de la segunda presidencia de Trump. Ayer, el magnate estrenó el avión de 400 millones de dólares que le regaló Qatar y que estará en uso por apenas dos años, pues al final de su mandato piensa transferirlo a su “biblioteca presidencial”. Como los casos de corrupción del trumpismo son imposibles de reseñar de manera individual, basta con indicar que sólo en sus primeros siete meses de vuelta a la Casa Blanca aumentó su fortuna en 3 mil millones de dólares, de los cuales al menos mil 400 millones pueden atribuirse al uso directo de su cargo para el enriquecimiento personal y familiar.
Más allá de la actual administración republicana, Estados Unidos es quizá el país menos autorizado para señalar flujos de dinero sucio a campañas políticas. Desde hace medio siglo, sucesivas sentencias de la Suprema Corte han destruido todos los controles sobre el financiamiento electoral, de tal modo que hoy día la normalidad estadunidense sería considerada corrupción en el resto del mundo. En 1976, el máximo tribunal equiparó al dinero con una opinión y determinó que limitar el gasto en campañas viola la libertad de expresión.
Desde entonces, no hay límite alguno al gasto independiente ni al dinero que un candidato puede gastar de su propio bolsillo. El martes pasado, eliminó también los límites sobre la cantidad que los partidos políticos pueden gastar en publicidad y otros conceptos en coordinación con los candidatos. Entre una y otra sentencia, la Suprema Corte permitió también donaciones ilimitadas por parte de individuos y el uso de recursos donados para que los candidatos se paguen a sí mismos todo el dinero de su bolsillo que hayan destinado a la campaña. Es decir, un aspirante puede comprarse el cargo con su propio dinero y luego recaudar fondos de los interesados en ser “amigos” de un senador, gobernador… o presidente. Además, cualquier organización con registro sin fines de lucro puede gastar sin límites en las elecciones sin revelar la identidad de sus donantes. En efecto, esto significa que en Estados Unidos los cárteles –mexicanos o de cualquier otro origen– tienen las puertas abiertas para financiar legalmente a un político y nadie puede preguntar de dónde salió el dinero.
En suma, los “hallazgos” del Departamento del Tesoro dicen mucho acerca del afán estadunidense por minar la soberanía mexicana y descarrilar el proyecto de nación progresista vigente desde 2018, y muy poco acerca de la situación interna de México, por muchos y complejos que sean los problemas aquí. Si Washington desea dar alguna credibilidad a sus insidias, debe acompañar los señalamientos con pruebas y, sobre todo, limpiar su propia casa antes de hablar de la ajena.
EDITORIAL DE LA JORNADA